El juez Gallardo se inhibió en la causa de los autos robados y el expediente será enviado a Apóstoles

El magistrado esgrimió que el juez Ramón Grinhauz es su garante en un crédito que continúa vigente. Y que Diego Ojeda, uno de los imputados, fue su subordinado en el Juzgado Penal 4 durante los años 88 y 89. La jueza Selva Raquel Zuetta se haría cargo del expediente hasta que regrese el juez de Instrucción de Apóstoles, José Antonio Reyes. Buscan 13 autos, varios de los cuales ya fueron localizados por la Policía. Menos de medio día necesitó el juez de Instrucción 1 Horacio Enrique Gallardo para apartarse de la investigación de la organización delictiva que blanqueaba lujosos autos robados mediante oficios de entrega en depósito judicial. Para ello esgrimió que su suspendido colega Ramón Grinhauz es garante de un crédito bancario que todavía no saldó; y uno de los imputados que tiene el caso, Diego Julián Ojeda, fue su empleado en los años 1988 y 1989 cuando se desempeñó como secretario del por entonces Juzgado Penal 4 de Posadas. A raíz de esta inhibición, el expediente será girado mañana al Juzgado de Instrucción de Apóstoles, cuyo titular, José Antonio Reyes, está de licencia y está siendo subrogado por la jueza de Instrucción de Leandro N. Alem, Selva Raquel Zuetta. Sin embargo, los abogados defensores tampoco dejarán el expediente en esos juzgados del interior. Aparentemente pretenden a través de las recusaciones que la causa recaiga en un juzgado más favorable. El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Manuel Augusto Márquez Palacios, sostuvo esta mañana que «en base a la documentación secuestrada se establece que Grinhauz no entregó los expedientes de todos los autos que secuestró, por eso la situación es grave». Por otra parte, dijo que «hoy voy a convocar al Jurado de Enjuiciamiento» para analizar la situación del magistrado que «está suspendido en sus funciones por 30 días». Este mediodía algunos abogados analizaban una serie de medidas para atacar la investigación y, dentro de las posibilidades, encontrar alguna causal de nulidad para hacer caer todo y así lograr sacar de la difícil situación en que se encuentra el suspendido juez Ramón Grinhauz, quien habría firmado los oficios de entrega en depósito judicial de numerosos vehículos. En la causa se encuentran imputados el funcionario provincial Alfredo Miérez, el oficial principal de la Policía Federal Luis Aníbal Perié, Alberto Cataldi y el secretario del Juzgado de Instrucción 2, Diego Julián Ojeda. A los tres primeros se los acusa de los delitos de «asociación ilícita, falsificación de instrumento público y tenencia de armas de guerra», mientras que a Ojeda se lo acusa de encubrimiento. De acuerdo con los primeros datos que se manejan en el expediente, estas operacionees irregulares se iniciaron en 1997, pero la mayoría de los vehículos se entregaron entre 1999 y el año pasado. En el caso de Miérez, había asegurado diez vehículos a su nombre en un año y medio. Fuentes judiciales dijeron que Grinhauz y Miérez son amigos desde la infancia y mantenían un fluido contacto. BUSCADOS Esta mañana trascendió la lista de los vehículos que la Policía está buscando en toda la provincia. Se trata de una camioneta Land Rover Freelander dominio CBI-440; un Ford Focus diesel dominio BYC- 956 (tendría colocada otra patente); un Mitsubishi GLX dominio DGN-826; una camioneta Peugeot 504 diesel dominio RCN-298; una camioneta Mitsubishi L-200 doble cabina dominio DPJ-325; una camioneta Toyota 4×4 dominio VER-114; una Toyota SW4 dominio BZR-256; un Fiat Duna diesel dominio ANN-772; un Peugeot 405 dominio WAR-645; una Toyota Hilux dominio BRC-542; una camioneta Mitsubishi L-200 dominio APC-395; una Mitsubishi Montero dominio AVH-084; y una Toyota SW4 dominio CTQ-585. Este listado de vehículos fue remitido a todas las unidades regionales de la Policía de Misiones para tratar de localizarlos y secuestrarlos.