Torres denunció un nuevo intento desestabilizador

El presidente del IPLyC acusó al fiscal de Estado de llevar adelante una campaña en su contra y de intentar trabar todas las iniciativas del Instituto [su_note note_color=»#cdcdcd»]No es la primera vez que el Fiscal de Estado ataca las iniciativas presentadas por el IPLyC[/su_note]El Fiscal de Estado, Lloyd Jorge Wickström, volvió a denunciar al Instituto Provincial de Lotería y Casinos, esta vez por supuesta violación a la ley de Entidades Financieras con el otorgamiento de créditos a empleados públicos y financiamiento para las vacaciones, que se dan con el superávit de lo que se recauda en juegos. Las denuncias generaron una dura réplica de Eduardo Torres, presidente del IPLyC, quien señaló la existencia de una campaña contra el Gobierno y especialmente contra el organismo que conduce. “Existe mala fe, no creemos que una persona con la experiencia en abogacía cometa este tipo de error, creemos que forma parte de un plan de desestabilización que forman parte algunos medios de comunicación y algunos dirigentes políticos», señaló en declaraciones a Radio A. El funcionario aclaró que el instituto está autorizado por el Banco Central a dar préstamos y reveló que la autorización fue concedida el 22 de julio pasado según las disposiciones de la ley de entidades financieras. “No somos una entidad financiera, podemos dar todos los préstamos cuando sean fondos propios, sin tomar dinero”, afirmó. Torres indicó que estudia algún tipo de acción legal contra el Fiscal de Estado. En la carta enviada al Banco Central, Torres informa que el IPLyC “tiene planeado ampliar su objeto social, para brindar asistencia a su personal y a agentes de la administración pública de Misiones, a través de préstamos personales y/o ayudas económicas”. Además se pretende, “ fomentar las actividades económicas en la provincia a través del financiamiento de proyectos productivos, turísticos, industriales y/o comerciales, que resulten del interés para el Estado Provincial». En el documento, también aclara que todas estas operaciones serán realizadas con fondos propios, a excepción de la operatoria de ahorro para fines determinados a través de círculos cerrados. En su contestación, el Banco le explica al director del IPLyC que este instituto no es una Entidad Financiera y por lo tanto no está sujeta a las reglamentaciones que impone la ley de 21.522, de Entidades Fiancieras. Torres señaló que todos los pedidos de informes solicitados por el Fiscal de Estado han sido respondidos en tiempo y forma. Adolfo Safrán, síndico del IPLyC, informó que “de ningún modo el Instituto comete un delito, al financiar viajes o dar préstamos a sus empleados, o a empleados de la administración pública”. Tanto Torres como los abogados del IPLyC, coincidieron en que las acusaciones de Wickström son de tinte meramente “político y oportunista”. No es la primera vez que Wickström embate contra el IPLyC. Antes, el fiscal había cuestionado al ente regulador de los juegos de azar por la concesión del casino de Apóstoles, cuando realizó una encendida defensa del grupo empresario American Data, propiedad de Jorge Vildoza y había atacado la llegada del grupo español Confort Recrea, que finalmente se quedó sin la concesión por la falta de inversiones. A tal efecto, los abogados del Instituto entregaron fotocopias de una carta enviada al fiscal de Estado, en la que se informa sobre las operaciones comerciales realizadas con la empresa, Confort Recrea. Además, las autoridades del IPLyC, informaron que mediante un modificación hecha en la ley de creación del IPLyC, este instituto puede realizar las operatorias, de otorgar préstamos personales y también financiar viajes, para sus empleados o agentes de la administración pública. Por su parte el Fiscal de Estado, ratificó la denuncia penal contra el IPLyC, y dijo que la presentó «para que se investigue nuevamente por esta operatoria de préstamos personales, porque mañana van a salir a decir a la población que el fiscal de Estado no quiere que los empleados públicos tengan vacaciones, pero ante la violación de la ley no tengo que hacer esas consideraciones, no tengo que ser cómplice, por eso tengo que poner en conocimiento de la autoridad judicial para que encuadre si hay o no delito», explicó.

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