Sostiene que se debe conocer la verdad sobre el endeudamiento y la forma en que se tomaron los créditos. Anoche la Legislatura aprobó la creación de una comisión para investigar el endeudamientos
Después de largo tiempo. La Cámara aprobó anoche la comisión para investigar la deuda, pero el PJ resistió.
El Gobierno pidió al Poder Judicial que investigue de oficio la legitimidad de la deuda pública provincial para determinar la responsabilidad de ex funcionarios en supuestas irregularidades detectadas. Paralelamente, la Legislatura avanzó en la creación de una comisión para investigar la deuda pública pese a la resistencia del peronismo.
Fue el director de Rentas Generales, Miguel Arturo Thomas, quien reclamó que la Justicia investigue. El funcionario recaudador viene bregando para conocer los datos de la deuda desde hace largo tiempo. En una entrevista concedida a Radio A, dijo que «por la gravedad y la magnitud que representa la deuda pública provincial para el conjunto de los misioneros la justicia podría actuar de oficio«.
Además, deslizó que a ese poder también le cabe «una cuota de responsabilidad» y advirtió que no necesariamente debe existir algún tipo de denuncia.
«Algún fiscal debe tomar todas estas situaciones que se están planteando en la sociedad y la necesidad de la verdad que se tiene», afirmó.
Paralelamente, anoche la Legislatura provincial aprobó la creación de una comisión para investigar la legitimidad de la deuda desde 1983 a esta parte.
Después de largo debate, el justicialismo volvió a perder una batalla legislativa, ya que la UCR y el Frente Renovador fueron los más interesados en avanzar con la investigación y lograron la mayoría en el recinto: el radicalismo porque pretendía investigar desde 1983, como siempre propuso y el oficialismo para revelar los datos de la etapa de mayor endeudamiento, durante la década pasada cuando gobernaba el actual senador Ramón Puerta, líder del PJ. Llegar a la votación en el recinto fue complicado: en la tarde se reunieron las comisiones y hubo un dictamen por mayoría y otro por minoría.
El peronismo quería una comisión de diez miembros -tres del PJ, tres renovadores, dos radicales y el resto de los bloques minoritarios que responden al peronismo-. De esa manera, se garantizaba una mayoría «ficticia» y podría dejar sin quórum a la comisión y trabar su avance.
Finalmente, radicales y renovadores acordaron un dictamen en minoría con tres renovadores, tres del PJ, dos radicales y un integrante de los partidos chicos. «El peronismo no quiere investigar la deuda pública», acusó el radical René Schmitz.
La comisión tendrá 120 días para trabajar, podrá citar a ex funcionarios y elevará sus conclusiones a la Justicia para que se abran eventuales investigaciones.
La deuda
La deuda pública provincial alcanzó durante la década pasada, cuando gobernaba el ahora senador Ramón Puerta, los 1.155,6 millones de dólares, después de haber arrancado en 1991, cuando el ahora diputado nacional Julio Humada dejó el gobierno, con apenas 14,8 millones de dólares.
Si bien desde 1999 no se tomaron nuevos préstamos, la deuda se «pesificó» a partir de inicios de 2002, por lo que en 2003 el monto de la deuda, pesificado, era de 2.283,4 millones de pesos.
En el período de mayor endeudamiento (entre 1991 y 1999) se pagaron 91 millones de pesos de intereses de deuda, mientras que entre 1999 y 2002, pese a que no se generaron nuevas deudas, se pagaron 320 millones de pesos / dólares. Por primera vez, ayer, la provincia pagó vencimientos de capital y no sólo intereses.
Los adicionales
La Cámara de Diputados insistió anoche en aumentar los adicionales que perciben los empleados judiciales, pese a la negativa del Poder Ejecutivo que argumentaba no contar con los recursos en el Presupuesto.
Los diputados de la oposición consideraron que las partidas existen y que incluso había una partida «excedente» de 200 mil pesos. Sin el acompañamiento de los diputados renovadores, la comisión de Presupuesto resolvió emitir dictamen y anoche se estaba tratando en el recinto.
También se aprobó, con la mayoría del PJ, partidos chicos y el radicalismo, la investigación de empresas constructoras que operan con el Estado. Aunque la investigación está abierta a todas las empresas, los legisladores de la oposición insisten en averiguar las conexiones de Spotorno SA con el Gobierno.
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