Hay acuerdo político para discutir una reforma integral de la Constitución provincial

El proyecto podría ser aprobado en la sesión de hoy, pero todavía hay resistencias de la oposición. Además de la reducción de diputados y concejales, se suma la mayor atribución al Consejo de la Magistratura, la reforma o adecuación del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado y la posible eliminación del Consejo General de Educación o el Ministerio [su_note note_color=»#cdcdcd»]Hasta ahora hubo tres enmiendas a la Constitución después de su sanción en 1958: la que consagró los derechos laborales en el 86, la habilitación a una reelección a gobernador y vice y la creación del Consejo de la Magistratura, que todavía espera ratifi[/su_note]El oficialismo y la oposición coincidieron por primera vez en avanzar en una reforma integral de la Constitución misionera y hoy podría votarse un proyecto presentado la semana pasada por el PJ y ampliado con propuestas de la Alianza. La oposición, que en principio se oponía a debatir la reforma en tiempos electorales, ayer redobló la apuesta y propuso modificar las estructuras y potestades de los organismos de control como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado y darle más atribuciones al Consejo de la Magistratura que deberá ser ratificado por un referendum en las elecciones del 14 de octubre. El PJ aceptó la propuesta y fue más allá: discutir una reforma integral de la Constitución que fue sancionada en 1958. La habilitación a una reforma podría ser votada hoy, pero todavía hay cierta resistencia de la Alianza, que debatirá su postura definitiva este mediodía. «Si es una cosa seria y no electoral, van a contar con nuestro voto», anticipó la legisladora Gloria Llamosas, integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales. El presidente de esa comisión, el justicialista José Sandoval, se mostró muy satisfecho por el avance de las negociaciones que continuarán hoy a las 9. «Ellos nos plantearon revisar las atribuciones del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Estado y nos pareció correcto», aseguró. La oposición quiere avanzar sobre ambos organismos de control del Estado para mejorar los mecanismos de investigación y que queden siempre en mano de quien no esté en el gobierno. El peronismo también quiere eliminar el Consejo de Educación, que tiene rango constitucional y hacer una profunda revisión del Poder Judicial: darle más poder al Consejo de la Magistratura -que además de elegir, su dictamen sea vinculante y no solo «asesor», y que pueda remover a quienes tengan «mala conducta»-. Otro de los objetivos en la mira es la intangibilidad de los sueldos de los magistrados y la revisión del mecanismo existente de Jurado de Enjuiciamiento. Además, el oficialismo sostiene que a la eliminación de algunos organismos dependientes del Poder Ejecutivo, habría que agregar algunos. Pese al «voto a favor» de Llamosas, hay varios legisladores de la oposición que se resisten a tratar la reforma: en un acto partidario Edmundo Soria Vieta pidió que (el oficialismo) «se guarde el proyecto, hay que hacerla seriamente, con responsabilidad. No hay tiempo ni siquiera para elegir a los representantes. ‘No hace falta que el pueblo elija, nos dijeron. Nuestro presidente (Ramón) Puerta quiere hacer la lista y esa es la irresponsabilidad institucional instalada en la Cámara», se quejó. Soria Vieta dijo que sus pares del justicialismo «no merecen pertenecer a la historia de un partido nacional y popular como el nuestro y el de ellos en sus orígenes. Quieren cerrar la boca al pueblo con menos representantes».