La legisladora Celia Isla de Saraceni pidió que el Presidente use con urgencia las facultades de la ley de Emergencia para frenar aumentos y bajar los precios [su_note note_color=»#cdcdcd»]Destacó la diputada por Misiones que esta iniciativa parlamentaria se origina fundamentalmente en la preocupación que genera la situación de indigencia y pobreza en[/su_note]El Ministerio de Economía sostiene que los precios fueron «controlados» en marzo, pero la diputada justicialista Celia Isla de Saraceni pidió que la Nación ejerza un control de precios, como ocurrió en la hiperinflación que azotó al país a fines de los 80 y principios de los 90.
El planteo ingresó ayer al Congreso «ante los aumentos indiscriminados en los precios de los productos alimentarios que integran la canasta básica familiar».
La legisladora misionera pidió que «en forma urgente» el Ejecutivo nacional aplique las facultades conferidas por la ley de Emergencia Pública para «regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica».
En el Proyecto de Resolución presentado en el Congreso, la legisladora propone que «se fijen precios máximos referenciales para los bienes de la canasta básica alimentaria, similares a los existentes antes de la inflación producida en los últimos seis meses, ya que es necesario corregir el aumento exorbitante que han sufrido los mismo, afectando la posibilidad de alimentación de más de 7 millones de argentinos.»
Saraceni, considera a ésta «como una medida de emergencia y de trámite muy urgente, ya que el presidente la puede tomar hoy mismo, en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Legislativo, bajando los precios de los productos y deteniendo la escalada de los mismos.
Aclara Saraceni, que la medida de fondo, se logrará con la sanción de su proyecto de ley que baja el monto del IVA de los productos que integran la canasta familiar, pero mientras se cumplen los tiempos parlamentarios el pueblo argentino ni el bolsillo de la gente puede seguir soportando una suba mas de precios».
Destacó la diputada por Misiones que «esta iniciativa parlamentaria se origina fundamentalmente en la preocupación que genera la situación de indigencia y pobreza en que se encuentran tantos argentinos, porque ellos son los primeros afectados por la suba de precios de la canasta alimentaria.»
Por el gasoducto y el gas barato
El senador Ramón Puerta (PJ Misiones) quiere que el Congreso rotule como de «máxima prioridad» la incorporación de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa al demorado proyecto de gasoducto y reclama una sensible rebaja impositiva para la venta de garrafas hasta que esta región sea interconectada a las redes de gas natural.
Con su proyecto de ley, presentado en los últimos días en la Cámara Alta, Puerta intenta poner un punto final a un debate hasta ahora irresuelto sobre quién debe hacerse cargo de las obras para llevar el Gasoducto a estas cuatro provincias. Lo que propone el legislador es que si este tramo de la traza no fuese financiado por la inversión privada, el costo sea incorporado sin más vueltas al Presupuesto nacional del año próximo.
También incursiona en el abaratamiento de costos para el usuario durante este compás de espera. Porque impulsa una rebaja del Impuesto al Valor Agregado para la venta de gas envasado en cilindros y garrafas, la única alternativa con costos elevados para el consumidor- que tiene actualmente la región para abastecerse de gas.
Puerta recuerda que estas cuatro provincias consumen algo mas del 1.4 millones de kilogramos de gas envasado que se destinan al mercado interno. Y que si bien la oferta quedó concentrada en manos de unas pocas empresas que concentran el mercado y manejan los precios; en los últimos meses el costo de las garrafas se disparó vertiginosamente. Una garrafa de 10 kilos que, en diciembre de 2001 costaba nueve pesos, hoy cuesta en la región entre 24 y 26 pesos, un aumento que significa casi el triple de lo que se ha corrido el Indice General de Precios al Consumidor.
En la iniciativa también se demuestra el alto impacto del costo del gas envasado sobre estas economías regionales. La ecuación es clara: un usuario de gas natural por redes de cualquier punto del pais paga sólo un «17 por ciento» de lo que le cuesta a una habitante de, por ejemplo, Misiones la misma cantidad de fluido.
Califica a la situación de aislamiento de estas cuatro provincias como una «injusticia relativa» y advierte que hay que legislar previendo el futuro. Es cuando menciona la crisis institucional que atraviesa actualmente Bolivia y los trastornos políticos que padece la Ley de Hidrocarburos, uno de los detonantes de la incertidumbre política en ese país. Paradójicamente, nuestra región es una suerte de rehén de esta indefinición, ya que el gas que abastecería a las citadas provincias provendrían justamente de la Cuenca del Altiplano a través de un Gasoducto del NEA.
