El diputado nacional Hernán Damiani (UCR-Misiones), miembro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados participará junto a sus pares en el análisis de los expedientes recientemente ingresados a dicha comisión por medio de los cuales se solicitó la promoción de juicio político contra varios de los ministros del gobierno nacional. Concretamente se trata de tres expedientes que solicitan el juicio político a Aníbal Fernández, ministro del Interior; José Pampuro, ministro de Defensa y a Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, todos por supuesto mal desempeño en el ejercicio de la función pública.
Los fundamentos de los citados expedientes mencionan, entre otras cosas: en el caso particular del ministro Aníbal Fernández, el hecho de haber omitido durante cinco meses no informar al presidente de la Nación y a los organismos competentes que tenía conocimiento de los ilícitos llevados a cabo por la rmpresa SW, en presunta complicidad con la Policía Aeronáutica del aeropuerto internacional de Ezeiza en el contrabando de drogas a España, «desestimando la relevancia del echo y caratulándolo como un caso aislado de narcotráfico».
Asimismo, se le imputa la falta de políticas de control y de seguridad de los puertos y de la navegación, los cuales son llevados a cabo con serias deficiencias por la Prefectura Naval, organismo dependiente del Ministerio del Interior.
El legislador misionero manifestó al respecto que «estos hechos son de extrema importancia, que incumben también a nuestra provincia… no es un hecho aislado de tráfico de drogas con salida desde Capital Federal hacia el extranjero, no olvidemos que Misiones y concretamente la zona de triple frontera es considerada uno de los puntos de ingreso de la droga a nuestro país convirtiéndola además en una provincia de transito»..
Por su parte, al Ministro de Defensa se lo acusa de «irresponsablemente respaldar institucionalmente a los jefes de la Policía Aeronáutica y de las Fuerzas Armadas», incursos estos en actos u omisión que facilitaron o encubrieron los delitos de tráfico aéreo de estupefacientes en Ezeiza, además de la falta de control y supervisión de las fuerzas a su cargo.
Finalmente, el tercer expediente referente al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido al cual se le imputa «haber rescatado injustificadamente a la empresa SW de la inminente quiebra, teniendo conocimiento de su precaria situación financiera y a sabiendas de que el Estado Nacional no obtendría ningún beneficio de ello con la simple excusa de «salvaguardar los puestos de trabajo de los empleados de la empresa».
Además está siendo investigado por la supuesta arbitrariedad conque se trataron la concesión y el manejo de obras públicas como las establecidas con Aguas Argentinas o la fuerte concentración regional de los recursos presupuestarios destinado a la construcción de viviendas (40%), en sólo tres jurisdicciones del país (Santa Cruz, Córdoba y Buenos Aires) desfavoreciendo intencionalmente a Misiones y al resto de las provincias argentinas.
Otra imputación, no de menor importancia, por cierto, se refiere a la posible malversación de fondos públicos en las renegociaciones de los contratos de privatización de las empresas de trasporte ferroviario de pasajeros, donde los elevados subsidios y sobreprecios, superan ampliamente a los servicios brindados a los pasajeros.
Como muestra basta un botón
Así se manifestó el diputado Hernán Damiani, haciendo referencia a esta última imputación al ministro De Vido. «No olvido las peripecias que vivieron nuestros comprovincianos, no solo por las demoras y los pésimos servicios en los últimos viajes realizados en tren, victimas de la Empresa TEA concesionaria de la ex línea urquiza, a cargo del ramal Posadas – Buenos Aires el año pasado», recordó el legislador misionero..
