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Objetan sanciones a quienes cruzan en rojo

El proyecto de ordenanza que propone retener un vehículo que no respeta el
semáforo fue seriamente cuestionado por jueces de faltas, abogados y policías a posibilidad de retener preventivamente el vehículo de un particular por infringir las leyes de tránsito al pasar el semáforo en rojo, generó posiciones encontradas en el Concejo Deliberante, por lo que ahora se analizan sanciones alternativas como la aplicación de cepos en forma temporaria, la suspensión del carnet de conductor y la implementación de un registro de infractores, entre otras medidas. Es que en una reunión que mantuvieron los integrantes de la comisión de Transporte y representantes de distintos sectores, abogados, jueces y policías manifestaron su oposición al proyecto que presentó recientemente el presidente del Concejo, Rubén Rodríguez, y que es apoyado por el Departamento Ejecutivo Municipal.
El proyecto de ordenanza en cuestión propone la retención de los vehículos que crucen la calle cuando el semáforo está en rojo. La retención durará hasta tanto se haga efectivo el pago de la multa. La intención, según indicó el autor de la norma, no es meramente recaudatoria, sino que se pretende reducir los índices de accidentes de tránsito.
«Vamos a pulir el proyecto», aseguró Rodríguez, después de escuchar las críticas.
Los mayores reparos al proyecto fueron manifestados por los jueces de Faltas, Marta Guimaráez, Hugo Barrios, el representante del Colegio de Abogados Carlos Aníbal Modenutti y el asesor jurídico de la Jefatura de Policía, el comisario mayor José Alberto López, quienes advirtieron que la sanción analizada por los ediles puede resultar anticonstitucional. «La retención preventiva sólo se justifica en algunos casos, y el pasar el semáforo en rojo no está contemplado en las normativas nacionales», explicó Guimaráez y señaló que el espíritu de la ordenanza va en contra de las leyes nacionales ya que «el cobro de una multa no tiene carácter tributario, la naturaleza del Tribunal de Faltas es preventiva y disuasiva».
La ley que rige en Misiones es la 3211. Con esa normativa, en 1995, la provincia adhirió a la ley nacional 24.449.
Por su parte, Modenutti insistió en que «para exigir hay que cumplir, y los semáforos en Posadas no funcionan correctamente». «Retener el vehículo hasta el pago de una multa es inconstitucional», advirtió, y sugirió otras sanciones como la puesta en marcha del registro de infractores para evitar que los que no cumplen con la ley vuelvan a conducir.
Sin embargo, esas propuestas chocaron de lleno con la opinión de algunos concejales y del propio secretario de Gobierno municipal, Octavio Loyola, quienes insistieron en que «sólo la sanción» sirve para prevenir. «Lo único que le duele al conductor es quedarse sin su automóvil», enfatizó el funcionario. «Sólo cuando a la gente se le toca el bolsillo se preocupa», añadió Osvaldo Navarro, aunque después dijo que hay que salir a educar.
Según Loyola, en un año de trabajo hubo un descenso de colisiones simples del orden del 40 por ciento.
Finalmente, cada uno de los actores se comprometió a enviar a la comisión que preside el radical Jorge Gómez sus posiciones escritas para estudiar las modificaciones del proyecto y tratar de evitar así vacíos legales que luego puedan generar conflictos a la hora de los controles de tránsito en la ciudad de Posadas.

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