La interna política de Bolivia retrasará un año el tendido del Gasoducto del Nordeste

Por divergencias con el proyecto del Ejecutivo, diputados bolivianos demoran el análisis y la sanción de la futura Ley de Hidrocarburos. Así, el GNA sólo podría operar en julio de 2007

Los conflictos políticos que enfrenta Bolivia desde octubre, originados en gran medida por las discusiones que mantienen la administración del presidente Carlos Mesa con la oposición respecto al manejo de la explotación y exportación del gas, prometen transformarse en un obstáculo para la resolución de la crisis energética argentina.

El eje de la escalada de tensión entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados boliviana gira en torno a la discusión de la nueva Ley de Hidrocarburos, que fijará un marco para el desarrollo de las reservas y los futuros negocios de exportación de gas hacia mercados regionales, en especial, la Argentina y Brasil. Pero, sobre todo, la ley establecerá la nueva carga impositiva que pesará sobre la producción de hidrocarburos, que definirá el precio que deberá pagar la Argentina por el gas boliviano.

La ley iba a tratarse el jueves pasado. Pero los diputados estuvieron tres días interpelando a cuatro ministros del Gabinete, por los aumentos que Mesa dispuso para la nafta y el gasoil. Por eso, el debate sólo empezaría esta semana, según explicó un funcionario boliviano.

El clima de creciente tensión en Bolivia ya tiene consecuencias locales: los obstáculos que enfrenta el tratamiento de la ley demoran los plazos del proceso licitatorio previsto para adjudicar la construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino (GNA) porque, hasta que no se conozca el valor definitivo del gas, no será posible establecer la factibilidad del proyecto.

«El Gobierno quería lanzar la licitación en febrero, pero es probable que no lo haga antes de marzo. Y aún cuando la obra se adjudique en mayo, el GNA no estará operativo antes del invierno de 2007, un año después de lo que quería el Gobierno», explicó una fuente local al diario El Cronista.

En manos del Congreso

La sanción de la ley boliviana es la piedra basal para el tendido del GNA, un proyecto que demandará inversiones de grupos privados y el Gobierno por u$s 1.320 millones. Esa obra –que permitirá abastecer al Nordeste y el Litoral con gas natural, varias veces más barato que el envasado o el gasoil– necesitará, en principio, la inyección de 20 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) de gas boliviano, frente a los cuatro millones de m3/d que la Argentina importa desde junio.

El Congreso recién empezará a tratar la ley esta semana, bajo el esquema de tiempo y materia, que supone que los diputados no podrán abocarse a otro tema hasta no concluir la discusión.

Sin embargo, el debate promete no ser sencillo: el Congreso sigue trabajando sobre un proyecto promovido por los diputados que, como punto de partida, aumenta al 50% las regalías que deben pagar las petroleras, frente al 18% actual. El proyecto que impulsa Mesa, en cambio, prevé mantener el 18%, pero incorporar un nuevo impuesto gradual, según la evolución de los volúmenes de producción. «Con ese esquema, el impuesto escalaría en el tiempo, hasta sumar una carga adicional del 32%. La diferencia es que podría deducirse del pago de Ganancias», explica la fuente.

El gasoil metió la cola

A las dificultades que arrastraba el tratamiento de esa ley se sumó una nueva escalada del conflicto social y político, provocada por una decisión de Mesa, que el 30 de diciembre le quitó un subsidio al gasoil y aumentó el 23% el precio de ese combustible, para evitar el desabastecimiento. Paradójicamente, parte de esa escasez fue provocada por una resolución de la Argentina, que el 27 de diciembre restringió las exportaciones de gasoil, para asegurarle la disponibilidad del combustible a los productores agrícolas.

La semana pasada, Mesa se vio forzado a desactivar, en parte, el aumento. Y, el jueves, la Cámara de Diputados boliviana censuró a cuatro de sus ministros, entre ellos, a Guillermo Torres, el titular de Hidrocarburos, y a José Antonio Galindo, el de Presidencia, quienes apenas diez días antes habían logrado negociar un aumento del 30% en el precio del gas que la Argentina importará de Bolivia este año.

El voto de censura obligaba a los funcionarios a renunciar. Pero Mesa los ratificó, ahondando la tensión con el Congreso, pocos días antes del inicio del tratamiento de la ley. El mismo viernes, se supo que Torres llegará esta semana a Buenos Aires. En su agenda, trae sólo dos temas para discutir: la provisión de los 20 millones de m3/d para el GNA, y la aplicación de un esquema de emergencia que garantice la exportación de gasoil a Bolivia.


Publicado por el diario El Cronista

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