Los fiscales Federales de Misiones fueron alertados desde la Procuración General de Justicia de la Nación por la enorme cantidad de causas ligadas al corralito financiero. Se realizaron informes pero no pasó nada . [su_note note_color=»#cdcdcd»]En la justicia Federal de Posadas se tramitan más de 2.500 expedientes ligados al corralito financiero. En algunos casos las sumas de dinero son muy importantes.[/su_note][su_note note_color=»#cdcdcd»]Algunas fuentes explicaron que hasta los sabuesos de la DGI estuvieron detrás de algunas cuentas. A pesar de ello, ni las consultas de la DGI ni los informes que se realizaron desde la justicia Federal sirvieron de algo.[/su_note]La Procuración General de Justicia de la Nación ordenó a los fiscales que pongan atención en los montos de las causas ligadas al corralito financiero en la jurisdicción de Misiones, por sospechas de posibles casos de lavado de dinero.
Sin embargo, en la provincia la justicia Federal no está capacitada para atender delitos económicos complejos, tales como operaciones de lavado de dinero.
Según los últimos informes del Banco Mundial, el lavado de dinero representa un negocio de más de 500.000 millones de dólares por año en todo el mundo. Algunos especialistas consideran que la cifra es aún mayor a lo que dicen los datos oficiales.
En la región, la zona de la Triple Frontera no sólo está bajo la lupa del gobierno de los Estados Unidos por las operaciones de contrabando y de lavado de dinero, sino además por -supuestamente- generar fondos para financiar a grupos terroristas.
La ciudad de Puerto Iguazú (vecina de la localidad brasileña de Foz Do Iguazú y de la paraguaya Ciudad del Este), se encuentra bajo la jurisdicción de la fiscalía Federal de Eldorado. «Para investigar delitos económicos graves no contamos con apoyo de ningún tipo. Estamos atados de pies y manos», se lamentó una fuente de esa fiscalía.
Incluso, en más de una oportunidad, personal del ministerio Público Fiscal de Posadas tuvo que ir a prestar ayuda a Eldorado para atender la impresionante cantidad de causas que pasan por allí.
Son pocos los jueces y fiscales que se animan a hablar fuera del estricto off the record sobre las innumerables sospechas que hay sobre las diferentes operaciones de delitos económicos a gran escala que se mueven en una vasta zona de frontera como la que hay en Misiones.
«¿Dónde pensás que comenzó a operar el «Gusano» Menocchio?… fue acá en Misiones, y terminó lavando guita en todas partes», deslizó un oficial de la Policía Federal que lleva varios años en la provincia.
Fiscales sin instrumentos
En la gama de delitos económicos, los aduaneros y tributarios son los que abarcan buena parte de las causas que se manejan en los juzgados del fuero Federal de la provincia. «En lo que hace a los delitos aduaneros estamos superados de trabajo, porque está es una provincia donde el contrabando es prioritario. Tenemos mil kilómetros de frontera con dos países», aclaró el fiscal Federal en lo Penal de Posadas, Juan Carlos Tesoriero.
Cada diez causas que maneja un juzgado Federal del fuero Penal en Posadas, seis corresponden a delitos de índole económico de las cuales cinco son por contrabando y una por evasión tributaria, y las cuatro restantes corresponden a causas ligadas al narcotráfico.
Tesoriero reconoció a Misiones On Line que la fiscalía no está preparada para atender delitos económicos complejos como grandes fraudes o lavado de dinero. «No tenemos ni la preparación, ni los elementos ni nada.
Tendríamos que salir a pedir auxilio», explicó entre dientes como masticando resignación.
Después de tomar una bocanada de aire, el fiscal intentó aclarar lo inexplicable: «Cuando pasan esas cosas tenemos la posibilidad de salir a pedir ayuda a Gendarmería o a la Policía Federal. Las dos fuerzas cuentan con departamentos de delitos económicos complejos, tenemos que pedir a Buenos Aires y tienen que venir desde allá».
Claro que muchas veces las fuerzas federales tardan en tomar contacto con las causas debido a que los especialistas no son tantos para estar a las alturas de las actuales demandas. «No tenemos un contador ni nada. Nuestra fiscalía cuenta con cuatro personas», vuelve a insistir el fiscal.
En caso que la Procuración autorice se puede contratar a un contador o a algún especialista, pero en definitiva todo va a depender de la complejidad de la causa y del tiempo que pueda llegar a durar la investigación. «Por ahí las causas duran mucho y hay que ver si el presupuesto aguanta todo ese tiempo de contrato».
Cuentas bajo la lupa
En la justicia Federal de Posadas se tramitan más de 2.500 expedientes ligados al corralito financiero. En algunos casos las sumas de dinero son muy importantes. Desde mediados del año pasado al juzgado federal están llegando las causas que en un principio se habían tramitado en el juzgado Civil y Comercial Nº 5, a cargo de la jueza provincial Alicia Isasa de Zapelli. Se estima que son unos 4.000 expedientes más.
Proporcionalmente a la cantidad de habitantes que hay en la provincia, el número de expedientes ligados al corralito en Misiones llamó rápidamente la atención de la Justicia Federal. Incluso desde la Procuración General de la Nación se pidió a los fiscales que tomen intervención en causas que superaran x cantidad de dinero, informen la situación.
Algunas fuentes explicaron que hasta los sabuesos de la Dirección General de Impuestos (DGI) estuvieron detrás de algunas cuentas. A pesar de ello, ni las consultas de la DGI ni los informes que se realizaron desde la justicia Federal sirvieron de algo.
«La verdad es que nos asombró, pero son de particulares y nosotros no podemos intervenir si no hay una denuncia nosotros no podemos investigar. Claro que me llama la atención, pero lo que pasa es que no me tendría que llamar la atención a mí y le tendría que llamar la atención al órgano de contralor que es la DGI», esgrimió Tesoriero cuando se le preguntó sobre la gran cantidad de causas ligadas al corralito.
Sin causas por lavado
A pesar de las sospechas y de los nombres que pulularon por los juzgados del fuero Federal, no se encuentra en trámite ninguna causa vinculada al lavado de dinero.
Ni siquiera en el juzgado Federal de Eldorado, que tiene bajo su jurisdicción al grupo elite de la denominada «Sección Triple Frontera» de la División Unidad de Investigaciones Antiterrorista de la Policía Federal (DUIA), se investiga algún delito económico grave.
«Tiene que haber movimiento de dinero que en algún momento salte en algún banco. La ley dice que los bancos tienen la obligación de controlar y denunciar al Banco Central», deslizó una de las fuentes consultadas.
Todo indica que la justicia Federal no esta preparada para investigaciones complejas de delitos económicos en una región que está señalada por organismos internacionales como una especie de lavadero fronterizo.
«No estamos preparados para investigar casos de lavado de dinero. Está mal que lo diga porque parecería que estamos facilitando o avisando que se puede, pero realmente no tenemos instrumentos», se lamenta un fiscal.
