El gobierno nacional trabaja en el proyecto para una nueva ley de riesgo laboral.

El ministro Carlos Tomada dijo que mantendrá a las ART, pero que deben corregirse y mejorarse. En la nueva ley se buscará proteger más la salud de los trabajadores y evitar otras declaraciones de inconstitucionalidad.

Los trabajadores tendrán una nueva ley de Riesgo Laboral.

Los trabajadores tendrán una nueva ley de Riesgo Laboral.

El Ministerio de Trabajo aspira a tener listo antes de fin de mes el proyecto para la nueva Ley de Riesgos del Trabajo que reemplace a la anterior normativa que sufrió la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia para varios de sus artículos el año pasado.

En la cartera, que conduce Carlos Tomada, trabajan contra reloj para ultimar los detalles y poner a disposición del presidente Néstor Kirchner el proyecto de ley, con el objeto de que pueda ser debatido por los legisladores en el período de sesiones extraordinarias.

Si bien aún no se ha fijado la fecha de la convocatoria a extraordinarias, en el Parlamento descartan que será entre la última semana de enero y la primera de febrero.

La Corte Suprema declaró inconstitucional la prohibición para los trabajadores de iniciar juicios civiles contra sus empleadores en caso de accidentes que establecía la ley, en un fallo que generó una serie de quejas por parte de las cámaras patronales y las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). La Corte también dispuso la nulidad del artículo de la norma: que establecía el pago en cuotas de las indemnizaciones por siniestros laborales, y fijó la obligación de abonarlas en un solo pago.

A partir de allí, el Gobierno comenzó a trabajar en una reforma a la ley, aunque el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ratificó que mantendrá vigente el sistema de las ART, pero señaló que tiene «aspectos positivos que deben rescatarse» y otros que «deben corregirse y mejorarse».

A partir de allí iniciaron una ronda de consultas con representantes de todos los sectores, empresarios, trabajadores, las ART y constitucionalistas, para buscar una norma amplia que «tenga el mayor grado de consenso posible», y que sirva para «Proteger la salud de los trabajadores». Básicamente «se busca evitar nuevas declaraciones de inconstitucionalidad», explicaron en Trabajo, y revelaron que «contrariamente a lo que se puede pensar, los principales inconvenientes no están en las cifras indemnizatorias».

Fuentes de la cartera laboral aclararon que las discusiones se centran en la búsqueda de mecanismos para evitar dispersión en la fijación de los porcentajes de invalidez que puede provocar un accidente laboral.

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