Hubo veto al aumento del gasto, pero se promulgaron los artículos no cambiados

El Gobierno rechazó los artículos referidos al incremento salarial, como el de 100 pesos para cada empleado público, el adicional por antigüedad y la devolución del 13 por ciento. Los diputados ya anunciaron que insistirán y se viene otro conflicto de poderes

Rechazo. Hassan y Closs firmaron el decreto de rechazo al aumento en el Presupuesto.

Rechazo. Hassan y Closs firmaron el decreto de rechazo al aumento en el Presupuesto.

[su_note note_color=»#cdcdcd»]El Gobernador también rechazó la inclusión de los gastos reservados en el Presupuesto[/su_note]El Poder Ejecutivo envió pasado el mediodía de ayer el veto parcial a la ley de Presupuesto, con el rechazo al aumento del gasto público y el reclamo para recuperar facultades recortadas por la mayoría opositora en la Cámara de Diputados. Paralelamente, en otro decreto, promulga lo aprobado por la Legislatura que se ajusta al proyecto enviado inicialmente.El decreto firmado por el vicegobernador Pablo Tschirsch, el secretario de Hacienda, Daniel Hassan y el jefe de Gabinete, Maurice Closs, cuestiona que los diputados nuevamente se metieron con las facultades del Ejecutivo al intentar la política salarial con el aumento de los 100 pesos para todos los empleados públicos, la devolución del recorte del 13 por ciento y el aumento del adicional por antigüedad del 0,5 por ciento al 3 por año.De todas maneras, los diputados de la oposición ya anticiparon que insistirán con el aumento del gasto antes de fin de año. “Es una maniobra para dilatar la aplicación de la ley, porque el gobernador sabe que ya tiene un fallo en contra. El Presupuesto fue técnicamente bien elaborado y con los recursos (para los gastos) especificados”, señaló René Oudín, jefe de la bancada peronista en la Cámara.Esto derivará obviamente en un nuevo conflicto de poderes que deberá definir el Superior Tribunal de Justicia, aunque esta vez, a diferencia del primer conflicto por la ley de este año, con condimentos extra: esta vez no hay un veto total, sino al incremento de los gastos con el argumento de que no existen los recursos. Paradójicamente, el STJ definió que las leyes sin recursos no son aplicables, pero a la vez elogió abiertamente la inclusión de la devolución del recorte salarial del 13 por ciento en el presupuesto del Poder Judicial.El texto del decreto del Ejecutivo describe varios “abusos de poder” y señala como “lamentable” la exclusión de la autorización de incorporar a Rentas Generales los remanentes de ejercicios anteriores de cuentas especiales, como también reimputar erogaciones de Rentas Generales a programas específicos.El Gobierno definió como “el quiebre total de cualquier razonabilidad que se le haya pretendido atribuir al presupuesto votado traduciendo un espíritu poco serio, demagógico y hasta con ribetes de irresponsabilidad política por parte de los diputados, porque sin contarse con los recursos económicos, es decir, sin que exista el dinero para el cumplimiento del gasto que se quiere llevar a cabo de 164.806.300 pesos, se dispone el mismo contra la necesidad de financiamiento, lo que colisiona con la Constitución y obliga a su observación total”.Otro cuestionamiento apuntó sobre la eliminación del límite de contrataciones en el Consejo General de Educación y la aplicación del techo del uno por ciento para el personal contratado del Poder Judicial, jaqueado justamente por la falta de recursos humanos.“Es principio elemental que la ley de Presupuesto no puede contener normas de carácter permanente”, indica el decreto en referencia al adicional por antigüedad y el aumento de 100 pesos no remunerativos, que inevitablemente deben postergarse en el tiempo si se aplican. “Con el adicional propugnado se incorpora un gasto permanente y corriente a ser satisfecho con endeudamiento, ya que los recursos para ello son identificados como necesidad de financiamiento, con el agravante de reconocer la asunción de deudas para pago de deuda corriente”. El mismo argumento utiliza el Gobierno en relación con la devolución del recorte salarial del 13 por ciento.En el caso del aumento de los cien pesos, señala que los diputados “tenían pleno conocimiento de la necesidad de financiamiento considerable, cuya única alternativa de solución se encuentra en los progrmas que habilite el Gobierno nacional en el marco del régimen de Responsabilidad Fiscal, el que por cierto, aún es resistido por los legisladores, y además se había propuesto conformar un cuerpo interdisciplinario en el transcurso del año que viene analizar sobre bases serias y ciertas las posibilidades de recomposiciones salariales graduales para el sector público”.Finalmente, el gobierno cuestiona que la función de fijar la política salarial está reservada al Poder Ejecutivo como “jefe” de la administración y como base del principio republicano de la separación de poderes.“No satisfechos con haber asumido una deuda millonaria, han avanzado comprometiendo al Estado con el pago de porcentuales por antigüedad que escapan a cualquier proyección posible, rematando con un adicional distorsivo que podría llevar a una profunda crisis coyuntural y exponer a la provincia al incumplimiento de obligaciones inherentes al Estado, en tanto privilegian sistemáticamente a un sector, ovidándose de legislar para todos los misioneros”, cuestionan.negrita/Corrupción política/negritaUno de los artículos vetados por el Ejecutivo se refiere a la incorporación al Presupuesto de los “gastos reservados” para el gobernador (60 mil) y vice (45 mil), que no habían sido elevados en el proyecto original. “Es una actitud francamente obstaculizadora. Esta disposición afecta la transparencia de la gestión de Gobierno y la concepción filosófica que anima al plan y a los funcionarios del Ejecutivo. Este gobierno prometió a lo largo y ancho del territorio provincial que nunca más existiría en un presupuesto la facultad de gastar dineros de los contribuyentes discrecionalmente de acuerdo al gusto y placer de ningún funcionario y menos del Ejecutivo. La vida de los hombres públicos nunca es reservada, menos aún sus gastos. Es un acto de corrupción política”, señala el decreto.

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas