Solo acompañó la moción el concejal Martinez Pires. Nevot acusó a los integrantes de la comisión de connivencia con los transportistas. El bloque de la Alianza aseguró que si las explicaciones no les satisfacían, recién ahí lo convocarían al recinto. Ovando se mostró de acuerdo en asistir al Concejo. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Muy molesta por la actitud de sus pares, Nevot deslizó la posibilidad que la negativa de convocar al recinto al funcionario estaba apañando "una connivencia de los miembros de la comisión con los empresarios del transporte". Esto desató una ola de rechazo[/su_note]La propuesta de la concejala frepasista Cecilia Nevot, de interpelación al secretario de Gobierno de la municipalidad, el doctor Mario Ovando, en el recinto para pedirle que informe sobre distintos puntos relacionados con la situación del transporte urbano de pasajeros en esta ciudad, tuvo el rotundo voto en contra de la mayoría de los concejales. En contrapartida, se convocó al funcionario a dar esas explicaciones en la Comisión de Transporte el próximo miércoles. Según los ediles radicales (otrora aliancistas) si el informe de Ovando no los satisface, entonces sí lo convocarán al recinto. Además de la concejala Nevot, propulsora de la convocatoria, votó a favor el concejal Pablo Martinez Pires. El resto de los concejales radicales trató de convencer a todo el mundo que sabían que el servicio era precario y que por eso si no los convencía Ovando recién lo llamarían. El tema es que la cuestión se sigue dilatando, las denuncias de la precariedad del servicio se siguen sumando -según coinciden los ediles- y el usuario es el que espera que sus representantes los defiendan. Lo más notorio es que el doctor Mario Ovando manifestó que no tiene ningún problema en concurrir al Concejo para explicar el cuadro de situación del transporte urbano y sin embargo los ediles, impulsados por la presidente de la comisión de Transporte Nilda Brañas, son los que se resisten a hacerlo comparecer en el ámbito más democrático: la sesión del Concejo Deliberante. Muy molesta por la actitud de sus pares, Nevot deslizó la posibilidad que la negativa de convocar al recinto al funcionario estaba apañando «una connivencia de los miembros de la comisión con los empresarios del transporte». Esto desató una ola de rechazos y argumentaciones en el sentido de que esa comisión trabaja desde hace años sobre los problemas del servicio de transporte urbano. Sin embargo entre tantas argumentaciones en favor de la gestión de la comisión, nadie se acordó de decir por ejemplo, que desde 1995 está vigente la ley Federal de Tránsito -a la que el municipio y la provincia adhirieron- que entre otras cosas reglamenta el uso de máquinas expendedoras de boletos. LOS ARGUMENTOS DE NEVOT Según la edil «esta convocatoria pretende transparentar la acción del gobierno municipal en un tema tan controvertido como es el del transporte público y en cual han surgido distintas situaciones a partir de la firma del acta acuerdo entre el municipio y las empresas por la cual se ampliaron las concesiones por diez años». Nevot aseguró que en ese acuerdo se fijaron exigencias que debían cumplir las empresas en distintos plazos de tiempo «pero que no todos han cumplido habiéndose vencido ya los plazos». En ese sentido la concejala socialista resalta que hoy se puede ver como circulan libremente por la ciudad colectivos con menor capacidad, denominados comúnmente minibuses, «sin saber si han sido habilitados por la comuna». Por otra parte reclama la calidad del servicio a la que califica de «deficiente», en función de los «constantes reclamos de los distintos barrios de Posadas, por el no cumplimiento de horarios, frecuencias y recorridos». LO QUE TENDRÍA QUE EXPLICAR OVANDO El proyecto de resolución presentado por la concejala Cecilia Nevot, centra el pedido de interpelación al doctor Mario Ovando en cinco puntos. El primero refiere a si se cumplieron las condiciones del acta acuerdo por las que el 22 de febrero último «el municipio se comprometía a ampliar las concesiones por diez años». Entre ellas si se han realizado los estudios del programa de reordenamiento, modernización y actualización del servicio, que contaba con un plazo de 180 días. También si se han colocado nuevos refugios y si se retiraron del servicio todas las unidades con más de diez años de antigüedad. Otro punto se requiere información sobre si las empresas concesionarias del servicio están autorizadas a prestarlo con unidades de menor capacidad denominadas «minibuses». También la concejala exige saber si se están cumpliendo los horarios y las frecuencias y en caso de que hayan sido variados los recorridos, quién lo autorizó. Con respecto al transporte de las personas con capacidades diferentes se cuestiona el hecho que sigue existiendo cupo, habida cuenta que está vigente la ordenanza 290/99, que establece el transporte libre y gratuito para estos ciudadanos. Por último y teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, la concejala quiere saber si se realizan controles para evitar la evasión ya que «las empresas de transporte declaran vender la misma cantidad de boletos que en 1984».







