Penas leves a gendarmes por apremios y detención ilegal

Las condenas oscilan entre los seis y siete años para los tres uniformados, mientras que un civil deberá cumplir cinco años y medio de prisión. Un quinto imputado fue declarado en rebeldía.

El Tribunal Oral Federal de Posadas condenó ayer a penas de cumplimiento efectivo a tres gendarmes del Escuadrón 10 «Eldorado» y a un joven de 9 de Julio por un procedimiento irregular que derivó en la detención ilegal de un menor, al que le robaron una motocicleta y lo golpearon brutalmente. Además, la fuerza deberá indemnizar a la familia de la víctima con 112.000 pesos, a los que se adicionarán los intereses correspondientes.
La sentencia recayó sobre los alféreces Alejandro Abel Cantero –siete años de prisión- y Axel César Lawrinowicz –seis años y medio-; el suboficial Enrique Pereyra –seis años- y el civil Aníbal Fabián «Scooby Doo» Pimentel. Los tres primeros deberán cumplir sus respectivas condenas en una unidad de Gendarmería que disponga el Tribunal; mientras que Pimentel quedó alojado en la Unidad Carcelaria de Candelaria.
El fallo se conoció ayer al filo del mediodía y generó enojo entre los familiares de los uniformados, que esperaban una absolución. Los principales imputados, como en las jornadas anteriores, permanecieron en la planta alta del edificio del Tribunal y recién bajaron cuando el camión de Gendarmería llegó para el traslado. Los tres, elegantemente vestidos, no evidenciaban mayor angustia por la condena que dará por terminada sus carreras dentro de la fuerza y, además, les impedirá ejercer cargos públicos por del doble de las penas establecidas por los jueces.
Los tres fueron condenados por los delitos de «robo calificado, privación ilegítima de la libertad calificada y apremios ilegales».
Un quinto imputado, Matías Marcos «Tati» Toledo fue declarado en rebeldía por el Tribunal ya queno compareció.

El caso
El hecho por el cual fueron condenados los gendarmes ocurrió en la noche del 2 de julio de 2002, en la localidad de 9 de Julio.
Los agentes junto con Pimentel y Toledo llegaron a 9 de Julio con la intención de contactar a Juan Caraballo, ya que sospechaban que éste tenía vinculación con la distribución y venta de droga.
Los uniformados le dieron a Pimentel un arma de fuego y esposas para que colaborara en la detención del sospechoso, a quien conocía del pueblo.
Cuando la víctima salió de la casa de su cuñada, fue esposado y colocado en el baúl del Peugeot 504 de los gendarmes.
El grupo también se apoderó de una motocicleta Mondial de Caraballo, que no fue recuperada.
La fiscal María Rosa Recio de Soto había solicitado diez años de prisión para los tres gendarmes y nueve para Pimentel.

Descargo del Estado


Como los familiares de Caraballo solicitaron un resarcimiento, el Estado Nacional designó al abogado Jorge Luis Damus para que lo representara en el juicio.
El letrado criticó el pedido de la querella porque, dijo, «cambió la suma inicial de 975.000 pesos a 1.781.098 pesos», situación que fue considerada como «grosera».
También quiso sacar del proceso al abogado de la familia Caraballo al alegar que había sido mal incluido dentro del proceso.
Sostuvo que todas las descripciones de los hechos que cometieron los gendarmes se basaron en supuestos y que la suma pedida en concepto de resarcimiento era «exorbitante y alejada de la realidad».
Damús indicó que no existió ninguna participación de los acusados en el hecho, y que, por ende, al Estado no le cabría ninguna responsabilidad y menos abonar suma alguna a los Caraballo.
El Tribunal no hizo lugar a su planteo, aunque bajó considerablemente el pedido de la querella.

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