La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina dio una declaración que, con el título «Apostemos siempre por la vida», volvió a condenar los intentos de legalización del aborto al entender que «reflejan los lineamientos neocolonialistas de algunos organismos internacionales» y cuestionaron «las estadísticas nunca comprobadas» con que se argumenta a favor de legalizar el aborto.
El texto de la declaración dice lo siguiente: 1. La defensa de los derechos humanos fundamentales debe ser preocupación de todos los ciudadanos. El primero de ellos es precisamente el derecho a la vida, que debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural. En cuanto ciudadanos y en cuanto cristianos, nos sentimos urgidos a dar testimonio de esta verdad.
«2. La ciencia nos enseña que la concepción genera una nueva vida humana con su propio código genético, distinto al de los padres. Si hay código genético distinto, hay una vida humana distinta que tiene la misma dignidad que la de sus progenitores. La criatura humana que se desarrolla en el seno de la madre no es una parte de su cuerpo, de la cual pueda disponer a voluntad. Cortar ese proceso natural por medio del aborto equivale a destruir una vida cuyo desarrollo es autónomo, continuo y progresivo. Por lo tanto su destrucción voluntaria constituye un crimen. «3. La ley argentina, que establece las pautas básicas de convivencia entre los ciudadanos, fundamenta con claridad la defensa de la vida y considera al aborto un delito. Nuestro ordenamiento jurídico establece también las responsabilidades correspondientes.
«4. Los argumentos esgrimidos para legalizar el aborto reflejan los lineamientos neocolonialistas que algunos organismos internacionales intentan imponer a nuestro país y a toda América Latina. No podemos dejar de pensar en el célebre «Informe Kissinger», que ya en la década de 1970 advertía sobre las «consecuencias del crecimiento mundial de la población para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar». Por lo demás, nuestro compromiso a favor de los derechos de la mujer no puede depender de acuerdos que pretenden garantizar la práctica del aborto como un servicio público. A este propósito advertimos a nuestros legisladores sobre el peligro de dependencia cultural que entrañaría la inminente ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW (1).
«Invitamos a a no dejarse engañar por argumentaciones y estadísticas nunca comprobadas», sostienen.
