Ahora la Unidad de Información Financiera que investigó fondos en la Triple Frontera, podrá avanzar en algunas causas. El Límite Mínimo Para Reportar Operaciones Inusuales o Sospechosas estaba fijado en $ 50.000. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Desde la UIF esperan obtener información de la DGI y DGA sobre algunas cuentas de la región.[/su_note]La Unidad de Información Financiera derogó el límite establecido de $ 50.000 para que las diversas personas jurídicas y entes oficiales informen ante este órgano, posibles ilícitos de lavado de dinero.
Lo hizo por intermedio de la Resolución 4/2005. La disposición había sido emanada del organismo con fecha 29 de abril y fue publicada el 10 de mayo del corriente en el boletín oficial. Con la misma derogó las normativas que establecen el «Límite Mínimo Para Reportar Operaciones Inusuales o Sospechosas» que estaba fijado en $ 50.000.
Desde su creación, la Unidad de Información Financiera (UIF) había apuntado su lupa hacia diferentes operaciones financieras vinculadas a la Triple Frontera. También se investigó algunos de los denominados «fondos buitres».
La medida se tomó en virtud de que la unidad dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación «cuenta con los mínimos suficientes como para asumir en forma completa las tareas que hacen a su misión primaria», según dice la resolución.
Anteriormente «no contaba con los medios técnicos y humanos suficientes para proceder al análisis de la totalidad de los reportes que se presentaran», por eso se había establecido el monto de $50.000 para informarle sobre supuestas operaciones ilícitas.
A partir de ahora, las entidades con la obligación de informarle a la UIF ante la sospecha de operaciones de lavado de dinero deben hacerlo cualquiera sea su monto.
Entre esas entidades se encuentran las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las personas jurídicas que exploten juegos de azar, los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros automotor y los registros prendarios, las empresas aseguradoras y emisoras de cheques u operadoras de tarjetas de crédito o de compra, entre otras, según el artículo 20 de la ley 25.246 de lavado de dinero.
La base de la para la UIF en NEA se encuentra en Corrientes. Desde allí se estuvo monitoreando fondos provenientes del contrabando de diferentes puntos de la frontera.
Denuncias
La UIF, un cuerpo dedicado a la detección de casos de lavado que funciona desde noviembre del año 2000, es conducida por la contadora Alicia López, una experta del Banco Central en la lucha antilavado.
El año pasado, la UIF emitió más de 3.500 notas para pedir informes a otros organismos.
En dos años y medio de actuación, la unidad recibió 1.014 reportes de operaciones sospechosas, de los cuales 133 tuvieron resolución, pero apenas 64 llegaron con fundamentos a la Justicia para que se profundizaran las investigaciones por presunto lavado. No generaron ninguna condena judicial. Desde 1989, cuando se comenzó a perseguir aquí este delito, sólo hubo dos sentencias en ese sentido. Además, hay 764 casos pendientes de resolución.
Desde la UIF siempre aseguraron no tener respuetas desde la DGI.
