Más del 20 % de los presos en Misiones tiene prisión preventiva

Aseguran que el régimen «genera el hacinamiento en las cárceles». Los jueces se defienden y culpan a la falta de infraestructura. También acusan a los políticos de hacer el Código Penal sin respetar la Constitución. [su_note note_color=»#cdcdcd»]¿La superpoblación carcelaria como resultado de la incompetencia de los jueces o el mal dictado de las leyes y la falta de presupuesto?[/su_note][su_note note_color=»#cdcdcd»]Está claro que el funcionamiento de la Justicia es uno de los déficit de nuestra democracia.[/su_note]El sistema judicial es lento y opaco. Al menos el 25 por ciento de la población carcelaria de Misiones está bajo el régimen de prisión preventiva. No es un dato menor si se tiene en cuenta que algunos jueces de la provincia ya piensan en dictar las detenciones preventivas domiciliarias como consecuencia de la superpoblación carcelaria.

Muchos de los detenidos se encuentran con este régimen desde hace más de dos años. Algunos de ellos han cometido delitos de menor peso, de los que se acusa a María Julia Alsogaray. Pero a diferencia de la ex funcionaria menemista, no gozan de encumbrados contactos en el mundillo político, ni tienen un ventilador para asustar a nadie, y tampoco cuentan con el suficiente dinero para pagar una fianza al estilo Omar Chabán, como denuncian algunos funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner.

Un recurso discutido

La falta de infraestructura necesaria para que los jueces puedan expedirse con mayor celeridad es la primera excusa que ponen los magistrados a la hora dar una explicación sobre la tardanza en dictar una sentencia. Visto desde éste punto de vista, la máxima que indica que «toda persona tiene derecho a permanecer en libertad mientras dure el proceso», queda relegada a un segundo plano.

Para el defensor de Instrucción N° 2, Ricardo Venialgo, «la prisión preventiva no tiene sentido y genera el hacinamiento en las cárceles». Al menos, el 20 % de los detenidos que pasan a diario por la defensoría terminan con prisión preventiva. «Aclaremos que muchos de ellos ya tienen condenas», subrayó.

El artículo 305 del Código Procesal Penal es claro. «La excarcelación no se concederá cuando hubiere vehemente indicio de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia, circunstancia que será valorada en orden a los siguientes elementos: Carencia de residencia, haber sido declarado rebelde, y tener condena anterior. La posibilidad que el sospechoso, estando en libertad, intente obstruir la investigación, es otro de los puntos que ponen los jueces en la balanza.

De Blumberg a Alsogaray

Venialgo prefiere patear la problemática al arco político. «Los que hacen el Código Penal son los políticos, y a veces se olvidan de la Constitución Nacional que está en la cúspide de la pirámide».

Después que el ingeniero Juan Carlos Blumberg presionó al poder político para que bajara los mínimos de las penas, muchos delitos terminaron siendo no excarcelables. Éste caso, sumado al de María Julia Alsogaray, es una clara muestra que «la política criminal en el país es mediática», señaló Venialgo.

El juez de Instrucción N° 2, José Luis Rey, también parece buscar respuestas por fuera del círculo de la Justicia. «Que tengamos muchos prisiones preventivas es un realidad, pero ocurre precisamente porque no tenemos la infraestructura que corresponde para expedirnos con mayor celeridad sobre todo en lo que se refiere a la última instancia de la causa», esgrimió como deslindando responsabilidades.

A su vez, explicó que la prisión preventiva «es un instrumento que se da limitadamente en determinadas circunstancias, hay una determinación de política criminal que la fija el Congreso con la determinación de los montos de pena».

Para el fiscal de Instrucción, Atilio León «hay que analizar cada caso en forma particular, no se puede decir que todas las prisiones preventivas están mal dictadas».

«Si es un 20 o 25 % estamos por debajo de lo que es la media general del país, 50 o 60 %», se contenta Rey.

Otras fuentes consultadas también coincidieron en escudarse, al señalar que «son los políticos quienes hacen las leyes. A nosotros no nos altera lo que diga la TV».

Señales desde la Corte Suprema

A principio de mes, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay, fue la primera en cuestionar la prisión preventiva y alertó que el Estado nacional «no está cumpliendo con las convenciones internacionales sobre derechos humanos» al mantener presos sin condena.

A las declaraciones de Argibay, ahora se le suman las del ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, quien consideró ayer que «la prisión preventiva es una pena anticipada». El ministro también criticó el hecho de que los dirigentes políticos «se suban o se monten sobre cualquier emergencia», y les recomendó que dejen «a la Justicia trabajar tranquila».

Para el fiscal Atilio León, las nuevas teorías del derecho indican que hay que hacer valer la presunción de inocencia hasta que haya una condena firme. Condescendiente con la postura de los cortesanos, León subrayó: «coincido plenamente con la postura de la ministra Argibay».

Las señales que llegan desde la Corte parecen ser claras. El país espera una verdadera reforma judicial. Es natural que ciertas decisiones judiciales, como las de los últimos días, provoquen indignación en la gente. El sentir popular no repara en las razones de las leyes.

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