CUCAIMIS consideró imposible el tráfico de órganos en el país. Una ONG reclama educación y fondos para las obras sociales. En la Legislatura provincial consideran a la ley una intromisión de Estado. [su_note note_color=»#cdcdcd»]En algunos sectores, el proyecto de ley reaviva el temor de las operaciones clandestinas[/su_note]El proyecto que consagra la donación presunta de órganos para toda persona que no hubiere manifestado en vida su voluntad en sentido contrario ya obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Y el debate salió del recinto de los legisladores nacionales para instalarse también en las esferas provinciales.
En el caso de Misiones las opiniones están divididas. Mientras el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (CUCAIMIS) y la Asociación Esperanza de Vida apoyan esta iniciativa, en la Legislatura provincial las voces están enfrentadas.
El proyecto que responde a una modificación de la Ley de Trasplante 24.193 es impulsado por el ministro de Salud y Ambiente, Ginés González García. Por un lado, gravita la necesidad del Estado de posibilitar la más rápida atención a quienes aguardan un trasplante. No obstante, esta ley de carácter compulsivo reaviva el temor que tiene un sector de la sociedad a que termine siendo estímulo al tráfico de órganos.
José Gaspar Argüello, titular del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (CUCAIMIS) sostuvo que el «donante presunto» mejorará la procuración de órganos y dará respuestas a la población en espera.
Respecto del tráfico de órganos u operaciones clandestinas en el país, el médico explicó que desde el punto de vista técnico es casi imposible hacer este tipo de operaciones en la clandestinidad, porque involucra por lo menos a 50 profesionales. «En Argentina no hay denuncias sobre estas prácticas y es casi imposible que sucedan», aclaró.
La Legislatura provincial
El debate sobre la donación de órganos desde hace tiempo está incluido en la agenda de los representantes pero hasta tanto el Senado apruebe la modificación de la ley que actualmente rige, no es posible definir los lineamientos provinciales.
«Esta Cámara debe expedirse para fijar la postura de los misioneros, en tanto personalmente, estoy a favor del donante presunto. No a cualquiera le sacarán los órganos, tiene que haber un consentimiento de un familiar directo, un diagnóstico médico de muerte cerebral», señaló el presidente de la comisión de Salud, Edmundo Soria Vieta. Desde el año pasado dos proyectos de ley -uno a favor y otro en contra del donante presunto- están en tratamiento en esa comisión.
Si bien el diputado Pablo Hulet (FR) se pronunció de forma favorable con la donación de órganos, en un proyecto de su autoría dejó entrever su preocupación por el tema en cuestión. «La modificación de la Ley 24.193 sería una peligrosa intromisión del Estado en la vida de las personas, ya que pasaríamos a ser donantes sin la previa y necesaria información a la que cada individuo tiene derecho», sostiene. Según el legislador, el sistema de donación se caracteriza por lo voluntario y solidario del acto, lo que contrapone a la figura del consentimiento presunto. Por ese motivo, solicitó ampliar la información ya que no se ha discutido extensamente.
Por su parte, los diputados de la UCR, Orlando Schuster y Norberto Hein respaldaron la alternativa nacional, dado que independientemente a lo que se decida en vida, la decisión final sobre el cuerpo la tiene la familia. Aunque los legisladores impulsan proyectos disímiles ambos respaldan su postura en la premisa de que el «trasplante salva vidas». En el país 5.724 pacientes están en lista de espera de órganos.
Alcances de la ley
El artículo 19 en el que reside la principal modificación de la la Ley 24.193, establece que aún si el vínculo familiar no determina su consentimiento a la extracción de los órganos, la decisión final dependerá de la justicia.
La ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz, mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en la que se hubiese manifestado.
El vínculo familiar o la representación que se invoque será acreditado, a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que tendrá carácter de instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las 48 horas la documentación respectiva.
En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se dará intervención al Ministerio Pupilar quien podrá autorizar la ablación. El sistema que se intenta aplicar en Argentina -con una tasa de 11 donantes por millón de habitante- ha dado importantes resultados en otros países. En España las donaciones de órganos alcanzaron récords «históricos» durante 2004, con una tasa de 34,6 donantes por cada millón de habitante, el más elevado del mundo. En Misiones es de 6 por millón de habitantes.
Una vez sancionada la ley de consentimiento presunto el sistema de donación se invertirá. Aquellos que no deseen donar los órganos deberán dejar expresa constancia en un registro especial y los que no, pasarán a ser presuntos donantes.
Hugo Maciel, presidente de la Asociación Esperanza de Vida que promueve la donación de órganos en la provincia, se refirió a la importancia del diálogo en la familia y la necesidad de agilizar la operatividad en el proceso de ablación y trasplantes.
«El espíritu de la Ley quiere promover el debate y que se dialogue en la familia, y no pensar que el cuerpo va a depender del Estado, también establece la posibilidad de testimoniar antes de que se produzca, inclusive se debe identificar a la persona fallecida y en las seis horas se debe ubicar a los familiares, en caso de no encontrarse será el juez quien tendrá la decisión final; están los resguardos legales. Ésta es una ley por la vida», indicó Maciel.
«Lo que la gente tiene que tener en cuenta es que quienes no quieran donar tienen que acercarse a expresar el no. No va a ser fácil porque no habrá voluntad de armar mesas en las esquinas para que me vengan a decir que no, porque el voluntarismo se da en la solidaridad de la persona», acotó el titular de la ONG.
Además señaló que la legislación debe venir acompañada de normas como un seguro para trasplantes y la incorporación de materias sobre ablación y trasplantes en la currícula escolar.
«En el caso de que comiencen a haber más donaciones y trasplantes en forma seriada, si a las obras sociales no se les ayuda con un fondo especial van a quebrar, es cierto que no pagan el trasplante como cirugía pero sí se hacen cargo del pre y post trasplante. El costo de un tratamiento varía según el tipo de implante pero la medicación consume entre 2.500 pesos de inmunosupresores por cada trasplantado», dijo.
En cuanto a la tarea educativa subrayó que debe comenzar una tarea de información para darle credibilidad a la ley.
No le realizaron diálisis porque tenía Hepatitis B
