Con posibles observaciones hacia algunos puntos, la Comisión de Industria analizará hoy la Ley Yerbatera

El proyecto ya tuvo dictamen favorable de cuatro comisiones. El estampillado de 8 centavos, la posibilidad de una regulación y la fijación de precios serán puntos debatidos en profundidad. Asistirán representantes del sector industrial. El proyecto de Ley para la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), más conocida como «Ley Yerbatera» será tratado hoy por la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación, donde algunos legisladores plantearían observaciones a determinados artículos. La iniciativa ya tuvo el dictamen favorable de las comisiones de Agricultura y Ganadería; de Economías y Desarrollo Regional, de Comercio, y de Presupuesto y Hacienda. Según uno de los impulsores del proyecto, el diputado aliancista Raúl Solmoirago, existe la voluntad política para sancionar la ley durante el presente período legislativo. Sin embargo, fuentes de la Comisión de Industria anticiparon que evaluarán «en profundidad y de modo particular» tres de los 30 artículos: el que prevé un estampillado kilo de paquete (se menciona un valor de 8 centavos), la posible puesta en marcha de un sistema de regulación de las plantaciones y otro similar que podría derivar en la fijación de precios, tanto para la materia prima como para el producto elaborado. Las mismas fuentes señalaron que desde el sector de la industria molinera existe una «marcada preocupación», ya que -aseguraron- no fueron invitados a participar de las reuniones de comisión anteriores, cosa que si pudieron hacer representantes de la producción primaria y de las cooperativas. Movidos por ese malestar, los legisladores decidieron pedir la presencia de los industriales, tanto de la Cámara de Molineros de la Zona Productora como de la Federación de Molineros, que agrupa a los establecimientos extra- zona. La norma es considerada por distintos sectores de la actividad yerbatera -sobre los vinculados a la producción primaria- como una herramienta fundamental para enfrentar la crisis que padece el cultivo madre de Misiones. Una postura similar mantiene el gobierno provincial. En reiteradas oportunidades el propio ministro del Agro y la Producción, Luis Rey, remarcó los beneficios que implicaría la sanción en el Congreso. Por el contrario, aunque sin manifestar una abierta negativa, referentes de los industriales reclamaron un estudio exhaustivo del proyecto. Temen que, en caso que se implemente, el costo del estampillado recaiga sobre sus finanzas o – lo que consideran más grave- que se traslade al precio final y lo tengan que pagar los consumidores. Si se considera que las ventas rondan los 250 millones de kilos, la ecuación resulta en la conformación de un fondo cercano a los 20 millones de pesos anuales. Si bien estaría destinado a financiar el funcionamiento del INYM y a planes para optimizar la actividad, tanto algunos diputados como los industriales pretenden que se determine con precisión de qué manera se generarán tales recursos.