La audiencia pública se realizará mañana en la Legislatura. El justicialismo podría impedir la aprobación. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Una vez que los pliegos sean tratados en el recinto, todo dependerá del voto de la UCR.[/su_note]Mañana será un día clave para la postulante a ocupar el cargo de jueza del Civil y Comercial N° 1, ya que en la Cámara de Representantes se realizará la audiencia pública donde se analizarán los pliegos de la abogada Gabriela Canalis.
De no surgir objeciones durante la audiencia, se allanarían los requerimientos vigentes para la designación de la actual secretaria del Civil y Comercial N° 3 como titular del juzgado que manejaba la ex jueza Graciela Salvado de Sotelo.
Una vez terminada esta instancia, los legisladores tendrán que tratar el pliego en el recinto. Por simple mayoría podría ser no aprobado, todo dependerá de la postura que tomen los diputados de la Unión Cívica Radical, ya que sus pares del justicialismo hasta el momento se mantuvieron en contra de la postulación de Canalis.
Palos en la rueda
El 15 de octubre del año pasado el Poder Ejecutivo envió los pliegos de Canalis para que sean analizados por la Legislatura.
Un mes después, los diputados justicialistas decidieron hacer uso de su mayoría en la comisión de Poderes y rechazaron «in limine» el tratamiento de los pliegos de la postulante. Por el contrario, los legisladores del Frente Renovador sacaron un dictamen por minoría para que el expediente siga su curso normal.
La postura que tomaron los justicialistas no sólo fue criticada desde el bloque renovador, sino también desde diferentes sectores del Poder Judicial.
El único fundamento que habían esgrimido los diputados para rechazar el pliego, fue la actuación que tuvo Canalis como secretaria del juzgado Civil y Comercial N° 3, en el allanamiento a la Legislatura que ordenó la jueza Georgina López Liva, tras la búsqueda de la supuesta renuncia de la ex diputada Elsa Garayo.
La jueza del Civil N° 8, Rossana Venchiarutti, se encuentra subrogando desde hace ya casi un año el Civil N° 1. A pesar de su doble función la magistrada logró regularizar medianamente la situación del cuestionado juzgado. El juzgado utilizado por la ex jueza Salvado de Sotelo y un grupo de abogados para montar una asociación ilícita, había quedado con más de 200 resoluciones para ser dictadas, y el doble de expedientes para ser analizados.
Algunas fuentes allegadas al bloque justicialista no descartaron la posibilidad de alguna «presentación» para impedir que los pliegos de la postulante sean aprobados.
