El diputado del PJ, Diego Sartori, presentó un proyecto similar a la ley que ya rige en Paraguay. Dice que las tierras de Misiones «no deben venderse más» [su_note note_color=»#cdcdcd»]La ley sobre la "zona de seguridad fronteriza" en Paraguay establece una franja de 50 kilómetros, en la que se prohíbe la instalación de extranjeros procedentes de los países limítrofes (Argentina, Brasil y Bolivia).[/su_note]Al igual que la ley que entró en vigencia en Paraguay que prohíbe la venta de tierras a extranjeros en una franja de 50 kilómetros en la frontera, el diputado nacional Diego Sartori, pretende una norma similar en la Argentina.
Argentina cuenta con la ley 18.575 que establece un régimen de zonas y áreas de frontera como promoción de «la protección y el crecimiento sostenido del espacio adyacente al límite internacional de la República…». Estas zonas de frontera se encuentran metódicamente determinadas y sus límites unificados (mediante decreto 887/94) con los de las zonas de seguridad de fronteras. La líder del ARI, Lilita Carrió también pretende por ley impedir la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
Sin embargo, la ley vigente ni ninguna otra norma interna contemplan un régimen de adquisición de tierras y demás bienes inmuebles en este tipo de zonas que necesitan y buscan del Estado la mayor protección posible.
«Para Misiones, y fundamentalmente, para las ciudades asentadas a la vera del río Uruguay y también del Alto Paraná, la frontera siempre ha sido un componente estructural de su economía y de las actividades que se realizan en el área colindante y por lo tanto se ha convertido en uno de los recursos más importantes en la configuración del sistema de oportunidades existentes en el pasado y en el presente», dice Sartori.
«Su protección es invaluable. Las compras masivas de tierras por extranjeros, no sólo en Misiones, sino también en Mendoza y otras provincias de la Patagonia, deben terminarse. El tiempo pasa, y los efectos devaluatorios de la crisis empiezan a constituir un «cuasi regalo» del precio de las mismas», sostiene en el proyecto que ingresó al Congreso.
La venta de tierras en zonas de fronteras está controlada por la Comisión Nacional de Seguridad de Fronteras, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior, cuyas resoluciones 205/95 y 206/95 establecen, «injustificada y peligrosamente», que las empresas comerciales extranjeras pueden comprar libremente tierras en las zonas de seguridad de fronteras, sin exigirles una determinada permanencia en el país y sin límites de superficie comprada. Los únicos requisitos exigibles son los meramente formales y la posterior aprobación de la Comisión citada, que se otorga en forma rutinaria.
Sartori pretende incorporar como artículo 8 bis de la ley 18.575, la «prohibición en toda la zona de frontera la adquisición de bienes inmuebles por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Aquellas adquisiciones de bienes inmuebles que se realicen en violación a las prescripciones de esta ley serán insanablemente nulas de pleno derecho.»
«Ante el nuevo horizonte de referencia que ha implicado la constitución del Mercosur a partir del Tratado de Asunción y de los discursos que han enfatizado el «borramiento de las fronteras», sugerimos remarcar los «usos enfáticamente instrumentales» de identidades por parte de actores y grupos sociales en cada uno de los países. La mayor parte de los países latinoamericanos tienen bien presente la importancia de la defensa de sus zonas fronterizas y en concordancia con ello han tomado las medidas necesarias para protegerlas», arguemntó Sartori en su proyecto.
«Países como México, Perú y Ecuador, que al igual que nuestro país, poseen gran extensión de tierra limítrofe con otros Estados, prohibieron nada menos que a través de sus textos constitucionales, la adquisición de tierras fronterizas por parte de extranjeros».
En Paraguay
La ley sobre la «zona de seguridad fronteriza» en Paraguay establece una franja de 50 kilómetros, en la que se prohíbe la instalación de extranjeros procedentes de los países limítrofes (Argentina, Brasil y Bolivia).
El ministro de Defensa, Roberto González, refirió que la Dirección de Catastro se encuentra en condiciones de certificar cuáles son los inmuebles que, situados dentro de la «franja», se encuentran impedidos de ser llevados a escritura pública para su venta o transferencia a compradores de países limítrofes.
Héctor Cristaldo, presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), advirtió ayer que la franja de seguridad fronteriza, de 50 kilómetros de extensión, causará más problemas que soluciones. «Se crea con la filosofía de ir contra algo o contra alguien», y por esa razón no comparte la ley.
