Margarita Meira tiene 55 años, nació en Eldorado y desde hace nueve meses está presa en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Participó de una marcha de repudio del Código de Contravención en la ciudad de Buenos Aires. Margarita Meira tiene 55 años, es misiomera, vive en Capital Federal y desde hace nueve meses está presa por haber participado en una manifestación de repudio a la sanción del Código Contravencional en la ciudad de Buenos Aires. En tanto, la carátula de la causa es «coacción agravada».
Margarita tiene una larga historia de trabajo solidario y padecimientos, que nos relata desde la cárcel de mujeres de Ezeiza. Sin embargo, no se arrepiente de sus actos y tampoco se resigna a la situación que atraviesa. Desde allí continúa exigiendo «justicia».
La historia comienza así. Ella, oriunda de Eldorado, con sólo 18 años decide dejar la tierra colorada y se dirige a la provincia de Buenos aires en busca de trabajo.
Fue en 1989 cuando funda el Grupo Comunitario «Madres de Constitución», cuya principal actividad es un comedor gratuito que originariamente atendía a niños carenciados pero que en la actualidad asiste a grupos familiares, que alcanzan a unos 150 comensales diarios. Otras actividades que se realizan desde su creación se basan en la ayuda en medicamentos, provisión de ropa donada, salidas recreativas, trámites jubilatorios y solicitud de alojamiento a las autoridades para familias en situación de calle.
Según Meira, las denuncias que efectuó durante estos años, especialmente «las relacionadas a sobreprecios en alimentos pagados por funcionarios de la ciudad y negociados en la facturación de hoteles donde son alojadas familias sin recursos, desaparición de niños con fines presuntamente de comercio de órganos, le han valido ser conocida como persona no grata».
El 16 de Julio del año pasado participó de una marcha hacia la Cámara de Representantes de Buenos Aires en rechazo de la sanción inminente de un Código Contravencional que establece nuevas normas de convivencia, haciendo hincapié en que la prostitución callejera se debe ejercer a 200 metros de casas, templos y escuelas; y la venta ambulante no autorizada se castiga con hasta 600 pesos de multa. Esto último afectaba su forma de vida, de subsistencia, dado que es, junto con su marido, vendedora ambulante.
Como es de público conocimiento, ese día hubo graves incidentes en la Legislatura porteña. Margarita contó que en determinado momento ve como un grupo de policías llevaba detenida a una persona, quienes no conformes con la detención, procedieron a castigarla, pese a su falta de resistencia.
La denuncia
Entonces -continuó- su primer impulso fue denunciar el hecho por apremios ilegales en la Comisaría II, donde tras esperar dos horas, no le toman la denuncia.
De modo que se trasladó hasta la oficina anticorrupción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y denunció lo sucedido a las 17:15.
Una vez realizado este trámite, regresó a los alrededores de la Legislatura y ahí fue detenida junto a otras tres personas. La Jueza de Instrucción Nº 37, Silvia Nora Ramond, la mantiene detenida, procesada e imputada por el delito de «Coacción Agravada» en la Unidad Penal Nº 31, Pabellon 7, Cárcel de mujeres de Ezeiza.
En espera
Como Margarita, otras catorce personas están a la espera del juicio que aún no conoce fecha cierta de realización. «No tienen ninguna prueba para incriminarme, únicamente la denuncia de los agentes de la federal que dijeron que me vieron rompiendo y haciendo destrozos, pero no hay un video, nada», sostuvo en diálogo telefónico con Misiones On Line.
«Como no es excarcelable, están demorando el expediente en el Juzgado porque cuando vayamos a juicio oral estamos convencidos que salimos», agregó.
Su voz parecía quebrarse mientras contaba que los hijos la extrañaban y que no le afligía estar privada de su libertad, sino el motivo. «Duele la injusticia, estoy presa por opinar, por reclamar mis derechos», señaló. Margarita denunció que siempre fue perseguida. «En la época de Menem me secuestraron una hija y apareció muerta al año, mi marido fue preso de la dictadura, así que nada es de ahora… es de años», asintió.
El Código de Contravención de la ciudad de Buenos Aires entró en vigencia en enero de este año. Su sanción desató intensas polémicas y rechazó por parte de la población que se veía afectada.
La norma autoriza la prostitución en espacios públicos, siempre y cuando se guarde una distancia de al menos 200 metros con viviendas, establecimientos educativos y templos. Y la venta ambulante no autorizada se castigará con hasta 600 pesos de multa.
El nuevo Código introduce un cambio fundamental: cada figura tiene una pena concreta, mientras que el de Convivencia establecía un menú de sanciones en general.
Este concepto fue cuestionado por algunos legisladores durante el largo proceso que demandó la aprobación de los 122 artículos del nuevo Código: la no especificación de las penas se prestaba a interpretaciones discrecionales de algunos jueces. Ahora, por ejemplo, la venta de alcohol a menores sí o sí se castiga con entre 1.000 y 5.000 pesos de multa o de dos a diez días de arresto.
