Plantean que el Estado intervenga para establecer con los bancos condiciones de negociación similares a las que planteó la Nación a sus acreedores externos. Presentaron un proyecto en el Congreso Nacional
[su_note note_color=»#cdcdcd»]Queremos renegociar las deudas con los bancos con el respaldo del Estado, pedimos una quita del 75 por ciento, tal cual lo que ofrecido por Argentina a sus acreedores externos[/su_note]Son los grandes perdedores de la devaluación, muchos de ellos vienen arrastrando reajustes en sus deudas desde la caída del plan Austral y otros pagaron muy caro su confianza en la estabilidad del uno a uno. Se trata de los deudores hipotecarios que ayer celebraron una asamblea nacional en Posadas, buscan apoyo para poder regularizar su situación pagando lo que deben y no lo que los bancos les quieren cobrar.
El presidente de la Asociación Civil de Deudores Hipotecarios de la provincia, Sergio Bustos, indicó que en Misiones hay más de 5.000 deudores con vivienda única y familiar y más de 12 mil con cédulas hipotecarias rurales y denunció que «se están ejecutando propiedades por deudas», y aseguró que el Banco Nación está cumpliendo con su promesa de frenar los remates.
Por su parte, Andrés Zadorozne, dirigente de la Asociación de Productores Agrarios de la Zona Sur (Apasur), dijo que «nunca se detuvieron los remates del Banco Nación» a propiedades rurales y consideró que la refinanciación que sacó esta entidad bancaria para los deudores del campo «va a ser imposible de pagar» y agregó que pese a las numerosas reuniones mantenidas con los directivos del banco «no hay en vista ninguna solución».
Durante el encuentro, que se realizó en la sede de la Cámara de Comercio de Posadas, y del que participaron organizaciones de deudores de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Chaco y Corrientes, entre otras, la asociación misionera planteó su propuesta que fue presentada a través de un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la Nación. «Queremos renegociar las deudas con los bancos con el respaldo del Estado, pedimos una quita del 75 por ciento, tal cual lo que ofrecido por Argentina a sus acreedores externos», explicó Bustos, quien razonó que «si la macro economía necesitó un descuento del 75 por ciento, nosotros que somos la microeconomía y que en definitiva formamos la macroeconomía pedimos un descuento similar».
Otro de los aspectos que considera el proyecto presentado por la organización que lidera Bustos, en conjunto con la asociación de deudores de Corrientes, es el monto de las cuotas a pagar, en ese sentido la propuesta plantea que el valor de cada uno de los pagos no deberìa superar el 15 por ciento del salario de deudor. Bustos explica que esto también se justifica en las políticas que aplica el Estado Nacional cuando sufre algún embargo y se basa en el mismo principio que enuncia la Nación ante sus acreedores cuando plantea que no se puede pagar más allá de la capacidad productiva del deudor
En busca del respaldo político para generar los cambios
Además de coordinar acciones entre las distintas organizaciones de deudores hipotecarios del país, el encuentro de ayer tuvo el objetivo de trasladar al poder político las inquietudes, necesidades y reclamos de este amplio sector de la comunidad.
Con esta idea, concurrieron a la reunión los diputados nacionales misioneros Héctor Damiani, Diego Sartori y Celia Isla de Saraceni, quienes se comprometieron a trasladar los planteos a la totalidad de los integrantes de la Cámara Baja y procurar el respaldo político necesario para llegar a una solución viable.
«Es justo que la gente pague lo que debe y no lo que le quieren cobrar. La salida de la convertibilidad a beneficiado a algunos y perjudicado a tantos otros, es responsabilidad del Estado equilibrar las pérdidas sufridas en la crisis», expuso Damiani.
El radical consideró que los planteos tiene respaldo ya que «cuando uno mira los números encuentra casos en los que ya se ha pagado toda la deuda -capital más intereses-, incluso en dólares, pero se continúa debiendo. Es un espiral interminable, algunos casos rozan la usura. Muchos bancos liquidan las deudas volviendo a imponer intereses sobre los intereses ya vencidos, lo que está prohibido generalmente», explicó.
Por su parte el justicialista Diego Sartori destacó que el problema requiere de una política de Estado y se comprometió a trabajar en conjunto para modificar la ley vigente. «Hay personas que ya han pagado lo que correspondería e incluso más, la cuestión merece la intervención del Estado», dijo.
