El presidente del STJ dijo que las acusaciones sobre Grinhauz son un «golpe a la Justicia»

El expediente fue girado al Juzgado de Instrucción 2 de Posadas y recién mañana irá a Apóstoles. Es porque allí no consta la suspensión del juez Grinhauz. Márquez Palacios confirmó que el Jurado de Enjuiciamiento se reunirá el viernes para analizar la situación del magistrado investigado El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Manuel Augusto Márquez Palacios dijo esta mañana que las sospechas que recaen sobre el juez de Instrucción 2 de Posadas Ramón Moisés Grinhauz «es un golpe para la Justicia misionera» pero destacó que «de igual manera tenemos que sacar alguna enseñanza de todo esto». Márquez Palacios, que también integra el Jurado de Enjuiciamiento sostuvo que se reunirán el viernes a las 9.00 en el edificio del STJ para estudiar «la investigación preliminar y examinar rigurosamente las pruebas para determinar si se confirma la suspensión del magistrado, que está suspendido preventivamente pero por el reglamento del Poder Judicial no por la vía del Jurado de Enjuiciamiento». El viernes, en lunes, en una acordada extraordinaria, los ministros de la Corte misionera dispusieron que el juez Grinhauz no concurra a trabajar durante 30 días. Para Márquez Palacios las irregularidades supuestamente detectadas son «lo suficientemente grave como para disponer esta medida que no es sólo en beneficio de las instituciones judiciales sino para que el propio juez no se sienta rozado y afectado por una investigación que está por empezar». Asimismo aclaró que «se dispuso iniciar un sumario administrativo en el Juzgado de Instrucción II para deslindar la responsabilidad, no sólo del juez sino del secretario que interviene en algunas actuaciones incorporadas al expediente» y que dieron origen a dicha causa penal. El responsable de llevar adelante ese proceso administrativo es el fiscal de Cámara Civil y Comercial, José Horrisberger. Márquez Palacios señaló que «Horrisberger tiene directivas para ampliar las investigaciones de los depósitos judiciales de los automotores que a nosotros siempre nos pareció algo que no era demasiado regular y por eso insistí en que los jueces regularicen las entregas», recordó. En ese sentido sostuvo que «ahora se reiteró esta cuestión, que viene siendo materia de análisis y preocupación del Superior Tribunal desde el año 1986». Cabe señalar que el Juzgado de Instrucción 2 será subrogado momentáneamente por el juez de Instrucción 3, Eduardo D’Orsaneo y funcionará con una sola secretaría, la que está a cargo del doctor Miguel Farías. BUROCRACIA JUDICIAL Tras la inhibición del juez de Instrucción Horacio Enrique Gallardo para investigar a la banda que blanqueaba automóviles robados con oficios judiciales, el expediente fue girado este mediodía al Juzgado de Instrucción 2, donde supuestamente se cometieron las irregularidades. Gallardo explicó que «sólo tenía conocimiento de la suspensión del doctor Grinhauz a través de los medios de comunicación y yo me tengo que manejar con lo que está en el expediente. Ahora será el juez subrogante quien se encargue de remitir todo al Juzgado de Instrucción de Apóstoles», lo cual podría ocurrir mañana por la mañana. En la causa 1491 se encuentran imputados el funcionario provincial Alfredo Miérez, el oficial de la Policía Federal Luis Aníbal Perié, el abogado de la Aduana Alberto Cataldi y el secretario del Juzgado de Instrucción 2, Diego Julián Ojeda, quien también está suspendido en sus funciones desde el pasado lunes. Ojeda habría reconocido ante el juez Eduardo D’Orsaneo que algunas de las firmas que constan en las actas de depósito judicial le corresponden. Esto complicaría la situación del su jefe, el juez Grinhauz, ya que el secretario da fe de todo el acto y también de la originalidad de la firma del magistrado interviniente.