La adhesión de Misiones pone en marcha ley nacional

La provincia fue la número doce en adherir a la Responsabilidad Fiscal, habilitando así la aplicación de la norma desde enero del año que viene Misiones se convirtió en el distrito número 12 en adherir por medio de su Legislatura a la Ley de Responsabilidad Fiscal y se completa así el número esperado por la Nación para poder conformar el Consejo que se encargará de instrumentar esta herramienta, destinada a controlar el gasto y el endeudamiento a partir de enero de 2005. La última sesión del año del Parlamento misionero sirvió para destrabar un aval que el gobernador Carlos Rovira ya había dado por decreto, para poder comenzar a negociar la renegociación de la deuda pública provincial. La adhesión número doce era muy esperada por el ministro de Economía Roberto Lavagna, quien el miércoles brindó desde Buenos Aires un alentador balance fiscal 2004 de provincias (que incluyó superávit récord de $ 8.264 millones para el consolidado de los distritos en los primeros nueve meses del año). Allí resaltó que la lista de avales legislativos ascendía a once, faltando apenas uno para poder conformar el mencionado consejo, en el que tendrán participación las provincias adheridas y Nación. A su vez, según los datos que manejan en la Secretaría de Hacienda nacional, están cerca de adherir dos provincias grandes, como Buenos Aires y Santa Fe, al igual que Tierra del Fuego y Catamarca, entre otras. La ley fiscal surgió por iniciativa de Lavagna luego de la caída de la discusión por una nueva ley de Coparticipación Federal y la necesidad de crear algún instrumento que rija las finanzas provinciales, a instancia del FMI. A su vez, la adhesión a esta ley será la puerta de acceso de los distritos endeudados para poder renegociar, por medio de la firma del Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) 2005, el pasivo contraído en años anteriores con Nación. La adhesión misionera fue prenda de negociaciones, ya que significó que el justicialismo local lograra sacar del proyecto original enviado por el Ejecutivo, el artículo que propone la creación de una comisión investigadora del origen de la deuda pública. La ley había sido duramente cuestionada por el conductor de la oposición, el peronista Luis Viana, quien la había calificado como “de opresión”, porque no permitía aumentar sueldos de los empleados públicos. Por eso se dejó en claro el aval con la ratificación del aumento del gasto público en 164 millones.



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