Acuerdan investigar la deuda pero difieren en las facultades

La semana que viene se crearía la comisión para investigar la legitimidad de la deuda, pero no saben si podrá denunciar a los responsables

Debates. Los diputados comienzan a definir la investigación de la deuda pública provincial.

Debates. Los diputados comienzan a definir la investigación de la deuda pública provincial.

En Santiago del Estero, dos funcionarios responsables, ex ministros de Economía del ex gobernador Carlos Juárez fueron detenidos la semana pasada y otros dos que tenían orden de detención presentaron un pedido de eximición de prisión. Se los acusa de defraudación calificada, asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público por haber participado en la gestión de un crédito de 189 millones de dólares, cuyo destino se trata de determinar, y por el cual se pagaron 20 millones de dólares en comisiones y honorarios.
Es la primera vez que funcionarios públicos van presos por estar relacionados con la emisión de deuda pública . En Misiones, pese a la intención del Gobierno provincial de sancionar y denunciar a los responsables de la deuda pública en caso de que se confirmen las irregularidades denunciadas, es poco probable que eso suceda: la Cámara de Diputados no logra ponerse de acuerdo en imponer una sanción o una denuncia contra los funcionarios de gobiernos anteriores. Para el peronismo, que apoyará la investigación si se concreta desde el 10 de diciembre de 1983, la comisión no tendrá facultades de ese tipo y sólo podrá hacer una especie de «escrache» público para los responsables de haber endeudado a la provincia en más de mil millones de dólares entre 1991 y 1999.
Sin embargo, el radicalismo, que también propone investigar el origen de la deuda desde 1983, sostiene que cuando la comisión termine su labor -se estima un plazo de 120 días de plazo con 30 más de prórroga- si halla irregularidades, podrá realizar una denuncia, tal como pretende el Gobierno provincial, que avanza paralelamente con su propia investigación.
La comisión de Presupuesto debía avanzar ayer en la conformación de la comisión de investigación, pero fracasó la reunión conjunta con la de Poderes -por ser una comisión interna- por falta de quórum de sus integrantes. Recién el martes de la semana que viene habría un dictamen para que sea aprobado el próximo jueves.
El Gobierno insiste desde septiembre del año pasado con la creación por ley de una comisión que investigue la legitimidad de la deuda pública, pero la oposición hasta ahora se había negado a tratarla. Según los funcionarios de Gobierno, hallaron irregularidades en el límite de endeudamiento permitido por año, en el destino de los fondos y en las tasas pagadas.

El caso Santiago

Walter Noé Tagliavini y Pedro Martínez, ex ministros de Economía del caudillo peronista Carlos Juárez, quedaron detenidos la semana pasada, mientras que a José Federico Trejo y Luis Flores se les dictó orden de detención y se encontraban prófugos. Pidieron la eximición de prisión y se les negó.
En 1997 el Gobierno provincial tomó un préstamo de 120 millones dólares con el Banco de Nueva York.
Tras la devaluación, la deuda trepó a 189 millones de la misma moneda, y puso en default a la provincia. La investigación la impulsó el gobernador Gerardo Zamora, por intermedio de la Oficina Anticorrupción, que además ordenó suspender el pago de dicho crédito.
La situación es prácticamente idéntica a la que se vive en Misiones, con la salvedad de que la deuda provincial es de más de mil millones de dólares y la santiagueña de «apenas» 200 millones.

¿Se puede imitar?

El gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, presentó al Estado provincial como damnificado por la emisión de deuda que obliga a pagar altas tasas, y colocó a las finanzas en default.
En Misiones, el gobierno provincial pretende hacer algo similar, pero hasta ahora los organismos encargados del control financiero como el Tribunal de Cuentas o la Contaduría General de la Provincia emitieron dictámenes sobre el proceso de endeudamiento provincial, que pasó de 14 millones de dólares en 1991 a más de mil millones en 1999. En el Gobierno, aseguran que las irregularidades están confirmadas, sobre todo en las tasas y en el desvío de fondos a otros destinos que no estaban previstos, pero la comisión propia que creó para investigar la deuda, tampoco emitió un dictamen definitivo.
Funcionarios provinciales confirmaron que la idea es denunciar ante la Justicia a los responsables del endeudamiento.

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