[su_note note_color=»#cdcdcd»]Garayo espera que se le devuelva su banca después de un año.[/su_note]Hace exactamente un año, la diputada provincial Elsa Garayo era desplazada de su banca por la mayoría de Justicialistas y Radicales, después de que anunciara su pase al Frente Renovador, en un escándalo que hasta ahora se debate en los estrados judiciales e incluso en la Corte Suprema de la Nación.
Los diputados peronistas mostraron una supuesta renuncia con la firma de la legisladora, lo que fue avalado por el radicalismo y los partidos menores para aprobar su desplazamiento, pese a que ella misma negó haber firmado ese papel.
Desde el primer momento en que se supo la maniobra que iba a ser utilizada por la mayoría Legislativa, Garayo promovió medidas cautelares para evitar ser sacada de su banca. La principal causa – la referida a la falsificación de la firma- recayó en el Juzgado Civil y Comercial N°3 de Posadas, Misiones a cargo de Georgina López Liva, quien ordenó el secuestro del instrumento de «renuncia» para su posterior peritaje por parte de 3 peritos oficiales que iban a ser sorteados conforme la legislación Provincial vigente.
A raíz de las actuaciones de la citada Jueza, la Cámara de Representantes de Misiones promovió ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones un «conflicto de Poderes» aduciendo que el allanamiento de la Legislatura Provincial invadía atribuciones del Poder Legislativo.
El Superior Tribunal de Justicia, por cinco votos a favor contra cuatro, entendió que las actuaciones de López Liva habían invadido atribuciones del Legislativo en un «conflicto de poderes», decretando la nulidad de todo lo actuado por la magistrada. Entre los cinco miembros que constituyeron la mayoría en el STJ votaron Marta Poggiese de Oudín, Marta Catella y Humberto Schiavoni, quienes habían sido recusados por ser la primera, esposa del diputado René Oudín, la segunda por haber adelantado opinión como presidente del Tribunal Electoral, y el último por ser padre y tío respectivamente del dirigente justicialista Humberto Schiavoni hijo y la diputada Fabiana Perié. La diputada promovió un recurso de Queja Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que actualmente se encuentra abocada al conocimiento de la causa y que seguramente dentro de unos meses expedirá una solución al respecto.
Por otra parte, también se promovió denuncia penal por el delito de falsificación de firma y documentos, ante el Juzgado de Instrucción N°2, a cargo del Dr Rey. Tres peritos matriculados en la Provincia- Raúl Zajaczkowski, Héctor González y Mirian Nosiglia- dictaminaron que la firma de Garayo había sido burdamente falsificada. Pero la Justicia le hizo caso a otro dictamen del gendarme Rolando Maggiolo, quien fue cuestionado. Un año después, se espera una resolución definitiva.
