Imponen una fuerte multa a los constructores de Yacyretá

Un juez impuso a Eriday un pago de 7 millones de dólares y un millón diario adicional, hasta que acate la suspensión del arbitraje ante la Cámara de Comercio

Obras en disputa. Yacyretá ganó una batalla millonaria en la guerra contra los constructores de la represa binacional.

Obras en disputa. Yacyretá ganó una batalla millonaria en la guerra contra los constructores de la represa binacional.

El juez federal Ernesto Marinelli impuso a los constructores de Yacyretá un pago de siete millones de dólares y un millón diario adicional, hasta que acepten la medida cautelar que obliga a suspender el arbitraje ante la Cámara de Comercio de París. Yacyretá se convierte así en caso testigo para todos los arbitrajes contra la Argentina.

Las empresas reclaman 792 millones de dólares a la Entidad Binacional Yacyretá, según la cual el precio de la obra fue íntegramente pagado, con una utilidad para la contratista superior al promedio corriente. La EBY recurrió también a la Corte Suprema de Justicia, dado el interés de Misiones y Corrientes en la resolución del caso, con lo cual podrá convertirse en un caso testigo para todos los arbitrajes, en la CCI pero también en el Ciadi. Ésta es la estrategia más enérgica a que apeló el país hasta ahora en esta materia.

La justicia había ordenado la suspensión del proceso arbitral porque Yacyretá, con el patrocinio del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Masnatta, había planteado que el litigio debe resolverse ante tribunales argentinos, tal como plantea el pliego de la licitación, y no por el arbitraje que consintió dos meses antes de terminar su mandato el presidente Fernando de la Rúa. Pero las empresas de Eriday, encabezadas por Impregilo y Dumez desconocieron esa resolución, alegando que el fuero contencioso administrativo federal no tenía jurisdicción ni competencia. Eriday propuso a la Cámara de Comercio de París (CCI) la designación de un nuevo árbitro, en reemplazo del renunciante Emilio Cárdenas. La CCI se ocupa de resolver diferendos comerciales entre particulares o empresas, pero no es un organismo idóneo para entender en actos dictados por Estados soberanos.

Marinelli sostuvo que la designación de nuevos árbitros demostraría el interés en el caso de los propios árbitros y de la Cámara de Comercio de París, que se suponen imparciales. Dado el monto de la demanda presentada por Eriday contra Yacyretá en 2002, es ostensible «la enorme expectativa económica que tiene para continuar participando del proceso arbitral y, correlativamente, el poco o directamente nulo interés en acatar la medida cautelar dictada en esta causa». Por ello, «sólo bajo la amenaza» de una «mortificación patrimonial verdaderamente importante» podrá lograrse que «obedezca los mandatos de la justicia argentina». Marinelli también dispuso denunciar la violación de la medida cautelar a la justicia penal, para que determine si constituyó un delito que deba ser castigado. Pese a la medida de no innovar, la CCI designó como árbitro en reemplazo de Cárdenas al vicepresidente de su tribunal arbitral, Carlos Enrique de Carvalho Froes, con el consentimiento de Eriday. En cambio, la EBY se negó a designar a un nuevo árbitro en reemplazo del también renunciante Julio Barberis, dada la medida cautelar. Pero la CCI amenaza con designarlo en nombre del ente argentino-paraguayo y se anticipa que será un extranjero, como Carvalho Froes. Ante esa situación, Masnatta recurrió a la Corte Suprema de Justicia con una acción declarativa «como última garantía», dado el «estado de incertidumbre» sobre la relación jurídica. La EBY pide que la Corte Suprema declare «la supremacía de la magistratura federal argentina» a partir de la medida cautelar y sostiene que el arbitraje «es una aventura procesal que jamás podría prosperar si lo resolviera un tribunal independiente y dotado de las mínimas garantías de seriedad e imparcialidad». Por eso Eriday intenta «eludir la intervención de la justicia y de buscar que su pretensión sea resuelta por particulares».

Sienta precedente

El director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, destacó que el fallo judicial contra los grupos constructores de la represa sienta un precedente «muy importante» en otros juicios contra el Estado que se llevan adelante.
Thomas dijo que la resolución sienta un precedente «muy importante para similares situaciones, cuando están en juego los patrimonios del Estado y se pretende dirimir en un ámbito que solamente se trata de dilucidar las cuestiones comerciales entre privados».
El funcionario remarcó que la EBY no pretende «patear el tablero en la cuestión del arbitraje, sino que si se hace conforme a Derecho y a los procedimientos que deben marcar en rigor un reclamo de este tipo, no pueden llevarse a cabo como se estaba llevando».
«La empresa reclamaba más del 70 por ciento del valor económico de la obra en perjuicios, cuando no los ha tenido», destacó Thomas a Radio A.

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