La polémica norma señala que las prestadoras de telecomunicaciones y servidores de internet deberán almacenar los contenidos de llamadas telefónicas y mails por diez años, y estarán a disposición del Estado. «Lo que ocurre es que así se pone bajo sospecha a toda la sociedad» manifestó el diputado nacional, Hernán Damiani, y agregó que «es excesiva en cuanto al tiempo». Fue promulgada por decreto de la Nación y regirá desde el 31 de junio.