Reclaman modificar o derogar la ley que permite indagar datos privados en internet

El diputado renovador Néstor Ortega presentó un proyecto de resolución por
el que insta al Congreso Nacional a «reformar o derogar la ley 25.873, por
cuanto su contenido resulta lesivo para las libertades públicas y derechos
individuales garantizados por la Constitución Nacional». Se trata de la
norma que permite al Estado indagar la información que las personas bajen de Internet, y que obliga a los proveedores a guardar esa información por el
término de diez años. El 17 de diciembre de 2003, el Congreso Nacional dio sanción a la ley 25.873, por la cual -con el objetivo de preservar la seguridad pública- se establecieron normas que resultan marcadamente lesivas para los derechos individuales y de las libertades públicas consagradas en la
Constitución Nacional, explicó el diputado.

Agregó que según la norma el Estado se arroga la facultad de efectuar un
contralor de las comunicaciones cibernéticas de la totalidad de los
habitantes de la Nación, incluso de su correspondencia personal por correo
electrónico, obligando a los proveedores del servicio de conexión a Internet
a guardar esos datos por espacio de diez años. «Sin dudas, más allá del
espíritu que pudo haber animado a los legisladores para sancionar esta
norma, que no dudamos fue el de preservar la seguridad de los argentinos, se ha cometido un exceso legislativo», agregó el diputado.

La norma aprobada permite, según su texto, que el Estado ingrese arbitrariamente en la llamada `esfera de privacidad´ que constitucionalmente posee cada habitante de la Nación, y escudriñe directamente las comunicaciones privadas de quienes sean usuarios del servicio de Internet, obligándose incluso a los proveedores a almacenar una cantidad inconmensurable de información por un lapso a todas luces demasiado prolongado.

Si bien resultan necesarias las mayores medidas que tiendan a proteger la seguridad pública, es preciso que ellas sean compatibles con los derechos individuales y las libertades públicas que consagran y protegen las normas constitucionales y los tratados internacionales con rango constitucional.

Ello deriva de la necesidad de observar las normas contenidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en sus normas concordantes, entre ellas los artículos 7, 8 y 12 de la Constitución de la Provincia de Misiones», señaló Ortega al explicar los motivos de su iniciativa.

«Es por ello que, en nuestra función de representantes del pueblo, creemos
necesario instar a ambas Cámaras del Congreso de la Nación a reformar o derogar la ley 25.873, de modo de garantizar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías señalados en las normas constitucionales», concluyó el legislador renovador.

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