Denuncian por discriminación el nuevo régimen electoral municipal

El Partido Socialista presentó hoy una denuncia ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación – INADI-, por entender que el nuevo Régimen Electoral Municipal es discriminatorio hacia las mujeres. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Consideran que además de un retroceso esta ordenanza es discriminatoria y anticonstitucional, ya que no cumple con el precepto constitucional de igualdad de oportunidades proclamado en el Art. 37 de nuestra Constitución Nacional.[/su_note]En la denuncia elevada al INADI manifiestan que la Ordenanza 1380 y su modificatoria la 1452, aprobadas por el Concejo Deliberante a fines del año pasado no han contemplado el cupo femenino, por lo que consideran que además de un retroceso esta ordenanza es discriminatoria y anticonstitucional, ya que no cumple con el precepto constitucional de igualdad de oportunidades proclamado en el Art. 37 de nuestra Constitución Nacional. Como así tampoco con la Ley Provincial Nº: 3011 (Ley de Cupo).

Pero más allá de las cuestiones legales cuya jurisprudencia es abundante en este tema, el PS cree que el flagrante acto discriminatorio de esta Ordenanza es evidente, al no garantizar la representación parlamentaria de las mujeres, puesto que no existe el lugar «expectable» en las listas, como tampoco se ha establecido un cupo en la presentación de las listas de candidatos.

La acción positiva es una estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permitan corregir las discriminaciones que son resultado de prácticas culturales sustentadas en la dominación patriarcal de siglos. Son herramientas transitorias encaminadas a vencer los desequilibrios de género.

Estas acciones positivas son un aspecto fundamental en el marco de la promoción de los derechos de la mujer. Favorecer a la mujer con acciones positivas, que consagran desigualdades a su favor, no es más que un mecanismo de estricta justicia, en la medida que con estas acciones lo que se busca es crear una herramienta que contrapese la desigualdad de la realidad. Se parte de la intervención de la norma para igualar posiciones desiguales de las partes de la relación ya sea política, laboral, social o económica.

El impulso que las normas y acuerdos internacionales dieron a la legislación argentina, en materia de derechos y reivindicaciones para las mujeres, tuvo su máxima expresión en la reforma a la Constitución Nacional producida en 1994.

Así quedó plasmada en la nueva Constitución la voluntad de incrementar la presencia de las mujeres en la vida política, estableciendo en el artículo 37: «la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral».

Y mucho más ampliamente la Constitución reformada plasmó la intención de acortar distancias entre las oportunidades de hombres y mujeres en el artículo 75, incisos 22 y 23.-

En 1995 se dio otro significativo avance en pos de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing, China. .» En las medidas que han de adoptar los gobiernos explicita: «…medidas de aplicación a fin de aumentar sustancialmente el número de mujeres con miras a lograr una representación paritaria de las mujeres y los hombres, de ser necesario mediante la adopción de medidas de acción positiva a favor de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública.»

Nuestro país fue uno de los primeros países latinoamericanos en sostener un amplio debate sobre la acción positiva en beneficio de las mujeres que finalmente se vio plasmado en la sanción, en el año 1991, de la Ley 24.012 conocida como Ley de Cupo, que modifica el Código Electoral Nacional, disponiendo que las listas a cargos públicos electivos deberán contar con un mínimo del 30 % de candidatas mujeres en proporciones con posibilidad de resultar electas.

El Partido Socialista finaliza la nota requiriendo «por todo lo expuesto solicitamos la urgente intervención de este organismo para evitar que se imponga un Régimen Electoral que además de ser anticonstitucional, irrespetuoso de los derechos humanos y de las leyes, significa un hecho discriminatorio para un amplio sector de la sociedad (52%).»

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