Hubo reiterados pedidos para que se reemplace a Malacari (a cargo de la Dirección de Forestación de la Nación), por un referente del sector forestal, pero las autoridades de la Sagpya rechazaron cualquier planteo en ese sentido. Pocas respuestas y mucho debate en la primera reunión del año, en la cual Campos se hizo presente para que el sector «pueda hacer catarsis». El Gobierno de Misiones encabezó el reclamo de los productores. BUENOS AIRES.- La discusión por los atrasos en los pagos del incentivo forestal contemplado en la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, así como la demora en la aprobación de los expedientes -tanto para el aporte no reintegrable como para las solicitudes de estabilidad fiscal- monopolizó la agenda temática de la primera reunión de la Comisión Asesora Mixta (de la Ley 25.080), que se llevó a cabo ayer en el Microcine de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (Sagpya), y que se extendió por alrededor de siete horas.
Los representantes del sector, tanto del ámbito público como privado, de las más de 15 provincias que estuvieron presentes, aprovecharon la presencia del secretario de Agricultura, Miguel Campos, para plantear sus reclamos y quejas por la «falta de operatividad en la aplicación de la 25.080, la falta de cumplimiento de los pagos y la necesidad de una mayor comunicación entre las autoridades del área forestal de la Nación y las provincias», aprovechando la oportunidad, incluso, para pedir que se aleje a Ester Malacari de la Dirección de Forestación, y sea reemplazada por «una persona del sector, que entida las cuestiones técnicas».
Este planteo fue recurrente, así como una y otra vez tanto Campos como el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestación, Javier De Urquiza, insistieron en que «no está en discusión la función de Malacari», y defendieron su designación al señalar que «se colocó en ese lugar a una abogada porque los principales problema que en la actualidad presenta la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados son de índole jurídico».
En tanto, la participación de Campos no tenía como objetivo dar respuestas concretas en ese momento a los cuestionamientos e inquietudes de los forestales y las autoridades de las diversas jurisdicciones, sino que, como él mismo definió, asistió para que el sector «pueda hacer catarsis».
En ese marco, Malacari, luego de reconocer que «incluso antes de mi designación ya sabía que era rechazada por el sector», presentó un informe sobre el estado de situación en las distintas provincias de los planes presentados desde 2000 hasta 2004, y el cuadro de pagos con resolución en trámite y las ya firmadas para 2005, que en total hasta el momento suman 2.993.185,90 pesos.
Entre los presentes se encontraban las principales autoridades forestales de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Catamarca, Chaco, Río Negro, Salta, Mendoza, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, San Juan, Buenos Aires y Tucumán. Así como representantes de las principales cámaras forestales y foresto-industriales del país, siendo la única ausente con aviso la Asociación de Aserraderos, Madereros y Afines del Alto Paraná (Amayadap), quien envío una nota de fuerte contenido dirigida a las autoridades de la Comisión Asesora (ver relacionada).
Los planteos por la falta de ejecución en la aplicación de la 25.080 diluyeron las expectativas que el día anterior se habían manifestado ante el anuncio por parte del ministro de Economía, Roberto Lavagna, al presentar el Plan de Acción 2004-2007 de la Cadena de Competitividad Industrial de la Madera-Mueble.
En ese sentido, el ministro de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones, Luis Jacobo, sostuvo que «si bien recibimos con beneplácito el Plan de Acción para la actividad sector foresto-industrial, volvemos a escuchar una serie de medidas para el sector, cuando ya se habían anunciado distintas cuestiones que luego no se materializaron, siendo que a diferencia de otros años, ahora sí las autoridades de aplicación nacionales cuentan con los recursos económicos para hacerlo».
«El principal eje de este Plan de Acción continuó Jacobo- es plantar, si no se planta dificilmente se pueda avanzar sobre los otros puntos, estamos en la puerta de una nueva campaña forestal y es necesario que se tomen las medidas de acción pertinentes para que se de mayor dinamismo a la aprobación de los planes y el pago del incentivo, porque de lo contrario otra vez los productores van a quedar afuera del sistema».
