Se trata de un total de alrededor de nueve millones de pesos para todo el país, más otros tres millones de pesos que serían girados a Misiones para 950 planes de pequeños productores, teniendo la Provincia que cumplimentar los trámites restantes para efectivizar el desembolso. [su_note note_color=»#cdcdcd»]El subsecretario de Bosques y Forestación de Misiones, Juan Gauto, sostuvo que el convenio de cooperación entre la Nación y la Provincia para la agilización del pago a pequeños productores podría firmarse en forma inminente[/su_note]BUENOS AIRES (Especial para Argentina Forestal.com). Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (Sagpya), prometieron ayer que para fin de junio se saldarían los planes pendientes de pago presentados hasta el año 2002 para la obtención del aporte no reintegrable, en el marco de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados.
Se trataría de 8.964.663 pesos, más otros tres millones que podrían girarse a Misiones, a través de un convenio específico y exclusivo entre la Nación y esta provincia, para agilizar las inspecciones y los trámites administrativos pendientes para proyectos presentados por pequeños productores, alcanzando un total de 950 planes.
El anuncio fue realizado al inicio de la segunda reunión del año de la Comisión Asesora Mixta de la Ley 25.080, que tuvo lugar en el Microcine de la Sagpya, oportunidad en la cual el sector privado, así como representantes de los gobiernos provinciales, volvieron a insistir en los ya cotidianos reclamos a la Nación, pero esta vez lejos del clima de tensión que se había vivido en la reunión anterior, efectuada en febrero pasado, donde incluso se había llegado a pedir infructuosamente el alejamiento de la Dra. Ester Malacari de la Dirección Forestal del organismo nacional.
Con la presencia del secretario de Agricultura, Miguel Campos, quien abrió el encuentro para irse poco tiempo después, el sector comenzó un tibio planteo respecto a los atrasos en los pagos del incentivo forestal, la necesidad de agilizar los expedientes en trámite, así como avanzar en la aprobación de los beneficios de estabilidad fiscal, principalmente reintegro del IVA, para los proyectos foresto-industriales.
Si bien, a medida que transcurría la reunión los reclamos se hacían más persistentes desde los distintos representantes del sector privado y de los gobiernos provinciales, no llegaron al nivel de discusión que se había
presentado tres meses atrás.
Ante estos cuestionamientos, tanto el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestación, Javier De Urquiza, como Malacari, hicieron hincapié en que desde el Estado se estaban tomando todas las medidas necesarias y posibles para ganar eficiencia. «Ya se tomó personal para el área de Sistema de Información Geográfica (SIG), de manera de procesar más rápido los expedientes que requieren la constatación de la certificación por GPS, y ahora se incrementará el personal en el área administrativa», sostuvieron ambos funcionaros en varias ocasiones, para responder a las críticas sobre la capacidad operativa con que cuenta en la actualidad la Dirección de Forestación de la Nación.
En tanto, por su parte, Malacari informó al sector que por medio de una modificación en los procedimientos operativos del área Forestal, cada viernes se aprueban las resoluciones que están al pago y se giran los fondos a las provincias correspondientes, lo que fue tomado como una señal altamente positiva por parte del presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), Manuel Climent, aunque sostuvo que los avances son muy lentos, «y aún no se da el gran paso que todos esperamos».
En cuanto a los pedidos de estabilidad fiscal, la funcionaria aclaró que por el momento los expedientes «están saliendo para el pago del incentivo, con una cláusula de que queda pendiente la aprobación de los beneficios fiscales, para que de esta manera no se atrase todo el plan», lo que ya había aclarado en el encuentro de febrero.
De acuerdo a la información presentada durante la reunión por Ester Malacari, para fines de junio se saldarían 11.964.663 millones de pesos (incluyendo los tres millones de Misiones), de planes presentados hasta 2002, y explicó que las demoras en la salida de los pagos se deben a «la insuficiencia en la documentación o en la impresión de los puntos geográficos suministrados, que impiden localizar la plantación en imágenes satelitales».
En ese contexto, sostuvo que hay 572 planes observados y pendientes de contestación por presentar importantes diferencias entre las inspecciones. «Ante esta situación se decidió revisar con imágenes satelitales la totalidad de los planes, implicando el consiguiente recargo de trabajo».
De acuerdo a un informe que distribuyó entre los integrantes de la Comisión Asesora, consignó que en lo que va del año sobre un total de 874 planes, el ciento por ciento fueron monitoreados por imágenes satelitales, mientras que en 2004 sobre 2.663 planes sólo el 9,46% fueron revisados por SIG, el 13,14% en 2003 sobre 6.520 planes; en tanto que en 2002 el porcentaje fue del 4,21% en 4.158 proyectos presentados.
Por otra parte, en el documento se expuso que en 2005 hay un total de 13.109 expedientes a procesar, entre planes forestales (pendientes de aprobación o de pago), pedidos de beneficios fiscales. Esto generó la reacción del sector privado que nuevamente cuestionó la capacidad de operatividad de la autoridad de aplicación fundamentando que «si en 13 meses se aprobaron y pagaron 3.600 planes, qué garantía se puede tener ahora de que en 8 meses se gestionen más de 13 mil planes». En este caso, Malacari y De Urquiza afirmaron que harán «lo posible» para agilizar la aprobación de los expedientes, sostuvieron que ya en el área SIG se encuentran trabajando siete pasantes, y que está previsto la contratación de más personal para la parte administrativa, pero también pidieron el compromiso de las provincias y los profesionales para dar mayor agilidad al sistema.
Consultado por Argentina Forestal.com, el subsecretario de Bosques y Forestación de Misiones, Juan Gauto, sostuvo que el convenio de cooperación entre la Nación y la Provincia para la agilización del pago a pequeños productores podría firmarse en forma inminente, y aclaró que sólo restaría «terminar de conversar algunos detalles.
Es que el objetivo de la Provincia en este sentido es poder incorporar en el mismo acuerdo a los productores agrupados, lo cual reconoció que sería «algo complejo» por los diferentes cuestionamientos que habían surgido a estos planes, y dado a que fueron presentados por instituciones intermedias y gobiernos municipales.
Lo que establece el convenio, a grandes rasgos, es que la autoridad de aplicación provincial se haría cargo de cumplimentar la documentación de los expedientes y las inspecciones en los casos que sean necesarios, mientras que la Nación le giraría a una cuenta de la Provincia los tres millones de pesos que totalizan los 950 planes de pequeños plantadores (hasta 10 hectáreas) pendientes de pago hasta 2002, y a medida que la información se complete, el gobierno misionero iría librando los pagos.
Esto permitiría que se agilice, en principio, el cobro para los pequeños productores mientras que, indirectamente, también alivianaría el trabajo de la Dirección de Forestación de la Nación, dado que se reduciría el volumen de expedientes a revisar y controlar.
En cuanto a la deuda que mantiene la Nación con los productores misioneros, Gauto sostuvo que, tras el monto de 1,6 millones de pesos saldados en forma reciente, aún quedan pendientes cinco millones de pesos, contando los tres millones incluidos en el convenio de cooperación.
