Forestales exigen la renuncia de Malacari e iniciarían acciones legales contra la Sagpya

Se trata de la directora de Forestación de la Secretaría de Agricultura, Ester Malacari, que desde que asumió en el cargo -junio de 2004- es duramente cuestionada por el sector por la falta de operatividad en la aplicación de los beneficios de la Ley 25.080. «A la fecha no ha resuelto absolutamente nada. No tiene ni capacidad de gestión ni conocimientos sobre leyes. Mientras esta funcionaria se encuentre al frente del área, nunca llegarán a los forestadores los 60 millones de pesos del subsidio».
[su_note note_color=»#cdcdcd»]"Estamos evaluando la posibilidad de contratar un importante Estudio Jurídico de la Capital Federal para que lleve adelante los reclamos”, adelantaron. [/su_note]Los profesionales forestales de la provincia, nucleados en el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform), remitieron a los medios de comunicación un documento donde expresan su preocupación por la crítica situación en la que está inmerso el sector foresto-industrial debido a los incumplimientos de la Nación en la aplicación de los beneficios de la Ley 25.080 y las dificultades administrativas que presenta la operatoria mencionada.
Pero en ésta oportunidad, los profesionales exigen el alejamiento de la directora de Forestación de la Sagpya, Ester Malacari. «A casi un año de gestión como virtual interventora de la Dirección Forestal, la Dr. Malacari no ha resuelto absolutamente nada. Desde un principio criticamos su desconocimiento absoluto sobre la actividad forestal, lo que a nuestro entender dificultaría enormemente un funcionamiento medianamente aceptable de dicha operatoria. Nos replicó diciendo que no era necesaria esa formación profesional, sino que se requería alguien con capacidad de gestión y conocimientos jurídicos, y que ella era esa persona. Ante la duda, preferimos otorgarle un tiempo prudencial para conocer los resultados, pero llegamos a la conclusión terminante de que la misma no tiene ni capacidad de gestión ni conocimientos sobre leyes», expresó en el documento, firmado por el presidente del Coiform, Eduardo Stirnermann.
Los profesionales exhibieron como prueba, la evaluación que realiza la Unidad de Auditoria Interna de la Sagpya sobre la Resolución 45/05, la que los ingenieros consideran «un mamarracho jurídico. A esto se suma la posterior persecución que la funcionaria realiza contra quienes elaboraron ese informe», indicaron.

Discusiones técnicas
Si bien se trata de una cuestión muy técnica, para los ingenieros forestales la resolución 45/05 resulta que «tiene normas de contenido excesivo, sin fundamento alguno, silencios, ambigüedades, e incluso normas se contraponen con normas de mayor jerarquía que cualquier Resolución, como son el decreto 133/99, la propia ley 25.080. Tampoco tiene en cuenta la legislación de fondo (código civil, procesal, reglamento de procedimientos administrativos), con los dictámenes de los servicios jurídicos y mucho más aún no tiene en cuenta la realidad económico-social de los productores, así se trate de los más pequeños como de los de mayor inversión».
«Esta resolución pone en evidencia las graves falencias legales que existen; y que fuera el motivo de la «caza de brujas» desatada dentro de la Sagpya, y que motivó la cesantía de varios profesionales del medio, de reconocida capacidad y probidad. Ante esta situación, tenemos la pauta de que mientras la Dra. Ester Malacari se encuentre al frente de la Dirección Forestal, no se ejecutarán los 60 millones de pesos disponibles para el corriente año, y por ello solicitamos públicamente el alejamiento de la misma».


Forestales reclamarán ante la justicia

Por otra parte, los profesionales del Coiform solicitaron a todos los ingenieros forestales que «consulten con sus clientes quienes están dispuestos a iniciar acciones legales contra la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para el cobro de lo adeudado por la misma. Aquellos que quieran avanzar, que se comuniquen con el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones. Estamos evaluando la posibilidad de contratar un importante Estudio Jurídico de la Capital Federal para que lleve adelante los reclamos», adelantaron.

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