Misiones estuvo a punyo de tener una ley de Salud Reproductiva hace dos años, pero fue rechazTanto en los sanatorios privados como en el hospital Madariaga, la práctica del aborto es una constante: en el hospital público, durante 2003, de 7.097 pacientes internadas se diagnosticaron 694 abortos. Misiones es una de las provincias con mayor índice de madres adolescentes, lo que genera ciertos riesgos en relación con la vida y salud de la madre y el niño. Obviar esta realidad no ocultará su existencia. En la Cámara de Diputados duerme desde hace tres años una ley de Salud Reproductiva y parece que ningún bloque está demasiado preocupado en que despierte.
Pese a que el bloque justicialista fue en su momento el impulsor de la ley -la hoy senadora Mercedes Oviedo tuvo mucho que ver en la sanción nacional-, la diputada justicialista Mónica Alustiza dijo que como «católica» no apoyará la ley en consonancia con el pedido de la Iglesia, aunque se mostró de acuerdo en una enseñanza sexual que evite embarazos no deseados. En cambio, su par Daniel Briñocoli respalda el proyecto e incluso va más allá con la ligadura de trompas.
Fabiana Perié, del MID, indicó que «la despenalización del aborto merece una discusión», pero más allá de la ley de Salud Reproductiva. «La Iglesia debe cambiar su posición sobre la anticoncepción. A esta altura no se puede ignorar que por no saber o por violencia se tienen hijos no deseados. No estoy a favor del aborto, pero sí en situaciones excepcionales como una violación o malformaciones», dijo. El radical Edmundo Soria Vieta, sostuvo que «no me puedo oponer a la educación sexual y la Iglesia no puede negarla».
El renovador y pastor Pablo Hulet coincidió con el Obispo Martínez en rechazar el aborto, pero cuestionó que se haga campaña contra quienes lo acepten, porque «debe decidir el ciudadano».
La médica Sandra Giménez, también del oficialismo lanzó una verdad sobre el debate: «Los católicos lo hacen clandestinamente y ponen en riesgo su vida».
En Brasil es casi legal
Una medida del gobierno brasileño, que acaba de salir, legaliza en la práctica el aborto en los hospitales públicos. La resolución da luz verde para que los médicos interrumpan el embarazo con la condición de que las mujeres digan que fueron víctimas de estupro. A partir de ahora las brasileñas no tendrán necesidad de demostrar que sufrieron violencia sexual. No precisan hacer la denuncia policial ni judicial, ni tampoco aportar documentos probatorios de que hubo violación. La medida oficial cubre las espaldas de los profesionales de la salud. Dice, explícitamente, que los médicos no deben temer consecuencias jurídicas en caso que se descubra que el embarazo interrumpido no fue resultado de estupro. Las estadísticas son crueles: el aborto clandestino, ilegal, es la tercera causa de muerte materna en Brasil.
El Obispo llamó a no votar a los que apoyen leyes abortivas
