El juzgado Civil y Comercial Nº1 vuelve a tener jueza titular

Por primera vez en 15 años, el PJ pierde una batalla legislativa. El radicalismo votó junto a los renovadores y contra los peronistas por la
aprobación de los pliegos de Gabriela Canalis

Desde el 21 de diciembre de 1989, el peronismo no perdía una batalla en la Cámara de Diputados. Después de quince años, anoche perdió en el recuento de votos, tras oponerse férreamente a la designación como jueza de la funcionaria judicial Gabriela Canalis: votaron juntos radicales y renovadores y apenas se quedó con el respaldo de los partidos chicos, lo que no le alcanzó para frenar la nominación pedida por el Poder Ejecutivo.

Durante toda la década pasada y los primeros años de ésta, el peronismo siempre tuvo mayoría. Sólo la Alianza logró emparejar las cosas y poner 20 diputados contra los 20 justicialistas, pero la presidencia siguió en manos del PJ y eso le daba el doble voto.

Ni siquiera la paliza electoral que sufrió en 2003 logró desbancar al peronismo de la presidencia y mantuvo la mayoría con la creación del interbloque opositor para oponerse a lo que haga el Ejecutivo.

Ahora, con la cercanía de las elecciones legislativas y la necesidad de recuperar espacio, los partidos minoritarios le dieron la espalda al PJ y el radicalismo apoyó al oficialismo.

Sin embargo, la derrota no dolió tanto, ya que el partido del general votó junto a los radicales -y al MAP, el MID y el Fregen- en otro proyecto discutible: uno que modifica el sistema de amparos en la provincia y le quita atribuciones al Superior Tribunal de Justicia. El Frente Renovador no votó porque considera a los cambios introducidos, «inconstitucionales».

Un juzgado complicado

Canalis se hará cargo del juzgado Civil y Comercial I, magistratura que ostentaba Graciela Salvado de Sotelo, hoy presa por supuestamente haber liderado una asociación ilícita en el marco de la megaestafa a cuentas judiciales. No tendrá fácil tarea la nueva magistrada, ya que las causas en ese juzgado están paradas desde hace más de un año.

Antes de ser aceptada por el voto de la mayoría legislativa, Canalis tuvo que soportar las amenazas de legisladores del PJ, quienes le advirtieron que «debía tener miedo», ya que son ellos mismos los que deciden la destitución de una jueza. Canalis es cuestionada por el PJ y los partidos chicos porque encabezó el recordado allanamiento a la Cámara cuando se investigaba la falsificación de la firma de la diputada destituida Irene Garayo, cuando se pasó al Frente Renovador.

El diputado Jorge Galeano, del MAP antes de la sesión dejó en claro porque acompañaba al PJ: «Estoy absolutamente en contra del nombramiento de Gabriela Canalis en el juzgado Civil Nº 1. Es un nombramiento político» y lo detesto». El ultraopositor consideró que «no será una jueza prudente y no quiero ser responsable de su nombramiento», sostuvo.

En cambio, los radicales prestaron acuerdo al pliego luego de estudiar «cuidadosamente sus antecedentes, arribando a la conclusión que ha quedado probada la solvencia técnica y moral de la candidata propuesta, quien ha sido ternada por el Consejo de la Magistratura, conforme el procedimiento constitucional vigente». «En el entendimiento que el acuerdo viene a destrabar la grave situación planteada en el ámbito del juzgado vacante, traducida en una cuasi paralización del servicio de justicia la que, de continuar, colocaría a miles de justiciables en un estado de indefensión inaceptable en un estado de Derecho», dijeron.

Medidas para judiciales

Mayo será un mes sin paro de judiciales. Anoche, los diputados aprobaron la ley enviada por el Superior Tribunal de Justicia que busca la reestructuración salarial para los empleados judiciales. A pesar que la ley aclaratoria, tuvo el aval de la Unión Judicial de Misiones, la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y la propia Corte provincial, los diputados del Frente Renovador prefirieron no acompañar y votaron en contra. Hoy la comisión directiva del gremio judicial se reunirá para evaluar el blanqueo de una importante porción del sueldo. La cadena de paros que habían iniciado los judiciales en febrero se cortó cuando la Corte otorgó un adicional no remunerativo. Aunque desde el gremio recibieron con buenos ojos la partida de 150 mil pesos, la crisis no estaba del todo resuelta. Aparte del blanqueo, también piden la recomposición de 100 pesos, más el descongelamiento del 3% de antigüedad por año de servicio.