Su director ejecutivo, Oscar Thomas, fue acusado por un contrato de seguros.
El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido solicitó a la Justicia que investigue al director ejecutivo de Yacyretá, Oscar Thomas, por encubrimiento de un supuesto fraude millonario con los seguros de la represa hidroeléctrica. Además, Garrido acusó a Thomas de supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y de desobediencia a la Justicia.
Como consecuencia de esta pulseada, Garrido pidió también al juez de turno el pronto allanamiento de las oficinas de Yacyretá para acceder al contrato y realizar un peritaje sobre los gastos en seguro desde el 2001 hasta la fecha.
El caso, que fue revelado por Clarín a fines del año pasado, se refiere al supuesto pago de un sobreprecio de 1,5 millón de dólares anuales, entre el 2003 y el 2004, a la empresa británica Heath denunciado por el auditor interno del organismo Pedro Rocha.
Ante la nota de este diario, el presidente Néstor Kirchner había ordenado suspender el contrato e investigar a los responsables. Sin embargo, Thomas terminó sumariando al auditor interno que hizo la denuncia y no a los responsables de la maniobra.
Yacyretá la represa más grande de la Argentina, que este Gobierno quiere ampliar para darle más potencia fue considerada en su momento por el ex presidente Carlos Menem como «un monumento a la corrupción».
En un escrito presentado esta semana ante la Justicia federal y al que accedió Clarín, Garrido se queja duramente porque Thomas se niega a darle una copia del polémico contrato con Heath y a informar quiénes lo instrumentaron.
En su respuesta, Thomas agregó que el «tratado internacional que crea el Ente Binacional Yacyretá prevé específicamente que el control de sus actos será ejercido por el Comité Ejecutivo y el Comité de Administración (del propio organismo) mediante los procedimientos y las reglamentaciones internas».
Sin embargo, Thomas sí entregó los informes elaborados por el auditor Rocha, que habían sido desconsiderados por la conducción del Ente Binacional Yacyretá hasta que fueron publicados en este diario.
En ellos, Rocha cuenta cómo el contrato se adjudicó en una licitación en la que no se le dio información a la competencia de Heath y que en 2003, unos días antes de que asumiera Kirchner en el gobierno, se lo prorrogó por un año más sin llamar a una licitación pública y con una serie de cambios a favor de los intereses de la empresa, según Rocha.
Para Rocha, la prórroga y la renegociación del contrato «empeoraron las condiciones de la cobertura, aumentando el monto de la prima que abonaba el Ente Binacional Yacyretá», entre otras supuestas irregularidades.
Luego Garrido, en un subcapítulo titulado «El irregular proceder de las actuales autoridades del EBY», señala que Thomas se niega a darle el contrato, argumentando que Yacyretá es una entidad binacional creada por un tratado que establece que el organismo «escapa al alcance de las leyes internas tanto argentinas como paraguayas».
Más adelante, Garrido subraya que no puede profundizar la investigación por «la reticencia de los funcionarios que poseen la información pertinente». Incluso, el fiscal invocó el decreto presidencial 1172/03 de acceso a la información pública para acceder al polémico contrato.
Por ése y otros elementos, Garrido entendió que la conducta de Thomas y otras autoridades «no sólo tiende a encubrir las irregularidades cometidas por quienes participaron de la contratación y prolongación del contrato de seguro con Heath, sino también como una que se subsume además bajo el delito de desobediencia y de incumplimiento de los deberes».
Garrido también pidió al juez federal de turno que pregunte al Paraguay si es cierto que el seguro por la represa paraguayo-brasileño de Itaipú es tres veces más barato que el de Yacyretá. (Clarín).