Tras el planteo del funcionario, el presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), Manuel Climent, hizo hincapié en la pérdida de recursos por parte de la Nación dado que no se logra el objetivo de la Ley que es impulsar la implantación de bosques, enfatizó en que la baja producción forestal de los últimos años significa «hipotecar el futuro», y se sumó a los cuestionamientos de sus pares regionales y provinciales de que se debía poner al frente del área forestal a una persona que sea del sector, y que Malacari junto con otro equipo de abogados queden como asesores.
Ante estos cuestionamientos, Campos respondió que no se puede agilizar el pago de los expedientes forestales «pasando por alto la constatación de las certificaciones y cada una de las documentaciones legales pertinentes, porque sino estoy poniendo en juego mi propia cabeza, si autorizo un pago de un determinado plan y luego no se puede constar la plantación, el que va a ir preso soy yo, ninguno de los empresarios o representantes de las entidades que hoy están reclamando».
Mientras que respecto a los pedidos de reemplazo de Malacari, el secretario de Agricultura rechazó las manifestaciones del sector y fundamentó que «el cambio no debe ser de nombres sino de actitud, se debe ordenar la Ley para que se pueda cumplir sin comenter más irregularidades, y por más que se ponga en el área a los mejores drivers (conductores) forestales, los problemas de fiscalización van a seguir existiendo porque el inconveniente es otro».
Por otra parte, desde la Asociación Forestal Mesopotámica, Mario Plotz, le remarcó a Campos que «los atrasos en el pago del incentivo forestal no son sólo un problema económico, sino que tiene grandes implicancias sociales, porque los pequeños productores que tienen un promedio de dos a diez hectáreas no tienen respaldo para poder afrontar los costos hasta que el subsidio se concrete».
Esto fue reafirmado por los representantes de la regional Río Uruguay de AFOA, quienes señalaron que «los tiempos de los productores son mucho más cortos que los plazos que se toma la administración pública».
A medida que los oradores se pasaban el micrófono para hacerle los planteos al titular de la Sagpya, el tono se hacía cada vez más duro, con los reclamos que, en realidad, ya son tan antiguos dentro del sector como el incumplimiento de la Nación con los distintos regimenes de promoción forestal.
Entonces, Campos sorprendió con una definición «que ustedes sean parte de la Comisión Asesora no significa que tenga que hacerles caso, su función es la de asesora y, en ese marco, yo decido que cuestiones aplico y cuales no».
Esta «franqueza» cayó como un balde de agua fría (o caliente), y luego fue De Urquiza quien se sumó al señalar que «lo que diga la Comisión Asesora no es palabra santa, se toman las recomendaciones y las inquietudes, y luego se evalúan y aplican las que se consideran convenientes».
Así, con idas y vueltas, acusaciones cruzadas y denuncias sin nombres, avanzó el encuentro.
En lo referido a la estabilidad fiscal, desde el sector privado solictaron a los funcionario de la Nación que incorporen más contadores para tratar los expedientes y agilizar el otorgamiento de los beneficios, a lo que De Urquiza respondió que para solucionar esto no se requería de más personal, sino de disolver las barreras burocráticas, para lo que remarcó la reciente firma de convenios con la Administración Federeal de Ingresos Públicos (Afip) y la Aduana Nacional Argentina (Ana), para «trabajar en ese sentido».
Por su parte, Campos señaló que se presentaron muchos inconvenientes que condicionan la aprobación de los proyectos presentados para que se les adjudique las ventajas fiscales comprendidas en la Ley 25.080, «hay caso de inversiones multimillonarias, pero las empresas en los proyectos no describen cuánto es el valor de las máquinas a adquirir, entonces si no figuran los costos de la maquinaria cómo prentende que el Estado les otorgue diferimientos impositivos. Por más que estos precios puedan variar cada año, es uno de los requisitos y es necesario cumplirlo».
Tras lo cual el director de Recursos Forestales de Corrientes, Luis Mestres (uno de los más disconformes con el accionar de Malacari, aunque no el único), sostuvo que si la Nación ve o considera que los proyectos no reúnen las condiciones necesarias «los rechacen, digan no o sí, pero den algún tipo de respuesta para que los empresarios sepan a qué atenerse».
