Los gremios extendieron el plazo hasta el viernes cuando el gobierno deberá decidir si discute o no la ley

Acordaron que el Ejecutivo envíe dos representantes con poder de discusión sobre la ley. La intersindical advirtió que si no se acepta este punto volverían a retomar las medidas de fuerza. Juan Carlos López adelantó que «la ley no se discute». Humberto Schiavoni representó al gobierno, pero solo se limitó a escuchar las propuestas. Una veintena de maestros coparon los pasillos de la Casa de Gobierno. Los docentes seguirán dando clases en tanto que los gremios alineados en ATE mantendrán las medidas de fuerza [su_note note_color=»#cdcdcd»]Los docentes siguen con la suspensión del paro, pero ATE y CTA mantienen las medidas de acción directa a la espera de que se resuelva la revocatoria a la conciliación que presentaron.[/su_note]Finalmente los gremios en conflicto a causa de la ley provincial 3775 se sentaron a negociar con el gobierno en forma pacífica y ordenada aunque sumamente extensa a la luz del resultado obtenido. Se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el día viernes, cuando volverán a reunirse bajo la premisa impuesta por los sindicalistas de que el ejecutivo envíe dos representantes con potestad para discutir la derogación de la ley de ajuste. El panorama es sombrío, ya que al ser informado sobre el resultado de la reunión el ministro de gobierno aseguró a Misiones On Line «que la ley no se discute», en consonancia con lo que incansablemente viene repitiendo su jefe máximo. Mientras el subsecretario de Trabajo Esteban Cartago Lozina, en tanto mediador, deberá notificar al gobierno de la propuesta gremial y convocarlo para esa audiencia. El Ejecutivo quedó embretado ya que si concurre tendrá que ir dispuesto a negociar la ley, pues cualquier contrapropuesta en principio no sería aceptada por los trabajadores. Y de este modo el conflicto se profundizaría. Como señal de apoyo a sus representantes un grupo de manifestantes, en su mayoría maestros, ingresó a la Casa de Gobierno y se instalaron en los pasillos. La seguridad intentó desalojarlos, pacíficamente, pero los esfuerzos fueron inútiles. Afuera otro grupo un poco mayor, casi todos de ATE, cortaron la calle Félix de Azara y se manifestaron con bombos y cánticos. Todo este movimiento motivó que se refuerce la seguridad en «la rosadita» e incluso en los fondos de la misma se pudo ver a algunos uniformados con cascos y escudos. El gobierno estuvo representado por los asesores legales del Consejo de Educación y por el ministro Coordinador, Humberto Schiavoni. Cuya presencia, sirvió para que los gremialistas se avengan a sentarse a la mesa. Pero nada más ya que no tenía el poder necesario, que fuera concedido por el gobernador, para discutir la suspensión o derogación de la ley. Que en definitiva es el único eje de discusión que aceptan los gremios. La única nota discordante de la jornada se dio cuando a los representantes de ATE y CTA, Juan Pasaman y Mariana Lescafette, no se les permitió ingresar a la sala de audiencias, en virtud de la revocatoria a la conciliación que habían presentado y que todavía no fue resuelta por el mediador. La insistencia de los demás integrantes de la intersindical, logró que los demás integrantes de la mesa accedan a aceptarlos, pero «solo como oyentes sin voz ni voto en la negociación» según certificó Mariana Lescafette. ¿CUÁL FUE EL ACUERDO? Al finalizar el encuentro, no fue unánime la interpretación de lo que se resolvió. Los gremialistas aseguraron que el viernes se va a discutir la ley, el mediador dijo que iba a pasar vista al gobierno de la propuesta y el representante del ejecutivo hizo mutis por el foro. El secretario general de la UDPM, Rubén Pinto Da Silva, se mostró satisfecho con lo conseguido en la audiencia y dijo «el viernes el ejecutivo va a nombrar a dos representantes y se va a discutir la ley 3775». Como se trata de la primera reunión, Pinto Da Silva aseguró que «propondremos la derogación de los artículos que creemos correspondientes y ahí empezaremos a discutir». Pero agregó «nosotros, como parte de la negociación estamos pidiendo que se retrotraigan todos los descuentos y se suspendan las medidas de discriminación que se están practicando desde el Consejo de Educación». En referencia al dictamen de la justicia que favoreció a los gremios judiciales, el gremialista dijo «es posible que se de marcha atrás con la ley, porque aunque el ejecutivo apele es un dictamen favorable de la Justicia así que se va a tener que retrotraer la ley». Sin embargo, el ministro Juan Carlos López al ser consultado por esta agencia de noticias sobre el particular aseguró que el fallo será a pelado y que de ninguna manera la ley provincial 3775 se pondrá en discusión. Por su parte, Esteban Lozina dijo que la negociación de la ley era una propuesta de los gremios y que «la contraparte aquí es el Estado y por lo tanto quien debe contestar al respecto y en todo caso contraoferta». En ese sentido señaló que «el gobierno aún no ha contestado ya que aquí solo se conformó la comisión negociadora y esperemos que lo haga para el viernes de modo que podamos saber cuáles son los ejes de discusión». Con respecto a la medida de no innovar sobre la ley, Alberto Galarza (UDPM) explicó que «la subsecretaría se excusó diciendo que no tiene facultades para pedir una medida de ese tipo sobre una ley.» Por eso se exigieron al gobierno que envíe representantes con la potestad de discutir la norma «ya que el ministro Schiavoni no acreditaba la representación suficiente para laudar sobre la ley».