Así fue la apreciación del fiscal Federal que dirige la Fiscalía Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos. El fiscal Alberto Gentili visitó Posadas para trasladar su experiencia a la justicia y las fuerzas de seguridad. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Gentili descartó que grupos internacionales dedicados a los secuestros extorsivos estén actuando en el país, aunque reconoció que en algunos casos particulares, existió "algún tipo de vinculación" entre secuestradores locales y de l vecino país del Paragu[/su_note]Para el fiscal Federal Alberto Gentili, a cargo de la Fiscalía Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos, Misiones «podría ser hipotéticamente vulnerable para los secuestros». Si bien, la unidad especial aún no tuvo la necesidad de actuar en la provincia, el funcionario del Ministerio Público Fiscal sabe lo que dice cuando se trata de este tipo de delitos.
Desde la Fiscalía Móvil, que lleva ese nombre por actuar en todo el país, se atendió la mayoría de los secuestros que florecieron durante los últimos tres años. La experiencia que acumuló durante ese tiempo la unidad especial fue el eje del curso que dictó ayer Gentili, junto a tres de sus colaboradores en la Cámara Federal de Posadas.
El encuentro fue organizado por el fiscal Penal del fuero Federal de Posadas, Juan Carlos Tesoriero. Diferentes integrantes de la Justicia Federal y de las fuerzas de seguridad con asiento en la provincia, participaron del curso de capacitación.
Una frontera porosa
Gentili descartó que grupos internacionales dedicados a los secuestros extorsivos estén actuando en el país, aunque reconoció que en algunos casos particulares, existió «algún tipo de vinculación» entre secuestradores locales y de l vecino país del Paraguay.
«Específicamente en el tema del secuestro de Cristian Schaerer, había un grupo de personas que tenían desplazamientos habituales en países vecinos. Lugares donde tenían sus residencias o simplemente frecuentaban ir a Paraguay», describió el fiscal.
A su vez aclaró que de los hechos ocurridos en la provincia de Buenos Aires no hubo conexiones. «Básicamente el único caso que se da esta situación es en el caso de Schaerer. Lo que sí hemos recibido, en algunos secuestros ocurridos en Paraguay, es pedido de colaboración de las autoridades judiciales de ese país sobre personas que estuvieron en la Argentina y que tuvieron que ver con esos hechos».
Por el momento en Misiones no hubo casos de secuestros extorsivos, pero no estaría exenta. Según explico Gentili, «la proximidad con zonas de fronteras la convierte como para otros casos de delitos, como el narcotráfico y el contrabando. También podría ser hipotéticamente vulnerable para los secuestros, sobre todo por el hecho de secuestrar a una persona en un país y llevarla. Acá las distancias son mínimas, y desde el punto de vista jurídico esto aportaría cierta dificultad porque hay que acudir a mecanismos de cooperación internacional. Todo esto perjudicaría el avance de la investigación».
La Argentina no estaba preparada para los secuestros extorsivos
La creación de la Unidad Especial Fiscal Móvil para la Investigación de Secuestros extorsivos, tuvo lugar en el marco de una serie de medidas gubernamentales orientadas a lograr una mayor eficiencia en la lucha contra los delitos de privación agravada de la libertad y secuestros extorsivos.
Durante el 2002 eclosionó en número de secuestros desatando una crisis de seguridad en todo el país, pero principalmente en los grandes centros urbanos. Ante esta situación el Poder Ejecutivo Nacional formó una comisión asesora para buscar soluciones alternativas para resolver la cuestión.
El órgano consultivo logró que se introdujeran una serie de reformas en el Código Penal que apuntaba directamente a la persecución de este tipo de delitos específicamente previstos en los artículos 142 bis y 170. La principal reforma procesal se caracterizó por establecer una traslación de competencias a favor de las fiscalías. La transferencia de competencias del Poder Judicial a Ministerio Publico, es decir del juez al fiscal, no fueron seguidas de un acompañamiento de un mayor presupuesto.
Las modificaciones terminaron creando «muchas nebulosas» que aún no han sido resueltas.
Buscan que los testigos no paguen gastos de traslado
El diputado provincial, Orlando Antonio Schuster, presentó un proyecto a través del cual solicitó que el Estado Provincial proporcione los medios para que aquellas «personas indigentes» que sean citadas por la justicia en calidad de testigos, puedan hacerlo sin gastos.
Según argumentó el diputado, «existen procesos judiciales en que las partes, ofrecen los testigos, por lo cual, se encargan de llevarlos al Juzgado a declarar. Pero en muchos otros casos, como se observa principalmente en los Juzgados de Instrucción, los testigos son citados. En estas situaciones, deben concurrir a declarar por sus propios medios. Ante esto, muchos ciudadanos se ven obligados a testificar en cumplimiento de una carga pública».
El vicepresidente de la Cámara de Representantes, aclaró que «aquí no se pretende desligar de responsabilidad a las personas, sino simplemente facilitarles a través de una acción del Estado la posibilidad de que puedan concurrir, sin que ello signifique que tengan que realizar erogaciones imprevistas».
En más de una oportunidad desde las defensorías de instrucción se intentó que el Poder Judicial prevea éste tipo de situaciones .
