Sin el voto de Silvia Risko y Fernando Dei Castelli, rechazaron el decreto por el que la Provincia pasa manejar el sistema.
Palabras van, palabras vienen. A pesar de la oposición de los renovadores, la mayoría serechazó el decreto provincial.
[su_note note_color=»#cdcdcd»]Risko y Dei Castelli buscaron posponer la sesión para dialogar con el Gobierno provincial.[/su_note]Cuando se creía que las posiciones sobre el rechazo al manejo por parte de la Provincia, del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano ya estaba acordado, aparecieron en la sesión especial de ayer algunas posiciones encontradas. Pero, después de extensas deliberaciones los ediles rechazaron el decreto 306, que establece reglas para el funcionamiento de los colectivos urbanos e interurbanos y que fue redactado por el Gobierno de la Provincia. Sólo los concejales renovadores Silvia Risko y Fernando Dei Castelli pidieron más tiempo para analizar el decreto y convocar a representantes de la Provincia para dialogar.
La sesión convocada para las 8, comenzó una y media más tarde y sufrió algunos tropiezos. Desde un principio se notificó la ausencia justificada del presidente del Concejo, Rubén Rodríguez, por lo que la sesión fue conducida en el arranque por el radical Osvaldo Navarro y luego por Telmo Cabrera, quien llegó al recinto alrededor de las 10.30.
Durante las deliberaciones, los ediles de la oposición (e incluso Risko y Dei Castelli) no perdieron la oportunidad para criticar al intendente Jorge Brignole por haber rubricado un convenio con la Provincia , Candelaria y Garupá, en el que se dio impulso al Sistema Integrado de Transporte.
Finalmente, cerca del mediodía, la mayoría de los concejales decidió aprobar el dictamen de la Comisión de Transporte, en el que se ratifica la vigencia del Sistema Integrado de Transporte; no se autoriza el convenio firmado por el Ejecutivo Municipal (el 270) y finalmente no adhieren al 306.
Marchas y contramarchas
Poco antes de comenzar la sesión, los renovadores Risko y Dei Castelli hicieron saber su intención de presentar una nota para pedir un cuarto intermedio hasta mañana para dar lugar así a una reunión con el subsecretario de Obras Públicas, Oscar Perone. «Sería para ponernos al tanto del alcance de todo este sistema», explicó. «Es muy poco serio de nuestra parte dejarnos guiar por el dice que del intendente que firmó el convenio. El intendente no puede decir que no sabía lo que firmaba», disparó Risko. De hecho, Dei Castelli y Risko se reunieron con Perrone y en ese encuentro «nos mostraron documentación donde el Municipio no puede decir que estuvo ajeno» a las modificaciones del Sistema Integrado. Risko, indicó que cuestionaron el traspaso del manejo del transporte a la Provincia y en ese sentido Perrone habría asegurado la posibilidad de rever el decreto. Finalmente, la propuesta de Risko no prosperó.
Posteriormente, tanto justicialistas como radicales también apuntaron a la responsabilidad de Brignole en la intervención de la firma de los convenios que luego dieron pie al cuestionado decreto 306. Sólo el edil renovador Juan Alberto Galarza pidió no rechazar el convenio rubricado por Brignole. En cambio, su par Cabrera firmó el dictamen. Por su parte, el justicialista José Garzón Maceda dijo que «planteamos la necesidad de guardar para el Municipio y el Concejo Deliberante la potestad de regular la materia del transporte público».
Llamado de atención
El presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, Jorge Gómez aprovechó las críticas surgidas ayer en el recinto para «llamar la atención» al intendente Jorge Brignole y a sus asesores, quienes «no pueden firmar un convenio y un decreto en forma distraída». Hay que «revisar lo actuado sin ruborizarnos», concluyó el edil en la dilatada sesión especial.
«Entendemos que el decreto 306 del 2005 y el convenio interinstitucional dejaban posibilidades de que se vulneren las atribuciones que tiene el Municipio», justificó, al votar en contra de la adhesión al Sistema de Transporte regulado por la Provincia. «Hasta la Constitución Provincial, en su artículo 171, establece que son atribuciones y deberes del Municipio entender en lo relacionado a (…) servicios públicos», dijo. «El decreto 306 colisiona con la Constitución y con la Carta Orgánica. Fue posición unánime y pública la defensa de la autonomía municipal y el rechazo a los decretos», añadió.
