En pocas oportunidades la justicia Federal tomó medidas ante las detecciones de vuelos irregulares que realizó la Fuerza Aérea, En el noreste del país se realizaron más de 250 detecciones, pero no pasó nada.
Radares de los´70. La base aérea que se encuentra en Posadas tiene el objetivo de detectar Transito Aéreo Irregular.
[su_note note_color=»#cdcdcd»]Los aviones de combate argentinos por el momento se limitan a seguir a las aeronaves sospechosas y a dar aviso a los juzgados federales para que se investigue cada vuelo ilegal.[/su_note]Por la falta de una ley que autorice el derribo de vuelos ilegales, en el noreste del país continúa el tráfico aéreo. Los informes que envía la Fuerza Aérea Argentina a los juzgados federales terminan juntando polvo en los despachos.
Desde que el ministro de Defensa, José Pampuro, implementó hace diez meses atrás el denominado Sistema Nacional de Vigilancia Aérea, en el noreste del país se detectaron más de 250 vuelos ilegales.
Según los datos que constan en la justicia, la mayoría de los vuelos ilegales proviene de Paraguay y transporta principalmente equipos electrónicos y cigarros, aunque también se ha detectado el ingreso de drogas.
Según informaron fuentes de la Fuerza Aérea, en todos los casos la única participación que tuvieron los encargados de la vigilancia y control del aeroespacial nacional fue la de enviar la información a la justicia. Una vez que esa información queda en manos de la justicia Federal es poco lo que se hace.
Por falta de una legislación concreta en materia de vuelos irregulares, desde la justicia federal es poco lo que se puede hacer. En algunos casos el juez que intervine, una vez que llega a sus manos la información que fue previamente procesada por la FFAA, envía un oficio al juzgado que tiene jurisdicción en la zona donde aterriza el avión que había sido detectado.
El procedimiento en pocos casos tuvo un saldo favorable para la justicia. «Hasta el momento no conozco ningún caso en el que el juez haya ordenado impeler el aterrizaje, es decir hacerlo aterrizar de acuerdo a las reglas internacionales», deslizó un oficial de la fuerza.
Los aviones de combate argentinos por el momento se limitan a seguir a las aeronaves sospechosas y a dar aviso a los juzgados federales para que se investigue cada vuelo ilegal. Esa situación de pasividad cambiará con la sanción de la ley que permita el derribo de vuelos ilegales.
Por los cielos de Misiones
El Sistema Nacional de Vigilancia, divide al país en tres regiones: sur, centro, y noreste. La última zona, reconocida como la más problemática, tiene una base en la ciudad chaqueña de Resistencia y otra en la capital de Misiones.
Desde este mes los aviones Pucará de la Brigada aérea de Reconquista (Santa Fe), volvieron a sobrevolar el cielo de Misiones. La base que se encuentra en Posadas con el objetivo de detectar Transito Aéreo Irregular (TAE) cuenta con una dotación permanente de 45 efectivos, un radar Westinghouse de fabricación estadounidense con una alcance que no supera los 400 kilómetros, y un helicóptero.
Los radares que se están utilizando en la actualidad son de la década de los ’70, y dada a su escasa tecnología permite una acotada capacidad de operación.
«Hay muchos cambios que fueron muy favorables. En Misiones nunca se dejó de operar como se había dicho, estábamos operando desde la base de Resistencia que es la más importante», comentó uno de los oficiales a cargo del operativo.
Área con poco control
Una de las áreas más sensibles en materia de seguridad para el Gobierno nacional es la controvertida región denominada como la Triple Frontera. Sin embargo, el control aéreo de la zona se encuentra en manos brasileñas hasta que se puedan instalar los radares argentinos que puedan cubrir toda el área.
El convenio con Brasil fue puesto en marcha después de los ejercicios combinados que realizaron las fuerzas áreas de ambos países en la ciudad de Posadas en mayo del año pasado.
