Hubo coincidencias entre los tres letrados

[su_note note_color=»#cdcdcd»]“El ex jefe de Tránsito municipal tuvo un a actitud incorrecta”, aseguró Di Falco[/su_note]Los cuatro integrantes del Jurado de Enjuiciamiento que votaron por la absolución de la jueza de Faltas María Marta Guimaráes consideraron varios puntos. A saber: que la magistrada tenía plena facultades para liberar los vehículos, que en todo caso si hubo falta no fue lo suficientemente grave como para destituirla, que actuó conforme a derecho y que la entrega verbal de un vehículo es costumbre, entre otras consideraciones.

Pero además, Ana María Irrazábal, Luis Di Falco, Raúl Biazzi y Gustavo Ochoa apuntaron a las irregularidades en el manejo de la Dirección de Treánsito. Di Falco fue el más específico en ese sentido. «La decisión de secuestrar un vehículo no puede quedar a criterio de un inspector de tránsito que como surge de sus propias declaraciones en esta audiencia se capacitó en un curso de tres días», sostuvo y añadió: «surge de la audiencia y de sus propias declaraciones que el ex jefe de Tránsito municipal (Miguel Acuña) tuvo una actitud y comportamiento absolutamente incorrecto como el hecho de guardarse las actuaciones y actas bajo llaves».

Ochoa por su parte, dijo que «no se puede achacra sin más, las fallas del sistema, que han quedado evidenciadas en este proceso, a los jueces de faltas. Se pudo comprobar una carencia absoluta de capacitación del personal de tránsito, como también se ha hecho evidente la precariedad de las instalaciones delk corralón municipal (…)».

Por el contrario, los tres que votaron en contra de la jueza (José Grazón Maceda, Jorge Bistoletti y Juan Alberto Galarza) calificaron de irregular el accionar de la misma y le dieron total credibilidad a las palabras de los testigos ofrecidos por la fiscalía.

«Si no hacemos lugar a la denuncia presentada, en nuestra sociedad quedará la sensación que está bien que se falle con favoritismo hacia los poderosos», dijo Galarza en su fallo.

Bistoletti fue más escueto y dijo que según su entendimiento, la jueza discriminó y actuó de manera poco común ante el caso por tratarse de Alfredo Abrazián. Prácticamente el mismo criterio fue manejado por Garzón Maceda, quien aseguró que «estaríamos en presencia de inequidad en la administración de justicia».

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