La reforma política se traba por la resistencia de la Alianza a tratar los proyectos antes de las elecciones

La oposición asegura que el oficialismo quiere usar la reforma en la campaña electoral. Las negociaciones siguen, pero es poco probable que acompañen al PJ. Anoche los legisladores radicales analizaban la situación con las autoridades partidarias La reforma política, el achique del número de concejales y diputados, el alargamiento del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados puede volver a caer en saco roto por la resistencia de la Alianza a acompañar el proyecto del Justicialismo, pese a que desde hace tiempo viene proponiendo cosas muy similares. La comisión de Asuntos Constitucionales se reunió ayer por primera vez y hoy volverán a verse las caras los diputados que la integran, pero la posición de la Alianza parece definitiva: mañana no acompañarán la sanción de las leyes que se necesitan para convocar a constituyentes y modificar la Constitución. El presidente de la comisión, el peronista José Sandovál señaló que «no quieren acompañar». «La Alianza no acompaña, les dije que por lo menos habiliten la elección de constituyentes y después se definan las atribuciones y los temas. Que se apruebe la enmienda para que se pueda modificar más de un artículo de la Constitución y que se estire el período de sesiones, pero no aceptan nada porque dicen que perseguimos fines políticos», se lamentó Sandovál. Hace una semana el justicialismo presentó un proyecto de ley y otro de reforma de la Constitución provincial para reducir el número de diputados y concejales, eliminar las listas sábanas y unificar las categorías de los municipios. Con esta reforma política se lograría un ahorro estimado en cuatro millones de pesos anuales. La iniciativa, elaborada con el acuerdo del presidente del partido, Ramón Puerta y el Consejo Provincial del PJ, propone convocar a una convención constituyente conformada por los mismos legisladores que asuman el diez de diciembre y los que queden -es decir que se convocaría a un nuevo referendum- para modificar la Constitución provincial y reducir el número de diputados a un máximo de 32 y un mínimo de 28, y establecer un máximo de tres concejales para diez mil habitantes, cinco hasta 50 mil y siete para Posadas, la mitad que en la actualidad. Con esto se llevaría de 490 a 259 el número de ediles en la provincia. Los municipios deberán adherirse a la modificación de la ley 257 de Municipalidades y para achicar el número de legisladores se debe tener acuerdo de la oposición para poder modificar la Constitución. Además de la reducción de concejales, también se plantea la eliminación de las categorías municipales. Actualmente hay de primera, segunda y tercera categoría. Con la reforma, se los unificaría y el reparto de la coparticipación se haría de acuerdo a la cantidad de habitantes. También se plantea la eliminación de las listas sábanas para que se voten diputados por departamento, lo que mejoraría notablemente la calidad de los legisladores. Con el ahorro de cuatro millones que se logrará con menos sueldos que pagar y supresión de contratados, se crearía una cuenta especial destinada a subsidiar a los productores de hasta 25 hectáreas que demuestren que viven y producen en sus chacras. La Convención Constituyente, en caso de que haya acuerdo de la oposición, debería modificar tres artículos de la Constitución. Sin embargo, los diputados de la Alianza se mostraron reacios a tratar la reforma antes de la elecciones, con lo que se dilataría la convocatoria a una Convención Constituyente. Sin los dos tercios de los votos de la Cámara, no se puede convocar a una constituyente. Las alternativas que se manejan para la modificación de la Constitución son la convocatoria a una Convención o que los mismos legisladores electos el 14 de octubre, más los que queden, sean los encargados de la reforma. Si hay acuerdo, se podría profundizar la «modernización» de la Carta Magna provincial, abarcando temas como la intangibilidad de los salarios de los jueces y más poderes para el Consejo de la Magistratura, es decir se le daría poder para juzgar a los jueces. El PJ propone que sean evaluados cada cinco años. Otra de las «instituciones» en la mira es el Ministerio de Educación, que podría eliminarse o fusionarse con el Consejo, que es el que tiene rango constitucional. Asimismo, se estudia una reforma al Tribunal de Cuentas, que podría desaparecerlo o convertirlo en una simple auditoría.