La Comisión de Transporte de la Cámara Baja de la Nación pidió que la secretaría del área informe si sancionó a la empresa misionera o si inició tramites en ese sentido y -en caso afirmativo- que fundamente las medidas adoptadas. La comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó ayer un proyecto presentado por el legislador justicialista, Diego Sartori, que solicita que el Ministerio de Planificación, a través de la secretaría de Transporte, informe si sancionó o evalúa sancionar a la empresa misionera «Crucero del Norte» y -en caso afirmativo- que dé precisiones respecto a los fundamentos que las respaldan.
El proyecto intenta echar luz sobre un trámite que habría iniciado la secretaría de transporte de la Nación con la finalidad de hacer caer las líneas internacionales que opera la empresa de transporte. Dicha posibilidad fue duramente cuestionada desde gran parte del empresariado del sector, que plantea una supuesta parcialidad en los mecanismos de control y sanción que se implementan.
Atento a estos planteos, la iniciativa presentada por Sartori, además busca investigar las condiciones en que se regulan y controlan las actividades relacionadas con el transporte de larga distancia de pasajeros y las infracciones que sustentan las medidas que se evalúan.
El pedido de informe se discutirá en el recinto en momentos en los que el secretario de transporte Ricardo Jaime es tal vez el funcionario más cuestionado de la administración nacional tras los escándalos relacionados a la operatoria de la aerolínea Southern Winds (SW).
Historia del conflicto
El conflicto que investigan los legisladores se originó cuando la Secretaría de Transporte sometió a un grupo de empresas al control de una Comisión Interventora cuyos métodos fueron duramente objetados por Cámaras empresarias que presentaron un recurso de amparo al que la Justicia Federal dio lugar.
La situación levantó temperatura cuando el secretario de Transporte, contra la determinación judicial, instruyó al subsecretario del área que aplique una serie de sanciones, la más grave de ellas determinaba la caducidad de la parte más redituable de Crucero del Norte.
Pero todo el proceso se frenó cuando la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) reconoció que no existían incumplimientos de servicios que justificaran la medida que se pretendía tomar y además cuestionó el proceso administrativo que se seguía.
Si bien la intentona de sancionar a Crucero no generó consecuencias de consideración en el sector, dejó un manto de dudas respecto al accionar de la secretaría de Trasporte, motivo por el que los legisladores pedirán explicaciones referidas al criterio para inspeccionar a las empresas y -en referencia al caso Crucero- que se fundamente por qué se pidió sancionar a una empresa cuando ésta no incurría en los incumplimientos que justificarían la medida que se pretendía adoptar.
