Se trata de las frecuencias que van hacia Asunción, San Pablo, Río de Janeiro y Santiago de Chile, las que aportan mayor rentabilidad para la firma. Los directivos de la empresa temen que se esté favoreciendo a intereses monopólicos de una empresa entrerriana. Hoy se define la situación en Buenos Aires. La decisión fue tomada tras un proceso de inspección cuyas irregularidades motivaron la intervención de la Justicia que dio lugar a un recurso de amparo y estableció no innovar sobre el tema
Pese a prestar su servicio según los más altos estándares de calidad, Crucero podría perder sus rutas
[su_note note_color=»#cdcdcd»]La interpretación usada en las infracciones difiere de la que se implementó en los últimos 70 años[/su_note][su_note note_color=»#cdcdcd»] Procesos similares terminaron con la intromisión en el mercado de la empresa Flecha Bus[/su_note]Desoyendo una medida de no innovar de la Justicia Federal, la Secretaría de Transporte de Nación determinaría en las próximas horas la caducidad de las frecuencias internacionales de la empresa Crucero del Norte, provocando la pérdida de trabajo de 300 empleados de la firma misionera.
La decisión, que trascendió en Posadas durante el fin de semana al conocerse un documento en el que el titular del área, Ricardo Jaime, instruye al subsecretario de Transportes de la Nación, Jorge González, a instrumentar la polémica medida, habría sido tomada tras un proceso de inspección al que fue sometido solamente un pequeño grupo de empresas y cuyas irregularidades en los procedimientos motivaron la intervención del Poder Judicial de la Nación a través de un recurso de amparo estableciendo una medida de no innovar.
Por ese motivo, los directivos de la empresa misionera no dudaron en considerar que «detrás de todo esto está un fuerte grupo empresario entrerriano que quiere quedarse con nuestra empresa, que tiene un fuerte poder de lobby y que creció en la década del 90 amparado por el poder político de ese entonces, quedándose con compañías más chicas que no pudieron hacerle frente».
Hoy, en Buenos Aires, será un día crucial en la que Crucero del Norte intentará revertir la decisión que, de mantenerse, obligará a la empresa misionera a cesar sus servicios que unen a cuatro países, con viajes a Río de Janeiro, San Pablo, Asunción y Santiago de Chile.
Procesos similares que tuvieron lugar en otras provincias en los últimos 10 años, terminaron siempre con la absorción de empresas locales en manos de Flecha Bus, gigante del transporte de pasajeros que ya monopoliza el mercado en varios puntos del país.
La empresa Crucero del Norte destaca que, aunque ya en 2002 ganaron las licitaciones de todas las líneas internacionales que operan, obteniendo 99,5 de los 100 puntos establecidos en los pliegos, deben continuar trabajando con permisos provisorios ya que hasta ahora, las adjudicaciones definitivas que les corresponden quedaron enredadas en algún resquicio de la maraña burocrática estatal.
De este modo y pese a haber realizado fuertes inversiones y haber tomado más de trescientos empleados para operar estas frecuencias, la empresa misionera aún no cuenta con un mínimo marco de seguridad jurídica que respalde su gestión.
Llama la atención de Julio Koropeski, uno de los gerentes de la firma misionera, que sancionen solamente a un grupo de empresas cuando todas las firmas se manejan de la misma manera. También despierta suspicacias entre los directivos de Crucero el hecho que se apunte justamente contra las frecuencias más redituables de la empresa.
La resolución de la Secretaría de Transporte, fechada el 19 de enero de este año, que determina la caducidad de las rutas internacionales que ope-ra Crucero se basa en un informe generado por una Comisión Interventora integrada por representantes de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CR NT), la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y del sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA). Dicha Comisión fue conformada hace pocos meses con el objetivo de controlar al sector privado, pero actuo sólamente en un grupo de empresas, dejando fuera de su espectro de control a otras.
Ante esta situación Crucero del Norte presentó un recurso de amparo, al que la Justicia Federal dio lugar y estableció la medida de no innovar. Sin embargo el trámite de esta comisión siguió su curso y ahora -pese a lo que dispuso la justicia – se toma esta determinación.
Dicho folio también determina, por motivos similares, la caducidad de permisos oportunamente otorgados a la empresa Veraye Ómnibus, una de las más importantes de la provincia de Tucumán y sanciones menores para otras seis firmas, entre las que figura Aguila Dorada Bis, de la localidad de San Javier.
Desencuentros con la Justicia
Desde la empresa Crucero del Norte argumentan que la medida tomada por el órgano estatal va en contra de una decisión judicial, ya que por intervención del fiscal federal Juan Carlos Tesoriero, quien consideró que «a prima facie», la Comisión Inter-ventora estaría cometiendo contra la empresa misionera «una lesión a las garantías reconocidas por la Constitu-ción Nacional», el juez federal José Luis Casals resolvió «Admitir la vía de amparo» y «Disponer la prohibición de innovar en la situación de hecho y de derecho existente hasta que se dicte sentencia en el amparo ».
En sus considerandos, el fiscal atendió los planteos de la empresa zen el sentido de que la acción de la Comisión Interventora «lesiona con arbitrariedad manifiesta los derechos de igualdad, presunción de inocencia, del debido proceso y de trabajar y ejercer toda industria lícita» y que «el mecanismo de selección para la toma de decisión de intervención a una empresa determinada es arbitrario y altera la libre competencia que debe primar entre las distintas empresas».
Es así que la determinación tomada por la Secretaría de Trans-porte estaría desoyendo el recurso de amparo y la medida de no innovar resuelta por la Justicia Federal.
Repercusiones
La acción de la Comisión Interventora provocó rechazo de casi la totalidad de las empresas dedicadas al transporte de pasajeros de media y larga distancia, la queja más reiterada es que la CNRT «no mide con la misma vara» a todos los actores del sector y los incumplimientos que se le achacan a un grupo, son también moneda corriente «en todas las empresas».
En ese sentido Marcos Levin, apoderado de la firma «La Veloz del Norte», de la provincia de Salta, criticó al Estado por «apuntar a un grupo de empresas y castigarlas con medidas arbitrarias que no coinciden con la realidad de la actividad».
Por su parte, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en una carta al ministro de Trabajo Carlos Tomada, alertó al gobierno «ante la posibilidad de que se produzcan graves sucesos que afecten la sana competencia en nuestra actividad favoreciendo un proceso de concentración económica en manos de un grupo empresario, tomando medidas que eliminan competidores por medio de interpretaciones novedosas de las regulaciones».
La cámara empresaria acusó al Estado Nacional de «en vez de establecer reglas claras que aporten transparencia sobre diversos temas, como por ejemplo la extensión de la jornada laboral, lastimosamente sus acciones parecen dirigirse a eliminar selectivamente la competencia al operador líder del mercado atenuando las denuncias y los controles sobre el mismo».
Desde la AAETA resaltaron además que la cuestión «es de tal gravedad que los usuarios están quedando expuestos a un monopolio».
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