En otro orden, Malacari se mostró firme en su postura, y sobrellevó la reunión como si los cuestionamientos del sector no le pesasen. «Sabemos que hay mucho malestar, Misiones es una de las provincias con mayor cantidad de planes sin aprobar, pero resulta que hay grandes diferencias entre lo que se certificó y lo que surgió de las inspecciones, con una relación del 30 al 40 por ciento menos entre lo inspeccionado y lo certificado, por lo cual nosotros requerimos explicaciones del por qué se da esta situación».
Al respecto, agregó que por este motivo se decidieron realizar las reinspecciones, «se enviaron dos listados, uno para los profesionales que se ofrecieron en forma voluntaria y otra a la Provincia, cada uno tenía más de 300 planes. Recién el 4 de febrero el gobierno envió 59 reinspecciones, de las cuales solo una hasta el momento está observada, y 200 nuevos planes certificados que no habían mandado nunca».
Por su parte, Mestres reclamó que Corrientes elevó 48 planes con sus respectivas certificaciones, los cuales no fueron observados por la Nación, «pero sin embargo no se pagaron».
Retomando el tema de las reinspecciones, Malacari explicó que la Dirección de Forestación y las autoridades de contralor van a comenzar a trabajar en un corto plazo con imágenes tridimnesionales «para garantizar mayor eficiencia en las tomas satelitales», así como la incorporación de siete pasantes que fueron capacitados durante diciembre y enero pasado, y que ya están prestando servicio.
Ya sin la presencia de Campos, y De Urquiza que se había reincorporado, luego de ausentarse poco antes del mediodía, desde Afoa, plantearon que con el actual ritmo de aprobación de planes, que llega a un promedio de 50 por mes, «se necesitarían seis años para aprobar las presentaciones sólo de 2000-2001», a lo que el subsecretario de Forestación respondió que «se está mejorando el proceso administrativo, para luego llegar a la parte operativa y tratar de incrementar la productividad en 300 planes mensuales».
Por otra parte, la ley 25.080 establece que hasta 300 hectáreas el aporte económico no reintegrable es del 80 por ciento del costo de plantación y de 301 hectáreas a 500, es del 20 por ciento; ante las dudas permanentes respecto al alcance del beneficio según la cantidad de hectáreas presentadas, Malacari aclaró que el criterio adoptado por la actual gestión es que, por ejemplo para quien 500 hectáreas «se le reconocerá el 80 por ciento de reintegro por las primeras 300 hectáreas y el 20 por ciento por las 200 restantes».
El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, Miguel Campos, estuvo presente en ayer en la reunión de la Comisión Asesora, prácticamente desde su inicio hasta cerca del mediodía, oportunidad en la que se retiró disculándose porque «tenía otros compromisos pendientes», cumpliendo con su palabra de participar del encuentro para que los representantes del sector «puedan hacer catarsis».
El apuro demostrado por Campos no le permitió hablar con los medios de comunicación que siguieron de cerca los algidos planteos de la Comisión, sin embargo, mientras el funcionario nacional se dirigía a su oficina a paso acelerado, en el camino respondió algunas preguntas de Argentina Forestal.com
¿Cómo recibió los planteos del sector?
Yo los conocía pero quería escucharlo de la voz de los propios actores. Nostros estamos trabajando arduamente para normalizar una situación que se generó por denuncias de irregularidades, por eso mismo se complicó todo el mecanismo de funcionamiento de la Ley 25.080.
Recordemos que durante 2001 y 2002 no se pagó prácticamente nada del incentivo forestal, y nosotros nos pusimos al día en el primer año de gestión, pero estas denuncias anónimas nos llevaron a trabar la situación, y por eso estamos tratando de regularizarla.
En su momento se dijo que se sancionaría a los profesionales que habrían cometido irregularidades, ¿en qué quedó esta situación?
Las sanciones para los técnicos que cometieron irregularidades en la certificación de los planes se tomarán una vez que la Justicia tome una decisión respecto a la auditoría que impuso en la Dirección de Forestación y por la cual, justamente, se están supervisando todos los expedientes.
Hasta que no se tome una definición al respecto, nosotros no consideramos a nadie culpable, tampoco creemos que haya dolo en todos los que puedan presentar alguna irregularidad.
Amayadap, ausente con aviso…
