La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, en una declaración con el título «Apostemos siempre por la vida» afirmó que la «destrucción voluntaria» de la vida que se desarrolla en el seno materno «es un crimen», porque el primero de los derechos humanos «es precisamente el derecho a la vida, que debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural». En este orden los obispos llaman a la reflexión a los legisladores acerca del «peligro de dependencia cultural que entrañaría la inminente ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW».
El texto de la declaración dice lo siguiente:
«En estos días previos a la Pascua, en los que una vez más celebraremos el triunfo de Cristo, quien al resucitar vence la muerte y nos devuelve la vida para que la tengamos en abundancia, nos dirigimos a todos los argentinos para reafirmar:
«1. La defensa de los derechos humanos fundamentales debe ser preocupación de todos los ciudadanos. El primero de ellos es precisamente el derecho a la vida, que debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural. En cuanto ciudadanos y en cuanto cristianos, nos sentimos urgidos a dar testimonio de esta verdad.
«2. La ciencia nos enseña que la concepción genera una nueva vida humana con su propio código genético, distinto al de los padres. Si hay código genético distinto, hay una vida humana distinta que tiene la misma dignidad que la de sus progenitores. La creatura humana que se desarrolla en el seno de la madre no es una parte de su cuerpo, de la cual pueda disponer a voluntad. Cortar ese proceso natural por medio del aborto equivale a destruir una vida cuyo desarrollo es autónomo, continuo y progresivo. Por lo tanto su destrucción voluntaria constituye un crimen.
«3. La ley argentina, que establece las pautas básicas de convivencia entre los ciudadanos, fundamenta con claridad la defensa de la vida y considera al aborto un delito. Nuestro ordenamiento jurídico establece también las responsabilidades correspondientes.
«4. Los argumentos esgrimidos para legalizar el aborto reflejan los lineamientos neocolonialistas que algunos organismos internacionales intentan imponer a nuestro país y a toda América Latina. No podemos dejar de pensar en el célebre «Informe Kissinger», que ya en la década de 1970 advertía sobre las «consecuencias del crecimiento mundial de la población para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar». Por lo demás, nuestro compromiso a favor de los derechos de la mujer no puede depender de acuerdos o recomendaciones que pretenden garantizar la práctica del aborto como un servicio público. A este propósito advertimos particularmente a nuestros legisladores sobre el peligro de dependencia cultural que entrañaría la inminente ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW (*).
«Invitamos a todos a no dejarse engañar por argumentaciones y estadísticas nunca comprobadas que respaldan las tendencias abortistas. La muerte provocada no puede ser camino de solución para nuestros problemas.
«Defendamos la vida, cuidemos la vida, apostemos siempre por la vida.
Buenos Aires, 15 de marzo de 2005, 140ª Reunión de la Comisión Permanente del Episcopado
(*) CEDAW «Comité sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer» (…). «El Comité recomienda que el Estado garantice el acceso a los servicios de aborto en los hospitales públicos» (recomendaciones en el informe anual de 1998 hechas a algunos de los países miembros). (Buenos Aires, Marzo 15 (AICA)
