Los docentes quieren declararse insolventes para ir a trabajar y esperan que caiga la conciliación obligatoria

Llevan doce días de atraso y dicen que no les alcanza el dinero para movilizarse. En la UDPM asesoran a sus afiliados sobre esta cuestión. Mientras, analizan como seguir la protesta. Se maneja la posibilidad de los paros rotativos.
Lozina dijo que podría declarar ilegal un nuevo paro y que si el eje del conflicto cambia podría volver a convocar a una conciliación obligatoria. Está vigente la resolución 480 que establece la esencialidad del servicio educativo y limita las posibilidades de hacer paro a los docentes [su_note note_color=»#cdcdcd»]Pero la situación en el sector se agudiza de a poco y roza la tangente al gremio. Así por ejemplo los docentes de la Comercio 18, entre otras escuelas, firmaron un acta en la que declaran esa insolvencia con intención de no asistir a dar clases "por no co[/su_note]Anoche, los docentes adheridos a la UDPM estaban reunidos con los consejeros escolares y los asesores legales del gremio analizando la posibilidad de declararse insolventes para asistir a sus lugares de trabajo. Mientras tanto, en la Subsecretaría de Trabajo tienen todo listo para declarar por concluida la conciliación obligatoria con el gobierno y solo es una cuestión de «disponibilidad de tiempo» indicó el responsable de ese organismo. «Tengo muchos otros casos igual de importantes» explicó Esteban Lozina por lo que «si tengo tiempo hoy voy a dar por concluida la conciliación porque, como ya dije públicamente, considero que no hay puntos de conflicto en común para discutir entre las partes». El fracaso de la conciliación, llevó a los gremios a estudiar cuáles serán las medidas de protesta a seguir. En la sede de UDPM de la Avenida Corrientes se escucharon voces contrarias al paro por tiempo indeterminado y algunos proponían los paros rotativos. Moción que ya fue discutida en los congresos al principio del conflicto. Pero eso definirá el viernes en el congreso del gremio en Campo Grande. Pero ahora, a la lucha por la derogación de la ley 3775, se suma un nuevo eje de conflicto. El retraso en el cobro de haberes, por eso anoche los asesores gremiales y los delegados escolares estudiaban la posibilidad de que los docentes se declaren insolventes. De este modo, indicaban los asesores, con un trámite en la policía se puede dejar asentado que no tienen dinero para el colectivo o el combustible del auto, lo que los cubriría a la hora de tener que recibir descuentos en los haberes por no concurrir al trabajo. Pero la situación en el sector se agudiza de a poco y roza la tangente al gremio. Así por ejemplo los docentes de la Comercio 18, entre otras escuelas, firmaron un acta en la que declaran esa insolvencia con intención de no asistir a dar clases «por no contar con medios para movilizarse». Una docente de esa escuela explicó a Misiones On Line que la intención era no concurrir ayer, pero los directivos les pidieron que respeten la conciliación «entonces decidimos asistir pero nos dedicamos solo a hacer registros y no vamos a dar clases» porque además «la ley dice que si después del 10 no cobrás hay retención indebida de haberes por parte del gobierno y eso siempre fue motivo de paro pero ahora el gremio no reacciona». En ese sentido, los docentes privados podrían volver a suspender las clases a partir del día lunes porque no cobraron el mes de agosto y anunciaron que van a hacer «retención del crédito laboral». El secretario general del SADOP, Juan José Kujundzic, expresó que «pasados los 5 días hábiles y no habiendo cobrado el salario, el docente tiene el derecho a hacer una retención del crédito laboral, o sea, el dictado de clases». Kujundzic sostuvo que esta medida se tomará porque los docentes no tienen el dinero para asistir a las escuelas a dictar clases, porque el sueldo tiene carácter alimentario, «se supone que si uno no ha cobrado no puede ir a su lugar de trabajo, en el cual no se le puede practicar ningún tipo de descuento ni ser sancionado». El sindicalista manifestó que este es un derecho de todos los trabajadores y que está establecido en la ley de contrato de trabajo. La situación en general se complica y eso certifica el mismo secretario de Hacienda quien admitió que «sólo el 50 por ciento de la rama pasiva y activa ha cobrado su sueldo» y advirtió que este mes se repetirán los atrasos si «la Nación no envía fondos». Oscar Brizuela aseguró que se le dio «prioridad a los que menos tienen», sin embargo los docentes que dialogaron con Misiones On Line aseguraron que las liquidaciones fueron absolutamente discriminatorias y que no hubo tal escalonamiento ya que en cada escuela se vio a gente que «paró y cobró sin descuento o que su haber superaba los $ 600 y cobró en desmedro de quienes cobran menos y que en general los que pararon no cobraron». En función de eso algunos docentes están elaborando un texto en conjunto para presentar una denuncia por discriminación ante el INADI, como ya anticipó esta agencia de noticias en su edición del domingo. El subsecretario de Trabajo adelantó que si el eje del conflicto cambia, se podría llamar a una nueva conciliación obligatoria y que ve como difícil que los maestros vuelvan a la huelga porque la resolución 480 de la ministra Bullrich exige que se garanticen los 180 días de clases. LA RESOLUCIÓN 480 La resolución 480 es extensiva para el periodo de la escolaridad obligatoria o sea al último año de la Educación Inicial y la Educación General Básica. El objetivo es encuadrar las medidas de fuerza que se pudieran llevar a cabo en ese ámbito a «las normas del Decreto 843/00 y demás normativas vigentes a las cuales las partes deben ajustarse». La resolución, que entró en vigencia a principios de este mes, lleva la firma de la ministra de Trabajo Patricia Bullrich y califica «como servicio esencial a la educación». Una resolución que obliga a los docentes a volver a las aulas para garantizar un mínimo de 180 días de clases en el caso de Misiones. Además de lo señalado en cuanto al alcance de la esencialidad del servicio y al encuadre legal de las medidas de fuerza a futuro, la resolución 480 establece las condiciones del servicio a ser prestadas. De ese modo, el documento indica que los servicios mínimos que deberán mantenerse para el funcionamiento del sistema educativo durante un conflicto son: el funcionamiento de los comedores escolares; el dictado de la cantidad de días de clases en el año determinado por el calendario escolar de cada jurisdicción (en Misiones 180); mantener abiertas las escuelas, garantizando una guardia mínima, para que los padres puedan dejar a sus hijos en ellas con seguridad. Por otra parte se advierte que el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente resolución dará lugar a la aplicación de los regímenes establecidos por la ley 23.551.