Así lo aseguró la ex jueza del Civil y Comercial N° 1 de Oberá, Aída Araujo Vázquez de Moreira. Ahora espera que una Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga la presentación de su caso en la Corte. [su_note note_color=»#cdcdcd»]La doctora Vázquez había sido denunciada públicamente a través de un programa periodístico por irregularidades en la tramitación de adopciones y ello derivo en un jury en su contra. [/su_note]Segundos después que un Jurado de Enjuiciamiento decidió destituirla de su cargo de juez, Aída Araujo Vázquez de Moreira le juró a uno de sus abogados que iba a llegar «hasta las últimas instancias». Casi cinco años pasó de aquel momento, y ahora la ex jueza del Civil y Comercial Nº 1 de Oberá está a un paso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analice su caso.
Actualmente el expediente está siendo estudiado por la Comisión Interamericana, paso previo para poder demandar al Estado nacional frente a la Corte. La ex jueza es representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que decidió tomar su caso después de determinar que sus derechos a la defensa fueron violados.
«En caso que la Corte Interamericana decida favorablemente mí petición, el Estado argentino tiene que acatar», afirmó con la misma seguridad con la que sentenciaba y entregaba adopciones supuestamente ilegales mientras era jueza. La Corte internacional puede ordenar restituirla en su cargo o simplemente indemnizarla.
La doctora Vázquez había sido denunciada públicamente a través de un programa periodístico por irregularidades en la tramitación de adopciones y ello derivo en un jury en su contra.
Después de mantenerse en el ostracismo mediático durante los últimos, la ex jueza decidió conceder una entrevista a Radio A. «El CELS realizó un estudio y encontró que en mi caso hubo violación a mis derechos. Y ahora el expediente ingresó en la Comisión Interamericana para su estudio», comentó con cierto entusiasmo.
«En el proceso violaron mis derechos a la defensa. Porque a mí me destituyen por aplicarme retroactivamente una ley. En definitiva, como no encontraron absolutamente ninguna irregularidad en los procesos de adopción que se llevaron a cabo en mi juzgado. Lo que ustedes llaman adopciones irregulares, no existió ni una sola adopción irregular. Entonces, el Jurado de Enjuiciamiento como no encuentra causales directamente dice que no aplique la acordada número 92 del año 2000. Pero resulta ser que esa acordada era imposible que la aplicara, porque no existía al momento de los hechos de los que a mi se me juzgaba», elucubró.
Por culpa del cartero
La ex magistrada intentó dejar claro que su destitución fue pura y exclusivamente por los dichos de un programa periodístico, y no por el procedimiento de las adopciones. No hay denuncia civil, ni penal en su contra por contrabando de bebes o como integrante de una asociación ilícita que se dedicara a ello.
Según Vázquez, el jury en su contra fue «porque un medio de la Nación acudió a decir que yo traficaba o procedía a la venta de niños. Y todo el argumento en el cual se alzaba el andamiaje de esa denuncia apuntaba al número de causas que había en Oberá».
En su defensa, sostuvo que lo que los motivos que llevaron al programa periodístico hacer la investigación «son absurdos, porque la persona que va a traficar no va a ir a un juzgado porque no necesita de un juez. La persona que trafica inscribe el nombre a nombre de él y se lleva al chico, entonces jamás va a pasar por un tribunal. A Telenoche Investiga le horrorizaba que existan 300 o 400 causas durante los tres años, mientras que en la Capital había 15 o 20. Lo que habría que preguntarse es cuál de las dos aportaba más chicos al tráfico, y sin duda quien más aportaba era Capital Federal porque en Misiones se judicializaba los casos».
No le consta
Nunca existió tráfico de bebes en las causas que se tramitaban en el juzgado que estaba a cargo de Vázquez, o al menos es lo que ella asegura. Sin embargo, no descartó que en el caso de los médicos pudiera haber existido.
Pero aclaró que «la asistencia que recibían las madres biológicas no es un comercio». Justamente, uno de los puntos en los que la investigación periodística había puesto en relieve era la estructura que se había montado en Oberá para que las adopciones supuestamente irregulares se concreten en un aceleradísimo y aceitado tiempo record.
«Con respecto a la asistencia que recibían las madres, esa es una cuestión que es absolutamente legal. Que las madres sean asistidas, que las lleven al médico, que le paguen las vitaminas que le tienen que dar durante el embarazo, eso se llama asistencia», destacó.
A contra pelo de las estadísticas difundidas por diferentes organismos no gubernamentales, Vázquez rechazó que en los casos de adopción exista comercio. «Puede existir asistencia pero eso está permitido por los fallos internacionales».
Tal como dicta la lógica «una mujer que va a entregar a su hijo no decide la entrega justo el día que nace, lo decide con mucha anterioridad mientras está embarazada. Y acude a pedir ayuda al adoptante», algo que se pudo comprobar en las cámaras de Telenoche Investiga.
Durante la entrevista que la ex magistrada brindó a Radio A, se le consultó sobre el pago que recibían las madres que decidían entregar a sus hijos recién nacidos. «Eso a mi no me consta. Cuando la madre se va al juzgado a explicar las razones por las que entrega al bebe, no va a decir que porque le dieron plata», fue la respuesta. Casi esperada.
