Megaestafa: ¿Puede caer la asociación ilícita por un simple tecnicismo?

[su_note note_color=»#cdcdcd»]Se espera que durante el juicio oral y público, los principales procesados de la causa den a conocer nuevos detalles de la megaestafa. [/su_note]A algunos abogados de los procesados y detenidos en la causa denominada como la megaestafa a las cuentas bajo custodia judicial, no les llamó la atención cuando la semana pasada un Tribunal Oral de la Capital Federal absolvió al peluquero Miguel Romano por una simple cuestión técnica.

El estilista de Susana Gimenez, había sido procesado por haber formado una asociación ilícita que cometía fraudes mediante el uso de tarjetas de crédito. Según los integrantes del Tribunal, el fallo del juez de primera instancia se originó en un tecnicismo legal «y no comprobó si el imputado era o no inocente».

Los abogados de los procesados en la megaestafa se encuentran con sus estrategias prácticamente armadas. El principal objetivo será voltear la carátula de asociación ilícita por la que se encuentran detenidos la ex jueza del Civil y Comercial N° 1, Graciela Salvado de Sotelo; la ex jefa de Despacho, Nora Castelli; los abogados Guillermo Abdón Fernández, y Paula Espinosa, y Cayetano «Nani» Castelli.

«Vamos a buscar la nulidad de las declaraciones de algunos supuestos testigos que de alguna manera son parte interesada en la causa», soltó uno de los abogados que patrocina la defensa de uno de los principales procesados.

Según el mismo letrado, «todas las declaraciones sirvieron como base de toda la instrucción de la causa, pero no hay pruebas materiales de que haya existido en algún momento una asociación ilícita».

Se espera que durante el juicio oral y público, los principales procesados de la causa den a conocer nuevos detalles de la megaestafa.

El juez de Instrucción N° 2, José Luis Rey, fue el encargado de investigar la causa que conmocionó a la justicia misionera. El magistrado procesó a más de una docena de personas por la extracción de dinero de cuentas judiciales mediante órdenes de pago truchas libradas por el juzgado Civil y Comercial N° 1.

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