Elevaron un proyecto a la legislatura provincial para lograr apoyo de los diputados en la sanción de una ley. Dicen que en Chaco y Corrientes los deudores avanzaron sobre ese punto. Los deudores hipotecarios de la provincia formalizaron ayer su intención de encontrar un freno a los posibles remates de sus viviendas. A través de la recientemente creada Asociación Civil de Deudores Hipotecarios de la provincia de Misiones presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados buscando lograr la sanción de una ley que evite el remate judicial por falta de pago de los préstamos tomados durante la década pasada, algunos incluso, en la década del 80.
La idea de los misioneros es seguir los pasos de sus pares chaqueños que lograron apoyo implícito de los legisladores para avanzar hacia la sanción de una norma.
«La Asociación ha tomado la iniciativa de presentar un proyecto de ley muy similar al que ya se ha presentado en Corrientes y Chaco recientemente y que fue sancionado en forma unánime por los legisladores, lo que nos hace pensar que los diputados misioneros reaccionarán de la misma manera», sostiene la entidad y agrega que «el espíritu de los deudores es pagar el crédito, pero necesitamos reglas claras».
Su presidente, Sergio Alejandro Bustos, confió que el objetivo final que persiguen cerca de 6000 deudores hipotecarios de toda la provincia según él-, es presentar junto a las 23 asociaciones de deudores hipotecarios del país «una ley al Congreso nacional que permita refinanciar los pasivos a 20 años con todo tipo de quitas absurdas como el CER y cambio dinerario para saber a base de qué se pagó el préstamo y que el pago sea en base al 20 por ciento del total del ingreso que tenga el deudor», dijo.
Bustos, cuya familia tomó el préstamo en la década pasada del desaparecido Banco Robert (actualmente HSBC), recordó que existe una ley nacional que frena los remates judiciales en todo el territorio argentino en Misiones hasta hoy no se ejecutaron bienes por deudas hipotecarias- «pero los bancos no quieren flexibilizar las deudas debido a los negociados que hay de por medio».
Para el titular de la Asociación, los desfasajes económicos producidos en las últimas décadas en la Argentina son las causales de los atrasos en el pago de las cuotas por parte de los clientes de los bancos. Entre ellos recordó que «los que sacaron los préstamos en la década del 80 soportaron las inflaciones de esa década más las adecuaciones del sistema monetario (peso-austral-peso), y ya en los 90 y los primeros años de esta década soportaron la devaluación y la aparición de los bonos Lecop (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales). Muchos de los deudores se atrasaron porque cobraban en bonos y los bancos no lo aceptaban y en caso que sí lo hicieran te tomaban a un menor valor. De eso nadie se acuerda», puntualizó.
La Asociación
La Asociación Civil de Deudores Hipotecarios de la provincia se conformó la semana pasada con la participación de más de 40 deudores. La entidad estima que con el correr de los días se irán sumando nuevos asociados dado que, según sus cálculos, en todo el territorio provincial hay cerca de 6000 familias en las mismas condiciones.
El punto que hay que tener en cuenta es que hasta hoy ningún banco realizó remates judiciales por falta de pago porque, por un lado, han mostrado cierta flexibilidad ante la situación planteada por los afectados y, por otro, porque el Estado nacional ha decidido intervenir en la cuestión creando la figura de un fideicomiso.
El salvataje nacional
A fines de 2003, el Gobierno nacional promulgó una ley destinada al rescate de los deudores hipotecarios a morosos por un valor original del préstamo no superior a $ 100.000. El sistema es optativo para los bancos, pero la interpretación del Ejecutivo forzó a las entidades financieras a ejercer esa opción para el conjunto de su cartera, y no para cada deudor individual.
La adhesión al sistema, al considerar canceladas por el Estado las deudas que se refinancien, frena los remates judiciales que se venían produciendo desde hace dos meses en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
El reglamento sostiene que las refinanciaciones serán por un plazo de hasta 12 años y fija un tope máximo para que los beneficiarios paguen mensualmente hasta el 25% de sus ingresos.
La ley, aprobada en octubre del 2003, incluye a personas físicas y sucesiones indivisas que hayan tomado un crédito hipotecario por un valor original de $100.000 para comprar, ampliar o refaccionar su vivienda familiar, única y de habitación permanente, y hayan entrado en mora entre 1 de enero de 2001 y el 11 de septiembre de 2003.
El sistema creó un fondo fiduciario, a través del cual el Estado asumió el compromiso de los deudores y haciendo frente a la obligación que estos tienen para con los acreedores bancarios o particulares por medio de la emisión de bonos.
Una vez traspasado el crédito al Estado, los deudores podrán seguir pagando las cuotas en los bancos en que originariamente celebraron la hipoteca. Para los clientes de escribanías o inmobiliarias, el trámite deberá hacerse en las sucursales del Banco Nación.
En el caso de los préstamos suscriptos en escribanías, la inclusión en el régimen de refinanciación puede ser solicitada por el deudor o por el acreedor, y este último deberá presentar una documentación que incluye un certificado de cumplimiento fiscal.
El período de gracia para todos los morosos será de un año, pero la reglamentación estipula que «la gravedad de la situación socioeconómica del deudor, que habilite el otorgamiento de plazos adicionales, podrá ser acreditada mediante información sumaria».
La refinanciación tiene un plazo máximo de 150 meses, y el plazo se determina en función del porcentaje del valor del inmueble que representen el capital y los intereses adeudados.
Si la deuda no superara el 10% del valor de la vivienda, el plazo es de 45 meses, que se eleva gradualmente hasta llegar a los 150 meses si lo adeudado es más de la mitad. Hay que recordar que el presupuesto del año pasado se previó un monto de 450 millones de pesos para hacer frente a estos pasivos.
