En total se presentaron dos notas y dos proyectos. Las primeras son evaluadas en la comisión de Enjuiciamiento.
Unanimidad. El deliberativo quiere zanjar dudas sobre la acción de la jueza.
[su_note note_color=»#cdcdcd»]Los ediles quieren saber si es frecuente que un juez libere un vehículo que fue detenido preventivamente[/su_note]Los concejales dieron ayer luz verde a los pedidos de informes presentados a través de los cuales se pretende conocer si la actuación de la jueza de Faltas N° 1, Martha Guimaráez, quien retiró del corralón municipal un vehículo detenido por infringir las leyes de tránsito, fue correcta.
Las solicitudes de los concejales renovadores Juan Alberto Galarza, Telmo Cabrera y la de Fernando Dei Castelli se unificaron y fueron aprobadas. Mientras que las notas de un particular y de los ediles Cabrera y Galarza fueron giradas a la comisión de Enjuiciamiento para que sean analizadas.
Con esto, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá responder la requisitoria de los concejales, que entre otras cosas quieren saber: si es frecuente que un juez de Faltas libere personalmente un vehículo secuestrado por Tránsito y trasladado al corralón por incumplimiento de los requisitos y si es así, bajo qué atribuciones funda su actuación, que se acredite día y hora en que Tránsito elevó las actuaciones a la jueza de Faltas (que por estos momentos goza de licencia) confeccionando el acta de infracción 332.414 en el cual se acredita secuestro preventivo del vehículo del conductor Alfredo Abrazián. También quieren saber si el retiro del automóvil sería ante el simple requerimiento de la jueza de Faltas o si el mismo se realizó conforme a los procedimientos vigentes, si se lo retiró con anterioridad o posterioridad al pago de la multa y cuánto tiempo transcurrió entre el secuestro preventivo y el retiro de la camioneta del corralón, si se le quitó el vidrio polarizado ya que la ley lo prohíbe, entre otras cosas.
El único particular que exigió conocer lo sucedido fue Daniel Horacio Francisco Benítez.
Por su parte, el justicialista José Garzón Maceda aprovechó la oportunidad para hacer conocer que el Fiscal municipal no respondió aún las requisitorias de los ediles.
Sorteo
Durante la reunión ordinaria de ayer se completó la conformación del Jurado de Enjuiciamiento. Para eso fueron sorteados dos integrantes titulares y dos suplentes que representarán a los vecinos y otros cuatro que harán lo propio como abogados. Los seleccionados fueron: Jorge Bistoletti, Marcelo Rubén Subízar y Gustavo Adolfo Ochoa y Nancy Viviana Passa. A ellos se suman los doctores Caroline Henain, José Raúl Moglia y Raúl Antonio Biazzi y Luis Ramón Di Falco.
Repudio
Por otro lado, el cuerpo aprobó sobre tablas un repudio a «la agresión» de la que fueron objeto los manifestantes que el jueves pasado trataron de llevar sus reclamos al presidente Néstor Kirchner. «No existe el pensamiento único», sostuvo el concejal José Garzón Maceda. Curiosamente, hasta los renovadores votaron el proyecto. La única que no levantó la mano fue la concejala Silvia Risko, porque no se encontraba en el recinto en ese momento.
Además, ayer también se repudió la actitud del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas que evitó, según el edil Jorge Gómez, las reuniones solicitadas para tratar el tema del servicio de agua en Posadas. «El presidente del Ente, Guillermo Manfredi, nunca contestó a la nota que le mandamos hace un mes», dijo Gómez.
Asignaciones
Los ediles posadeños acordaron ayer autorizar al presidente del deliberativo, Rubén Rodríguez a devolver las quitas salariales a los empleados del Concejo Deliberante, tal como lo hará el Ejecutivo. La aprobación se dio después de que los trabajadores hicieron saber a través de una nota que no recibirían el mismo beneficio que sus pares del Departamente Ejecutivo.
Por otra parte, el concejal José Garzón Maceda presentó un proyecto por el cual se instituye el marco legal para las asignaciones familiares. Este punto también es un reclamo recurrente de los trabajadores legislativos. El plan, que ahora se analizará en comisión, propone el pago de 30 pesos por hijo (esto es un 50 por ciento más que lo que se paga actualmente), aunque los trabajadores exigían 60 pesos por cada descendiente, tal como se le abona a los empleados nacionales.
